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Castastro Inmobilario. Algunas preguntas frecuentes…

   /  16/02/2014  /  Comentar

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Urbanismo de hoy PGOU CaspeParece ser que aún existen dudas sobre el “Catastro”, no solo por la ciudadanía sino también por la clase política, cargos electos con representación municipal en Caspe.

¿Qué es el Catastro?, ¿cómo se inscriben los inmuebles en el Catastro?, ¿quiénes están obligados a declarar ante el Catastro?, ¿qué relación existe entre el valor catastral y la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles?, procedimiento de regularización catastral 2013-2016 y ¿donde acudir?.

En su última regulación a día de hoy vigente: Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (R.D.L. 1/2004, de 5 de marzo. BOE 8 de marzo de 2004

¿Qué es el Catastro?

El Catastro Inmobiliario es un registro administrativo que depende del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Contiene la descripción de los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales, cuya inscripción en el mismo es obligatoria y gratuita, características que lo diferencian del Registro de la propiedad.

Las funciones que tiene atribuidas se ejercen:

Directamente, a través de los Servicios Centrales y de las Gerencias y Subgerencias ubicadas en las distintas provincias y ciudades autónomas del territorio nacional, excepto País Vasco y Navarra.

A través de la colaboración con otras Administraciones y entidades públicas. Con este fin, la Dirección General del Catastro tiene suscritos múltiples convenios de colaboración, esencialmente con Ayuntamientos y Diputaciones, en virtud de los cuales la entidad colaboradora asume determinadas funciones catastrales, ya sea en régimen de delegación de competencias, de encomienda de gestión.

¿Cómo se inscriben los inmuebles en el Catastro?

La inscripción o incorporación de los bienes inmuebles al Catastro se puede realizar mediante alguno de los siguientes procedimientos, todos ellos de naturaleza tributaria:

Declaración presentada por el interesado.

Comunicación remitida al Catastro por los Notarios y Registradores de la propiedad y determinadas Administraciones Públicas.

Solicitud, en los casos legalmente establecidos, presentada por el interesado.

Además, pueden incorporarse mediante el procedimiento de subsanación de discrepancias, que se inicia de oficio, cuando se aprecie una falta de concordancia entre la descripción catastral del los inmuebles y la realidad inmobiliaria.

También pueden incorporarse los bienes inmuebles al Catastro a través de los procedimientos de inspección, cuando se lleven a cabo actuaciones de comprobación e investigación tributaria y mediante los procedimientos de valoración catastral.

¿Quiénes están obligados a declarar ante el Catastro?

Con carácter general están obligados a declarar los titulares de los derechos de propiedad, concesión administrativa, superficie y usufructo, cuando se produzca cualquiera de los hechos, actos o negocios recogidos legalmente que deben ser objeto de declaración.

Se exceptúan de la obligación de declarar los siguientes supuestos:

  • Cuando se haya remitido la información al Catastro a través del procedimiento de comunicación, como es el caso de las comunicaciones de Notarios y Registradores de la propiedad.
  • Cuando se haya presentado una solicitud de baja por el anterior titular catastral en el plazo establecido para declarar el correspondiente hecho, acto o negocio.
  • Cuando ya haya sido declarado por otro en el caso de que fueran varios los obligados a declarar un mismo hecho, acto o negocio.

El incumplimiento de esta obligación constituye una infracción tributaria simple que puede ser objeto de sanción.

¿Qué relación existe entre el valor catastral y la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles?

El IBI es un impuesto local que grava el valor de los bienes inmuebles. Su gestión, liquidación y recaudación corresponde a los ayuntamientos, si bien el valor catastral es la base imponible de este impuesto. La ley atribuye a los Ayuntamientos la capacidad para determinar los tipos impositivos, así como para articular determinados beneficios fiscales, todo lo cual determina finalmente la cuota del impuesto.

En particular, la ley prevé diversos mecanismos fiscales que, tras la realización de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, permiten controlar el efecto en el IBI de los nuevos valores catastrales.

En primer lugar, la base liquidable del IBI se calcula aplicando de oficio una reducción decreciente durante diez años. Esta reducción es del 90% del incremento del valor catastral en el primer año de vigencia de la revisión, del 80% en el segundo y así sucesivamente hasta que en el décimo año se alcance una base liquidable igual al valor catastral revisado. Esto significa que, con carácter general, la base liquidable por la que se tributará en el primer año de vigencia de la revisión es igual al valor anterior (sin revisar) más un 10% del incremento de valor experimentado por el inmueble como consecuencia de la revisión.

