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Día de la Constitución

   /  25/11/2010  /  Comentar

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Llega el Día de la Constitución un año más y creo que es bueno reflexionar sobre ella: sus resultados, sus carencias, sus problemas y preguntarnos si continúa sirviendo para ordenar nuestra convivencia.

En pugna con el absolutismo del Antiguo Régimen, las constituciones nacieron como instrumentos de los ciudadanos para organizar su convivencia en libertad y poner límites al poder de los gobernantes. Límites temporales, al exigir su renovación cada cierto tiempo; límites en la adopción de leyes y normas, al exigir la ratificación de las mismas por mayoría simple o cualificada de los representantes de los electores o incluso recurriendo al referéndum de la totalidad de la población; límites de ejercicio, estableciendo un sistema de equilibrio entre  diversos poderes, que garantizara el sometimiento a las propias normas vigentes y una fiscalización independiente de las cuentas públicas.

Después de más de treinta años de funcionamiento, se han puesto de manifiesto sus deficiencias y problemas, denunciadas una y otra vez por muchos ciudadanos y recientemente detalladas en un documento firmado por cien empresarios y presentado al Rey.

Es curioso que los partidos políticos no tengan ninguna urgencia en acometer las necesarias reformas, quizás porque la Constitución vigente les parece adecuada para gozar del poder y afianzarse en él, allá donde lo consiguen o puedan obtenerlo.

El equilibrio de poderes es inexistente. El ejecutivo y el legislativo no se contraponen ni se equilibran, ya que son los miembros del parlamento quienes eligen el gobierno al elegir a su Presidente. Pero si el Jefe de Gobierno fuera elegido directamente por los ciudadanos, en votación temporalmente diferente a la de los parlamentarios, se produciría un cierto equilibrio de poder.

El poder judicial independiente se ha considerado como imprescindible para un buen funcionamiento democrático. Pero esta independencia brilla por su ausencia, ya que sus órganos superiores son elegidos por los políticos. De ahí que sus decisiones se vean mediatizadas, apareciendo demasiadas veces mezclados, condecorados y compartiendo mesa, magistrados y políticos.

El entramado judicial encargado de administrar justicia a los ciudadanos, puede ser imparcial e independiente, pero no está dotado de los medios suficientes para resolver los asuntos en un plazo adecuado, sino que se eternizan los pleitos y una justicia tardía ya no es justicia.

En el ámbito de la leyes penales hay demasiados cambios y seguramente poca reflexión sobre los resultados. Se promulgan leyes contra determinados delitos, pero en lugar de disminuir aumentan. No parece muy claro que se produzca una apreciable reinserción de los delincuentes, al mismo tiempo que la diferencia entre los años de la condena y su cumplimiento es escandalosa.

Sobre el Título VIII de la Constitución y su imprudente aplicación se ha escrito bastante. Se ha montado un sistema autonómico económicamente insostenible, políticamente insolidario, que no favorece ni la igualdad ni la convivencia de los españoles, sino por el contrario ha liberado fuerzas disolventes.

Si la Constitución tenía por objetivo organizar la convivencia en libertad, hay demasiadas leyes innecesarias y sectarias, que son un “trágala” a buena parte de los españoles. Hay que establecer un límite claro entre lo que son leyes de buena administración y lo que son intentos de adoctrinamiento y de ingeniería social.

Si hubieran funcionado contrapesos institucionales eficaces quizás no estaríamos inmersos en una corrupción generalizada. Los avisos de que una economía basada en la construcción desenfrenada y el endeudamiento de las familias nos llevarían al desastre, no fueron escuchados y estamos en una crisis económica y financiera espantosa.

¿No es hora de que repensemos nuestra Constitución, nuestras leyes, nuestra convivencia?

Francisco Rodríguez Barragán

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