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Aprobación definitiva del PGOU de Caspe y publicación BOP de Zaragoza..

   /  11/05/2015  /  Comentar

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Exposición pública PGOU-CASPEEl presente documento de PGOU revisa y sustituye el PGOU de Caspe vigente hasta la fecha [aprobado por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Zaragoza de 9/jun/1987 (BOP 4/08/1987 y 27/06/1990)], y Modificaciones del mismo aprobadas definitivamente.

Los instrumentos de planeamiento y gestión aprobados con arreglo a las determinaciones del anterior PGOU, pendientes de ejecución, producirán sus efectos con las condiciones que la revisión del PGOU y estas normas señalen.

Art. 6. Obligatoriedad de la observancia del Plan.

El Plan General de Ordenación Urbana afectará una vez aprobado a cuantos actos relativos al uso del suelo y de la edificación, realicen la Administración y los particulares dentro del ámbito territorial del municipio de Caspe, en los términos establecidos por LUA-72. Ello sin perjuicio de las facultades que correspondan a los distintos ámbitos de gobierno para el ejercicio de sus competencias, de acuerdo con las previsiones y determinaciones del presente PGOU, y según la legislación aplicable por razón de la materia.

________________________

Javier Sagarra, concejal de Urbanismo y portavoz equipo de Gobierno (PP-CPC-PAR), último pleno mes de Abril (27.04.2015):

Ayuntamiento de Caspe:

“Se comunica a todos los interesados que la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de Caspe se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza núm.  104, de 11 de mayo.

A partir de esta fecha estará vigente dicho Plan General de Urbanismo, sin perjuicio de que quienes lo consideren oportuno formulen el correspondiente recurso frente a dicho acuerdo dei Consejo Provincial de Urbanismo adoptado con fecha 27 de febrero de 2015.”

Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza núm.  104, de 11 de mayo

Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza Núm. 4.927

ACUERDOS del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza adoptados en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2015.

El Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza adoptó los siguientes acuerdos:

I. Expedientes relativos a planeamiento:

1. Caspe: Plan General de Ordenación Urbana. CPU 2013/160.

Visto el expediente relativo al Plan General de Ordenación Urbana de Caspe se han apreciado los siguientes

Antecedentes de hecho:

Primero. — El presente Plan General de Ordenación Urbana tuvo entrada en el Registro General del Gobierno de Aragón con fecha 16 de octubre de 2013.

Mediante escritos de fechas 25 de octubre de 2013, 25 de julio, 16 de septiembre, 16 de octubre y 31 de octubre de 2014, se procede a la solicitud de documentación necesaria para que el Consejo Provincial de Urbanismo pueda pronunciarse sobre el expediente. En fechas de 15 de julio, 2 de septiembre, 6 de octubre y 25 de noviembre de 2014 el Ayuntamiento aporta nueva documentación.

Segundo. — En la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana se han seguido las disposiciones relativas a la fase de Avance que se determinan en el artículo 48 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, y 60 del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en materia de organización, planeamiento urbanístico y régimen especial de pequeños municipios, aprobado por Decreto 52/2002, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón.

Tercero. — De acuerdo con lo indicado en el artículo 48.3 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, el Plan General de Ordenación Urbana fue aprobado inicialmente mediante acuerdo plenario de fecha 4 de octubre de 2011, sometiéndolo a información pública mediante anuncio en el BOPZ núm. 296, de fecha 28 de diciembre de 2011. Del expediente se deduce la formulación de 1.504 escritos de alegaciones, que fueron resueltas por Acuerdo del Pleno en Sesión de 29 de octubre de 2013, según consta en certificado expedido por la Secretaría del Ayuntamiento de fecha 13 de noviembre de 2013.

Cuarto. — Con fecha 18 de junio de 2014 el Pleno del Ayuntamiento de Caspe adoptó acuerdo de aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana conforme a lo establecido en el artículo 48.5 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón. De acuerdo con el precepto indicado este se remite al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza para su aprobación definitiva.

Quinto. — Consta memoria Ambiental del Plan General de Ordenación Urbana de Caspe, emitida por Resolución de 12 de febrero de 2014 del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, que fue publicada en el “Boletín Oficial de Aragón” de fecha 6 de marzo de 2014. De la misma destacar, lo siguiente:

1. El planeamiento consolida las áreas residenciales existentes en el municipio y propone crecimientos de suelo residencial que superan los recomendados en la legislación urbanística vigente, desconectados de suelos actualmente desarrollados, lo cual se aleja de los principios establecidos para un modelo territorial eficiente y sostenible, por lo que atendiendo al principio de precaución debería reconducirse a un modelo de desarrollo gradual alrededor del núcleo, acorde con las necesidades sociales y demográficas, teniendo en cuenta las capacidades de carga del territorio y las expectativas reales de desarrollo del municipio.