Por otro lado, los Ayuntamientos, en el marco de su autonomía de gestión, pueden establecer los tipos de gravamen, entre un tipo mínimo del 0,4 y un tipo máximo del 1,1. Este tipo puede reducirse hasta en el 0,1 durante los seis años siguientes a la revisión catastral.

Igualmente, la Ley faculta a los Ayuntamientos para aprobar una bonificación que limite el incremento individual de la cuota del IBI resultante de la revisión, de forma tal que este incremento no supere el porcentaje que decida el municipio. El período máximo de duración de esta bonificación es de 3 años.

La cuota del IBI tras el procedimiento de valoración colectiva, se comunica en la notificación del valor catastral, a título orientativo.

Procedimiento de regularización catastral 2013-2016

El procedimiento de regularización catastral se inicia de oficio por la Administración. Este inicio debe ser comunicado a los interesados, que disponen de un plazo de 15 días para formular las alegaciones que estimen convenientes.

En aquellos supuestos en que no existan terceros afectados por el procedimiento, éste podrá iniciarse directamente con la notificación de la propuesta de regularización, junto con la liquidación de la tasa de regularización catastral.

Gerencia del Catastro Aragón – Zaragoza

Cl. Albareda, 18. 50071 – Zaragoza – 9 a 17:30 de lunes a jueves, y de 9 a 14:00, los viernes. Horario de verano (16 de junio a 15 de septiembre) de 9 a 14 horas. “gerencia.aragon@catastro.minhap.es” Tlfno. – 976 76 98 10, Fax- 976 769811.

Colaboración administrativa: por Convenios de Colaboración, puntos de Información Catastral, etc. Cualquier colaboración en la gestión catastral que exceda del mero intercambio de información deberá llevarse a cabo en el marco de los convenios de colaboración que se suscriban al efecto.

Los convenios de colaboración vienen regulados en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, y en el Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla dicho texto legal.

Podrán suscribirse convenios de colaboración con cualquier Administración, entidad o corporación pública, según establece el artículo 62 del Real Decreto 417/2006, con las limitaciones que en dicho artículo se determinan.

Aspectos generales

En la actualidad, los convenios de gestión catastral pueden referirse al ejercicio de las funciones de formación y mantenimiento del Catastro, exceptuándose expresamente las actuaciones de coordinación de valores y la aprobación de las ponencias de valores, que en todo caso se ejercerán por la Dirección General del Catastro.

El régimen jurídico de los convenios puede ser de tres tipos: Delegación de competencias, encomienda de gestión y mixto.

El convenio de colaboración no comportará la transferencia de medios materiales o personales, ni contraprestación económica de ningún tipo entre las partes.

Las funciones que podrán ser objeto de los convenios vienen reguladas en el artículo 64.3 del Real Decreto 417/2006: Tramitación de expedientes relativos a cambios en la titularidad catastral de los inmuebles, excepto aquellos que deban ser objeto de comunicación. Colaboración en el tratamiento de la información suministrada por los notarios y Registradores de la Propiedad. Tramitación de declaraciones relativas a modificaciones en la descripción catastral de los inmuebles. Tramitación de expedientes de subsanación de discrepancias. Actuaciones de inspección catastral, exceptuadas las funciones recogidas en los párrafos e), f), y g) del artículo 47 del RD 417/2006. No obstante, la delegación de funciones inspectoras sólo alcanzará a las actuaciones de investigación. Colaboración en el proceso de notificación y atención al público derivados de los procedimientos de valoración colectiva o de otros procedimientos catastrales. Recepción de documentación y asistencia e información a los ciudadanos en materia de gestión y de difusión de la información catastral. Elaboración y mantenimiento de cartografía, ortofotografías y otros soportes gráficos. Elaboración de ponencias de valores. Procedimientos simplificados de valoración colectiva. Colaboración en el desarrollo de las funciones del observatorio catastral del mercado inmobiliario y cualesquiera otras que se acuerden.

Para el ejercicio de las funciones atribuidas en los convenios, la entidad colaboradora podrá solicitar a la Dirección General del Catastro que formule encargo a la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A (SEGIPSA); en estos casos los gastos que se originen serán sufragados por la entidad colaboradora en los términos, plazos y condiciones que se establezcan por orden ministerial.

