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Pleitos tengas y los ganes…

   /  30/03/2015  /  1 Commentario

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Horrnacina sin la Virgen del CarmenEstimado el recurso de apelación interpuesto por el Club Náutico Mar de Aragón.

Que debemos estimar y estimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la entidad Club Náutico Mar de Aragón, contra el auto impugnado, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Cuatro de Zaragoza, en la pieza separada de medidas cautelares del recurso contencioso-administrativo seguido en dicho Juzgado con el número 272 de 2014, y, con revocación del mismo, se accede a la medida cautelar solicitada, Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Caspe (Zaragoza) de 15 de octubre de 2014, por el que se acordó resolver la cesión de bienes otorgados a favor de la recurrente, requiriendo de ésta la reversión de los mismos, procediendo al desalojo de las instalaciones en plazo de quince días. Sin costas”.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio al correspondiente Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.  Adviértase a las partes de que la presente resolución es FIRME.

Hechos:

“Acuerdo del Ayuntamiento demandado de fecha 13 de noviembre de 2014, que acompaña con su recurso, donde la Administración demandada expone a quien pueda interesar la posibilidad de gestión de las instalaciones por tercero. Al propio tiempo, sostiene que la suspensión de la ejecutividad del acto no ha de afectar a la ejecución de la sentencia desestimatoria del recurso que pudiera dictarse en su día”.

Colecta para restablecer la imágen de la Virgen del CarmenResolución de 15 de octubre de 2014, por la que se resolvió la cesión gratuita de bienes a la entidad demandante, con requerimiento de reversión de los mismos en plazo de quince días”.

“El Ayuntamiento de Caspe (Zaragoza) formuló oposición al recurso de apelación interpuesto de contrario, sosteniendo la corrección de los fundamentos que sostienen su parte dispositiva”.

“La doctrina del ‘fumusrequiere de una prudente aplicación para no prejuzgar el fondo y la decisión final del pleito, dado el riesgo de vulneración del derecho fundamental al proceso con las debidas garantías de contradicción y prueba, la especificidad propia de lo contencioso-administrativo, en el que se somete a juicio de legalidad un acto administrativo que, por definición, goza de dicha presunción por imperativo constitucional, artículo 103 de la C.e., y legal, artículo 57 de la LPAC, el presupuesto cautelar de la apariencia de buen derecho, debe ser tratado con mayor prevención y prudencia si cabe”.

“Conviene no olvidar que tal presupuesto de tutela cautelar se establece por referencia a la pretensión que frente a la actuación administrativa impugnada se ejercita, no respecto del acto administrativo impugnado, respecto del que debe partirse de la presunción de validez, legalidad y ejecutividad que fundamentan la autotutela administrativa en sus dos vertientes, declarativa y ejecutiva –artículos 56 y 57 de la LPAC “.

Perjuicio el del particular solicitante que ha de prevalecer para justificar lo apropiado de la medida cautelar interesada, cuando el mantenimiento del statu quo vigente hasta el momento, derivado de un convenio que a ambos parecía beneficiar y que tenía una vigencia de veinte años –faltando ocho para su finalización-, no puede producir un perjuicio mayor al interés general. Y ello siquiera sea porque fue fruto de convenio y pacto entre ambas partes y el objeto principal del mismo –el fomento del turismo en la zona- no parece que, indiciariamente al menos, se halle en riesgo, al menos nada se alega, ni se aporta principio de prueba en tal sentido. Otra cosa será, y tiempo habrá para ello en momento procesal más adecuado, de analizar la imposibilidad de continuación de la situación creada por el convenio de cesión porque alguna de las partes haya podido incumplir aquello a lo que se comprometió, cumplimiento que fue condición de la cesión gratuita de bienes realizada por la Administración.

Todo lo anterior, nos llevará a la estimación del recurso de apelación interpuesto, a la revocación del auto impugnado, accediendo, en consecuencia, a la medida cautelar solicitada, consistente en la suspensión de la ejecutividad de los actos administrativos impugnados”.

