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El juicio de residencia en la época colonial

   /  05/05/2011  /  Comentar

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Los desastres ocasionados por la clase política a los ciudadanos, tanto en forma de corrupción económica y moral, como de incompetencia y sectarismo, quedarán impunes al estimarse que la responsabilidad política queda extinguida con la derrota electoral. Todo ello me hacer recordar, una vez más,  el juicio de residencia que, desde el siglo XVI hasta 1812, se aplicaba a los virreyes y demás funcionarios que cesaban en sus cargos en la América española. 

Esta institución del derecho castellano e indiano era una averiguación de los posibles abusos y extralimitaciones cometidos durante el tiempo de su mandato, para lo cual se convocaba por edictos y pregoneros a los que se sintieran perjudicados a que declararan ante los jueces encargados de la pesquisa. Aquellos juicios terminaban, a veces, imponiendo multas o inhabilitaciones para los que resultaban culpables. 

Quizás podemos pensar que hubiera sido más eficaz haber reclamado en el momento en que se cometía el desafuero y no varios años después, pero entonces, como ahora, no resultaba fácil para el común de los ciudadanos iniciar pleitos y reclamaciones contra el que manda. La posibilidad de presentar cada cual un memorial de los agravios y abusos cometidos por el cesante me parece una norma útil y prudente. El nombrado para un cargo en aquellos tiempos y lugares conocía de antemano que iba a ser juzgado al final de su mandato, por lo que, al menos teóricamente, esta circunstancia podía salvaguardar la tendencia de todo poder a corromperse. 

Este viejo antecedente procesal sería útil hoy para revisar la actuación de cualquier gobernante y la limpieza de su administración, más aún cuando tal situación se haya prolongado tanto tiempo como en Andalucía. 

En nuestro actual sistema democrático, da la impresión de que todos los abusos, desmanes, corrupciones, nepotismos e irregularidades que puedan cometerse a lo largo de cada mandato gozan de remisión absoluta tanto si se ganan como si se pierden las elecciones.

El poder judicial, que debería servir de contrapeso a cualquier abuso de poder, es percibido por los ciudadanos como fuertemente mediatizado por el poder ejecutivo, sobre todo en los escalones superiores, lo que ha mermado mucho la confianza en su actuación, que siempre resulta lentísima, complicada, cara y de incierto resultado, máxime con la pluralidad de Tribunales Superiores en cada Autonomía y la existencia de un Tribunal Supremo, que no resulta tan supremo ya que puede ser cuestionado por el cuestionable Tribunal Constitucional.

No ignoro que ha habido altos cargos condenados, pero hasta un determinado nivel. Aquel magistrado de importación Sr. Bacigalupo decidió que el Presidente del Gobierno no podía ser estigmatizado haciéndole declarar en un proceso y el Presidente sucesor decidió “pasar página”, actitud que si se hubiera tratado de un cuestión personal podría calificarse de generosa, pero al ser institucional debió instar al poder judicial a llegar hasta el final. Alguien ha dicho que el poder es impunidad, afirmación que puede parecer exagerada, pero que tiene buena parte de verdadera. Se podría hacer una amplia lista.

Si en el siglo XVI fue la Corona la que trató de poner freno a los abusos y desmanes de los gestores de la administración indiana y facilitó la presencia del pueblo llano, españoles e indios, para oír sus quejas en el juicio de residencia, ahora tendrá que ser la sociedad misma la que se organice, la que impida la impunidad del poder, la que exija unos tribunales independientes y un examen minucioso de la actuación de cada gobernante. Los partidos políticos no lo van a hacer y el Tribunal de Cuentas, pienso que tampoco, pues solo hace dictámenes que parecen servir de poco. 

Francisco Rodríguez Barragán

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