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EL URBANITA, ASOCIACIÓN Y MANIFESTACIÓN

   /  31/10/2009  /  Comentar

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EL PROBLEMA DEL URBANISMO

Lo más fácil para escribir este articulo sobre la constitución y puesta en marcha de una Asociación, sería perder un tiempo precioso sin ningún contenido trascendente –se perfectamente a que hora empezó y termino, el numero de asistentes, su constitución, su fines, intereses y actividades- por que concurrí como si de uno de ellos se tratara, tome nota de sus cargos electos y los primeros temas a tratar, como los económicos y próximas actividades. En resumen rellenando a reglón seguido, igual que si se tratara de un simple cuestionario ordenado de las notas tomadas, adornándolo un poco, salvaríamos el expediente. Por lo que no lo voy hacer así y voy a pasar directamente al meollo del asunto, la necesidad de su creación.

Su nacimiento estriba por la quiebra lenta social e institucional –producida durante los  diferentes mandatos  de equipos de gobierno– conducente a pasar por alto las normas que todos nos hemos dado en cumplir. Unas veces por unos y otras por otros, pero que en definitiva incluye a todos, excluyendo a toda persona con cargo que no haya ejercido responsabilidad no perteneciente a gobierno alguno.

Si no se hubiera llegado a esta lenta quiebra, la norma se hubiera velado y cumplido, seria nimio e intrascendentes los casos dados, con lo que la norma hubiera cumplido los deseos sociales que el legislador debe poner en valor. Parece que al Pueblo le de vergüenza ejercer su Soberanía, el Derecho y en definitiva que prevalezca lo democrático, no otra cosa que personalmente no le puedo dar este nombre.

Algo esta fallando, no ha dejado de trascender, se intenta maquillar, pero no deja duda. Pero eso no es suficiente para evadir nuestra responsabilidad, ante la pasividad de otros y, debemos tomar buena nota de la lección para que no vuelva a ocurrir. Para eso esta el no pasar , no ser indiferentes a lo que ocurre a nuestro alrededor.

El que lucha por su derecho,  lucha también por lo Justo y nos otorga en definitiva  a todos el Derecho, que es la salvaguarda de nuestra sociedad.

Liberty Balhans Renone

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HERALDO DE ARAGÓNBAJO ARAGÓN-CASPE

 
El Ayuntamiento inició hace meses un proceso para inspeccionar la bolsa de construcciones irregulares. Vecinos caspolinos afectados constituyeron ayer una asociación como protesta.
 
LUIS FACI. Zaragoza

La situación de las viviendas ilegales de Caspe protagoniza desde hace semanas la actividad municipal. El Ayuntamiento inició meses atrás un proceso para inspeccionar toda la bolsa de construcciones irregulares que hay en el término, cuyo número podría rondar las 400. Por el momento, ha abierto medio centenar de expedientes sancionadores, de los que unos 35 ya se han cerrado con multas de 4.000 euros como máximo, según fuentes municipales. Ayer, un grupo de vecinos afectados constituyeron formalmente una asociación que pide “otro modo de solucionarlo”.

Los inmuebles no ocupan una zona concreta, sino que están dispersos por todo la localidad. Algunas se construyeron hace décadas, mientras que otras acaban de iniciarse. Para complicar más aún todo, hay viviendas en suelo rústico y algunas en urbano. Todo esto hace que el paso que quiere dar el Consistorio caspolino para cumplir con el ordenamiento urbanístico sea muy complejo.

A esto se une la sucesión de denuncias por parte de los propietarios contra un aparejador municipal, contra quien el Ayuntamiento inició por ello un expediente disciplinario que aún está abierto. Este trabajador es el mismo al que la corporación caspolina suspendió seis meses de empleo y sueldo por una “falta muy grave” a raíz de un concurso público.

Un “agravio comparativo”

La alcaldesa, Teresa Francín (PSOE), reconoció que se trata de un proceso “duro” para el equipo de gobierno, aunque dijo que intentarían solucionarlo “de la mejor forma”. Sobre estos pisos, explicó que suponen un “agravio comparativo para el resto de vecinos”, y señaló que “no todos los casos son iguales”. “Algunos se pueden legalizar, pero en otros casos es más complejo”, admitió.

Según Francín, el Ayuntamiento dio los primeros pasos con la llegada de un segundo aparejador, con el que tuvieron una “capacidad para inspeccionar las obras” que antes no había. La situación se agravó con la interposición de denuncias entre particulares por culpa de estas viviendas ilegales.

El principal requisito que se pide a los propietarios es que la parcela mínima sea de 10.000 metros cuadrados, como exige la normativa en Caspe. Menos importancia tiene la proximidad de la vivienda respecto del camino.

Desdel el CPC, socio del PSOE en el gobierno municipal, Javier Sagarra calificó los hechos de “escandalosos”. “Lo más grave es que, después de abrir los primeros expedientes, tras varias reuniones, nos hemos encontrado con personas que continúan construyendo obras ilegales”, criticó.

Los otros dos grupos con representación, el PAR y el PP, optaron por el cumplimiento de la legalidad. “No podemos votar contra un delito que se ha manifestado”, dijo Carlos Alastuey, portavoz aragonesista. Su homólogo popular, Juan Manuel Lizarbe, también resaltó el “agravio comparativo” y el “perjuicio para el Ayuntamiento” que suponen esas viviendas.

Una de las afectadas, Inmaculada Gutiérrez, es desde ayer presidenta de la ‘Asociación en defensa de la vivienda rural diseminada’, la organización que han constituido. “Estoy empadronada en esa casa desde hace dos años”, empezó señalando esta vecina. Luego, Gutiérrez lamentó las formas del Ayuntamiento: “No nos avisaron antes, directamente fuimos nombrados en un pleno. No sé si es legal o no, pero desde luego no es ético”.

Lamentó que la corporación “cambie de repente su filosofía” y destacó además la existencia de “irregularidades” en la tramitación de los expedientes. “Nuestro objetivo es poner en evidencia la torpeza del Ayuntamiento con las denuncias. Había otro modo de solucionarlo”, manifestó. “En muchos casos”, dice, fue un trabajador municipal el que les indicó que pidieran “un permiso para almacén” y que construyeran, que no habría “más problemas”. Por último, Gutiérrez dijo ver una “motivación política” tras el proceso.

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