 _________________________

 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Cuatro de Zaragoza, dictó auto, de fecha 5 de noviembre de 2014, por el que se acordó no acceder a la suspensión de la ejecutividad de la actuación administrativa recurrida, modificando exclusivamente el plazo de ejecución que quedó fijado en treinta días, máximo.

SEGUNDO.- Notificado el anterior auto a las partes, por la representación procesal de CLUB NÁUTICO MAR DE ARAGÓN, se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación, que fue admitido en un efecto y dado traslado a la Administración demandada, formuló oposición, en los términos que constan en autos, suplicando la desestimación del recurso interpuesto. no formuló oposición a dicho recurso.

Remitidas las actuaciones a esta Sala y turnadas a esta Sección 1ª, se celebró la votación y fallo del recurso el día señalado, 4 de marzo de 2015.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El auto recurrido denegó la medida cautelar solicitada por la recurrente, consistente en la suspensión de la ejecutividad de la resolución administrativa recurrida – resolución de 15 de octubre de 2014, por la que se resolvió la cesión gratuita de bienes a la entidad demandante, con requerimiento de reversión de los mismos en plazo de quince días-.

En esencia, la Juez de instancia deniega la medida cautelar solicitada porque, en primer lugar, entiende que no hay apariencia de buen derecho en la pretensión de la recurrente, habida cuenta las imputaciones que se le efectúan por la Administración demandada, relativas al incumplimiento de las condiciones de la cesión gratuita y que no son negadas por aquélla, siendo que, a su criterio, lo que discute la recurrente es el exiguo plazo de cumplimiento que se le da por la Administración, que habrá de generar un serio perjuicio a quien recurre. Asimismo, entiende que tampoco especifica los perjuicios que se le irrogarían por la inmediata ejecutividad de la resolución impugnada, más allá de una invocación genérica a los mismos.

La recurrente, no conforme con la parte dispositiva y razonamientos que la sustentan, combate la resolución recurrida, alegando, en primer lugar, que el auto recurrido entra a valorar cuestiones relativas al fondo del asunto, vulnerando los principios de la justicia cautelar. En segundo lugar, entiende que la medida cautelar solicitada se dirige a asegurar la efectividad de la sentencia estimatoria que potencialmente pudiera recaer en autos principales, dado que una nueva cesión de tales bienes por su titular, a favor de tercero de buena fe, determinaría la difícil efectividad de la sentencia que pudiera recaer, en caso de estimación del recurso interpuesto, siendo además un riesgo probable y posible, a tenor del Acuerdo del Ayuntamiento demandado de fecha 13 de noviembre de 2014, que acompaña con su recurso, donde la Administración demandada expone a quien pueda interesar la posibilidad de gestión de las instalaciones por tercero. Al propio tiempo, sostiene que la suspensión de la ejecutividad del acto no ha de afectar a la ejecución de la sentencia desestimatoria del recurso que pudiera dictarse en su día.

El Ayuntamiento de Caspe (Zaragoza) formuló oposición al recurso de apelación interpuesto de contrario, sosteniendo la corrección de los fundamentos que sostienen su parte dispositiva.

SEGUNDO.- Expuestas las posiciones de las partes en los términos expresados, es objeto de crítica por la apelante, los fundamentos en que se sostiene la parte dispositiva del auto, denegatorio de la medida cautelar solicitada.

Debe advertirse que, desde un punto de vista general, en el ámbito de la tutela cautelar la doctrina del fumus requiere de una prudente aplicación para no prejuzgar el fondo y la decisión final del pleito, dado el riesgo de vulneración del derecho fundamental al proceso con las debidas garantías de contradicción y prueba, la especificidad propia de lo contencioso-administrativo, en el que se somete a juicio de legalidad un acto administrativo que, por definición, goza de dicha presunción por imperativo constitucional, artículo 103 de la C.e., y legal, artículo 57 de la LPAC, el presupuesto cautelar de la apariencia de buen derecho, debe ser tratado con mayor prevención y prudencia si cabe. Es aquella

