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RESIDENCIAS DE MAYORES

   /  13/10/2010  /  Comentar

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Antes teníamos en las ciudades y en muchos pueblos residencias para los ancianos sin familia, normalmente atendidas por monjas, las Hermanitas de los Pobres, las Hermanas de los ancianos desamparados, las Hijas de la Caridad u otras congregaciones religiosas y aunque siguen existiendo, muchas han desaparecido por falta de vocaciones. Las Diputaciones Provinciales siguen manteniendo los antiguos hospicios, convertidos en residencias de ancianos y discapacitados.

El Estado, a través de los departamentos de Servicios Sociales creó residencias para pensionistas, tanto de válidos como de asistidos, que fueron transferidas a las Comunidades Autónomas. El pensionista residente tiene que abonar un porcentaje de su pensión. Estas aportaciones no cubren el costo de la plaza, siendo a cargo de los presupuestos de la Administración su mantenimiento.

Como la demanda de plazas para los mayores es cada vez mayor, al alcanzar la población edades cada vez más avanzadas, se están abriendo multitud de residencias de iniciativa privada con ánimo de lucro, sin duda legítimo,  como inversión de capital al que se le busca una rentabilidad. Otras son promovidas por fundaciones, sin ánimo de lucro, que si bien no tienen que conseguir rendimientos de capital, necesitan cobrar a los usuarios el coste de la plaza.

Ofrecer alojamiento, manutención y asistencia con dignidad resulta, sin duda, cada vez más caro, pues las necesidades de los mayores son crecientes conforme va deteriorándose su salud y sus facultades físicas y psíquicas con el paso de los años. Las pensiones que perciben los inválidos y jubilados son insuficientes, en la inmensa mayoría de los casos, para satisfacer la estancia en residencias, salvo que dispongan de otras rentas. Otros han tenido que vender su vivienda, para ir completando las mensualidades a pagar con el precio que obtuvieron.

La ley de Asistencia que aprobó el Gobierno, sin dotación presupuestaria, no ha podido hacer frente a todas las necesidades, menos aún en una situación de crisis como la actual. Se ha tratado, con escasos medios económicos, de firmar conciertos con las residencias privadas para ofrecer plazas en un sistema similar al utilizado en las residencias públicas o de conceder ayudas económicas como complemento de la pensión para que los residentes puedan pagar la mensualidad correspondiente.

Los organismos encargados de los servicios sociales estimaron, en su momento, que había que mantener a los mayores en sus casas el mayor tiempo posible, pues no era posible financiar un número creciente de residencias. La ayuda a domicilio es una solución interesante, al menos temporalmente, pues resulta mucho más barata que el internamiento en una residencia.

Quizás sería conveniente, en esta situación de crisis, en la que los puestos de trabajo son un bien escaso, conceder ayuda económica a las familias que se hagan cargo de sus mayores y los atiendan debidamente, en lugar de pagar a una persona asalariada para prestar una ayuda que podrían realizar sus hijos.

Esta situación exige además una reflexión de más calado. Ayudar a nuestros padres viejos, enfermos, incapacitados,  es una obligación moral de la que no podemos eximirnos con el subterfugio de que “eso corresponde al Estado”. Sería una perversa consecuencia del llamado estado de bienestar la abolición de los deberes familiares, especialmente los paterno-filiales.

Aunque no sea más que por reciprocidad, los hijos debemos tener en cuenta los esfuerzos, trabajos y desvelos que causamos a nuestros padres, cuando éstos necesiten de nuestro tiempo, de nuestro dinero y sobre todo de nuestro cariño. Es lamentable que los viejos sean abandonados en una residencia, como a trastos inservibles, sin visitarlos con frecuencia, sin interesarse por sus sentimientos de angustias, de miedo, de soledad, mientras sus descendientes, quizás, se pelean por quedarse con sus cosas.

Francisco Rodríguez Barragán

 

 

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