Según la información consultada entre otros municipios que constan sin convenio en nuestra provincia están: Zaragoza, Calatayud, Caspe, etc., y los que mantienen Convenio de Colaboración son la mayoría y está colaboración es por convenio con la Diputación Provincial de Zaragoza.

Luis Ignacio Tapia Catalán

EL GUADALOPE

Fuente: Portal de la Dirección General del Catastro Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. (*) Buzón de quejas y sugerencias

(*) Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (R.D.L. 1/2004, de 5 de marzo. BOE 8 de marzo de 2004

IBI Caspolino… ¿perdonado?…

Una moción de censura acabará con el régimen socialista caspolinoDe susto, en susto, la agonía del 2013 nos ha traído la noticia de que en Caspe existía un número aproximado de unos 200 inmuebles que no cotizaban el obligatorio Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Al parecer el actual equipo de gobierno municipal actualiza los datos, para, al menos, cobrar los últimos cuatro años antes de que prescriban. Los anteriores se quedan en los bolsillos de los infractores en claro agravio comparativo respecto a los caspolinas/os que hemos cumplido, a pesar de lo que está cayendo, con nuestras obligaciones tributarias.

A mi entender, la cuestión es gravísima, no sólo por el agravio comparativo mencionado, sino porque Caspe ha estado gobernado por elementos técnicos y políticos que han consentido tal situación. Nadie puede creerse que ni los políticos de la época (que han gobernado largamente Caspe) ni los técnicos a su servicio (técnico e ideológico) no sabían que tal número de ciudadanos no atendían sus obligaciones tributarias. O sí. No estamos hablando de una ciudad donde el número de habitantes podría “tapar” tal infracción. Estamos hablando lisa y llanamente de un pueblo.

Si las cosas funcionaran como deberían hacerlo, Caspe exigiría responsabilidades a los que han permitido tal situación que, en casos concretos, ha beneficiado precisamente a elementos que no se caracterizan  por su crítica situación económica. Ese número de entidades ciudadanas que, en muchas ocasiones reclaman apoyo económico institucional para sus actividades, deberían estar a la cabeza de esa exigencia denunciando públicamente la situación que, lejos de ser un olvido, una mala gestión política y técnica, es, presuntamente, un trato de favor a una parte de los ciudadanos defraudadores en detrimento de los que no lo son.

El Delegado del Gobierno visita la HerraduraLa prevaricación es un término que está tristemente presente en los titulares de la prensa de este país y los referentes a Caspe en concreto. Comparable a la prevaricación es el incumplimiento de los deberes del servidor público que está castigado en el Derecho Penal. Es llamativo que el ciudadano caspolino consienta que ciertos técnicos sigan estando en sus sillones (ahora, al parecer más controlados, pero allí están en definitiva). Por su parte, los políticos presumiblemente consentidores de esta situación, no están libres de asumir la importante responsabilidad que les toca en este turbio asunto. También estoy convencida de que no la asumirán.

Desde el principio y en estas mismas paginas se ha calificado la no recaudación de este impuesto a algunos ciudadanos como “una desidia administrativa”. En mi opinión no cabe la “desidia” en el funcionario público  y  de existir tal actitud es perfectamente punible en el marco del actual Código Penal. El artículo 433 bis dice textualmente: “La autoridad o funcionario público que, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa (….) falseare su contabilidad, los documentos que deban reflejar su situación económica (…) será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a diez años y multa de doce a veinticuatro meses”. ¿El presunto perdón a una parte de la población del pago de un impuesto obligatorio no ha causado un perjuicio económico al Ayuntamiento de Caspe y por ende a toda la ciudad?

En este caso y en los que están por venir –estoy convencida- el Ayuntamiento de Caspe, como institución, debería ser implacable en la defensa de la información pública, -de la información directa al ciudadano- en la explicación veraz, clara y meridiana de cualquier situación –heredada o no- que atente contra los intereses de Caspe; la denuncia incansable del amiguismo generador de votos cautivos.

Es triste observar que, en Caspe, tantos años después, aún hay mierda debajo de las alfombras , oscuridad en las cloacas del recientemente remodelado edificio Consistorial e impunidad en algunos sillones técnicos. No es excusa mirarse en otros espejos por vomitiva que sea la imagen que transmiten.

Marina F. Guadel

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