especificidad la que imprime variaciones en la aplicación del régimen general cautelar, que determinan el diferente peso específico de un presupuesto cautelar sobre otro en este concreto ámbito contencioso respecto del general civil. Por tal razón, este presupuesto cautelar se aplica limitadamente a supuestos singulares, como son aquéllos en que se solicita la nulidad del acto administrativo dictado al amparo de una norma o disposición de carácter general previamente declarada nula, o cuando se impugna un acto idéntico a otro que ya fue anulado jurisdiccionalmente (sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, sec. 5ª de 8 de febrero de 2010, rec. nº 5251/08). O como se dice en su sentencia de 9 de octubre de 2009 (sec. 4ª, rec. 311/08), donde se efectúa un tratamiento completo del alcance y límites de la tutela cautelar en lo contencioso-administrativo, “la posibilidad de que la nulidad de pleno derecho pueda operar para justificar la suspensión está condicionada a que “de una manera terminante, clara y ostensible se aprecie la concurrencia de una de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en nuestro ordenamiento” (sentencia de 21 de octubre de 2004, recurso de casación 1723/2002, reproduciendo múltiples autos y sentencias anteriores en la misma línea). Es obvio que la virtualidad de tal doctrina es escasa al no ser el incidente de suspensión el trámite idóneo para decidir la cuestión objeto del pleito que ha de resolverse en el proceso principal. Mas puede caber el caso de que, con anterioridad a la adopción de la medida cautelar cuestionada el órgano jurisdiccional se hubiere pronunciado, en otros pleitos, sobre la invalidez del acto cuestionado (STS de 13 de junio de 2007, recurso de casación 1337/2005).”. En similares términos, en reciente sentencia la Sala Tercera, sec. 3ª del Tribunal Supremo, de 7 de mayo de 2013, (rec. nº 2736/12), ha declarado que debe “limitarse su aplicación -además de la tradicional prudencia que ha de presidir su uso en todo caso- a supuestos muy concretos, como los actos dictados en cumplimiento o ejecución de una disposición general declarada nula, cuando una sentencia anula el acto en una instancia anterior aunque no sea firme, y, en fin, los casos de existencia de un criterio reiterado de la jurisprudencia que la Administración se resiste a aplicar.”.

Conviene no olvidar que tal presupuesto de tutela cautelar se establece por referencia a la pretensión que frente a la actuación administrativa impugnada se ejercita, no respecto del acto administrativo impugnado, respecto del que debe partirse de la presunción de validez, legalidad y ejecutividad que fundamentan la autotutela administrativa en sus dos vertientes, declarativa y ejecutiva –artículos 56 y 57 de la LPAC.

Y si sólo excepcionalmente –en los términos analizados antes- puede prestarse atención como presupuesto decisivo de la tutela cautelar solicitada a la apariencia de buen derecho, menos adecuado será reforzar, en un estadio tan inicial del debate principal que se plantea como es el presente, la validez del planteamiento administrativo que se manifiesta en el acto recurrido, con vistas a una denegación de la tutela cautelar que se solicita, pues ello no podrá hacerse sin prejuzgar el fondo del asunto, sin resolver anticipadamente lo que ha de ser objeto de debate en los autos principales. Esto es lo que apreciamos que se ha hecho en el auto recurrido, innecesariamente, y que, por ello, nosotros ahora no podemos compartir, pues una cosa es que no pueda cuestionarse el acto administrativo impugnado, salvo en contadísimos supuestos, y otra es que, por la misma razón, quepa en este momento reforzar los fundamentos de la actuación administrativa. En uno y en otro caso se anticipa una decisión definitiva sobre el objeto principal de la controversia.

En definitiva, habremos de mantener ahora nosotros la misma presunción de validez del acto administrativo que es objeto de impugnación en autos principales –que no precisa de refuerzo alguno-, discrepando del análisis que se realiza en el auto recurrido de la actuación impugnada – en su refuerzo- por su falta de oportunidad. Así, no anticiparemos la solución a la cuestión de fondo que se está planteando en la incipiente contienda litigiosa en la que estamos obligados a entrar, ahora, a los meros efectos de verificar la adecuación a derecho de la negativa de la Juez de instancia a brindar la tutela cautelar solicitada. Y ello

además, sin contar con todos los elementos precisos para resolver, razón por la cual el deber de cautela ha de ser extremado (por todas, sentencia de 24 de abril de 2013, sec. 7ª, rec. nº 270/2012). Por lo tanto, evitaremos así toda consideración anticipada sobre lo que debe ser el fondo de la controversia.

TERCERO.- Dicho lo anterior, tampoco compartimos el juicio ponderativo que en el auto recurrido se efectúa de los perjuicios que podrían derivarse para el solicitante y el interés general, de la ejecutividad o de la suspensión de la misma, respectivamente.

Y es que no se precisará una exhaustiva concreción de los perjuicios que la solicitante alega que existen, para poder ver sin esfuerzo el evidente perjuicio que se causa a la solicitante con la reversión inmediata de los bienes previamente cedidos por la Administración a una entidad que tiene en ellos el instrumento principal de la actividad que constituye su objeto. Parece claro que si la referida entidad tiene por objeto la práctica de deportes acuáticos y la celebración de competiciones náuticas, así como el fomento y desarrollo de la afición a todos ellos, y si con los bienes de titularidad municipal que le fueron cedidos se desarrolla principalmente tal objeto, la reversión de los mismos, ejecutando inmediatamente el acto administrativo impugnado, habrá de determinar el colapso de la asociación.

Perjuicio el del particular solicitante que ha de prevalecer para justificar lo apropiado de la medida cautelar interesada, cuando el mantenimiento del statu quo vigente hasta el momento, derivado de un convenio que a ambos parecía beneficiar y que tenía una vigencia de veinte años –faltando ocho para su finalización-, no puede producir un perjuicio mayor al interés general. Y ello siquiera sea porque fue fruto de convenio y pacto entre ambas partes y el objeto principal del mismo –el fomento del turismo en la zona- no parece que, indiciariamente al menos, se halle en riesgo, al menos nada se alega, ni se aporta principio de prueba en tal sentido. Otra cosa será, y tiempo habrá para ello en momento procesal más adecuado, de analizar la imposibilidad de continuación de la situación creada por el convenio de cesión porque alguna de las partes haya podido incumplir aquello a lo que se comprometió, cumplimiento que fue condición de la cesión gratuita de bienes realizada por la Administración.

Todo lo anterior, nos llevará a la estimación del recurso de apelación interpuesto, a la revocación del auto impugnado, accediendo, en consecuencia, a la medida cautelar solicitada, consistente en la suspensión de la ejecutividad de los actos administrativos impugnados.

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la LJCA, no procede hacer expresa condena en costas, al no apreciar la Sala la concurrencia de circunstancias que pudieran justificar su imposición.

En atención a lo expuesto, este Tribunal ha resuelto pronunciar el siguiente:

FALLO

Que DEBEMOS ESTIMAR Y ESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la entidad CLUB NÁUTICO MAR DE ARAGÓN, contra el auto impugnado, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Cuatro de Zaragoza, en la pieza separada de medidas cautelares del recurso contencioso-administrativo seguido en dicho Juzgado con el número 272 de 2014, y, con revocación del mismo, SE ACCEDE a la medida cautelar solicitada, Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Caspe (Zaragoza) de 15 de octubre de 2014, por el que se acordó resolver la cesión de

bienes otorgados a favor de la recurrente, requiriendo de ésta la reversión de los mismos, procediendo al desalojo de las instalaciones en plazo de quince días. Sin costas.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio al correspondiente Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Adviértase a las partes de que la presente resolución es FIRME.

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1 Commentario

  1. M dice:

    la casta agitadora estará aplaudiendo con las orejas!

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