2. Se deberá revisar la clasificación de los suelos urbanizables no delimitados, que aportan una sobreoferta de suelo residencial sin justificación y, en especial, los suelos previstos en el ámbito de “Travia Nova” y “Carasol”, dado que ambos se encuentran desconectados del núcleo urbano y cuya transformación puede conllevar impactos relevantes sobre el paisaje y el modelo territorial del municipio.

3. Los documentos definitivos de planeamiento y el informe de sostenibilidad ambiental deberán mantener la coherencia y recoger de manera inequívoca en la documentación gráfica y escrita, lo suelos correspondientes a cada una de las clasificaciones de suelo, así como sus superficies, evitando la superposición de criterios y usos, con especial atención en el ámbito del barranco de la Villa.

4. Se deberá respetar la integridad de las vías pecuarias, las cuáles se clasificarán como suelo no urbanizable especial, conforme a lo dispuesto en la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón, haciéndolo constar en la documentación gráfica.

5. Para prevenir posibles situaciones de exceso de demanda de licencias para construir viviendas unifamiliares aisladas en suelo no urbanizable, será necesario establecer alguna zonificación del territorio con el objetivo de no menoscabar los valores ambientales y paisajísticos del término municipal. Para ello, se deberán tener en cuenta posibles riesgos de contaminación de las aguas y de incendios, contemplando específicamente que los terrenos forestales del término municipal están declarados como zonas de alto riesgo de incendio (Orden de 13 de abril de 2009, del Consejero de Medio Ambiente).

6. Previamente al desarrollo del plan, se deberá dar respuesta a la correcta gestión de las aguas residuales del municipio, debiendo garantizar los servicios y demandas de recursos necesarios para las nuevas zonas a desarrollar, incorporando en el planeamiento la ubicación y trazados de los nuevos sistemas de saneamiento previstos. El documento final deberá considerar los principios y criterios de las ordenanzas del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración y las determinaciones establecidas por el Instituto Aragonés del Agua.

7. El proyecto de construcción de polígonos industriales se encuentra incluido en el grupo 6 del anexo III (Proyectos de zonas industriales) de la Ley 7/2006, de 22 de junio, por lo que el órgano ambiental decidirá, aplicando los criterios establecidos en el anexo IV de la citada ley, si dicho proyecto debe someterse a evaluación de impacto ambiental. En el documento ambiental se incluirán las soluciones concretas, en cuanto a las afecciones ambientales sobre la fauna, los servicios, particularmente en cuanto al saneamiento y depuración de las aguas residuales, el impacto de las nuevas necesidades de recursos, agua y energía, y las medidas de integración paisajística de las nuevas instalaciones.

Sexto. — En el expediente administrativo constan los siguientes informes sectoriales:

—Informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro, de fecha 7 de junio de 2013, de carácter favorable, el cual se estructura en tres aspectos diferenciados: el primero, sobre nuevas demandas hídricas en el que se analiza el origen de los suministros actuales (embalse de Caspe por Canal de Civán y Acequia de la Villa, río Guadalope y extraordinariamente, desde el embalse de Mequinenza), se concluye indicando la existencia de suficientes recurso en origen, sin perjuicio de que puedan ser necesarias nuevas obras de infraestructura para atender la demanda de los suelos ordenados por el Plan. En un segundo aspecto, se analiza el documento desde la perspectiva de área de Control de Vertidos, como aspectos relevantes se indica la tramitación de las autorizaciones para instalar una depuradora en la urbanización “El Dique” y el inicio en la tramitación de los proyectos de depuradora para Playa de Chacón y Península de Chacón. Por último el tercer aspecto que se analiza, se refiere al Servicio de Policía de Cauces, del informe se desprende la existencia de viviendas de segunda residencia y naves agrícolas en el ámbito del cauce Val de la Villa, cuyos caudales alcanzan 99 m3/s para el período de retorno de 100 años y 131 m3/s para el de 500 años. De igual forma, se prescribe que previamente al desarrollo del sistema general “Parque de Palafanga” resulta necesario efectuar el correspondiente análisis de inundabilidad, lo mismo que para el desarrollo del SUZ-ND Batán. Por último se indica que en el Sector SUZ-ND Travia-Nova existen terrenos expropiados para la construcción del embalse de Mequinenza. (En la tramitación del expediente el ámbito ha sido clasificado como suelo no urbanizable)..

—Informe de la Dirección General de Interior, Departamento de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, de fecha 16 de abril de 2012. De carácter favorable, aunque estableciendo una serie de previsiones a tener en cuenta.

—Informe del Instituto Aragonés del Agua, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, de carácter desfavorable, de fecha 6 de marzo de 2012. Posteriormente, se emite otro de carácter favorable, con fecha 18 de septiembre de 2014, tras aportar el correspondiente documento de subsanación.

—Informe del Servicio de Defensa de la Propiedad, del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, de fecha 19 de noviembre de 2012, de carácter favorable, aunque se indica que resultaría conveniente la inclusión de “abrevaderos y descansaderos” asociados a las vías pecuarias. De igual forma se advierte de error en la delimitación gráfica del MUP 319 “Efesa de la Villa”.

—Informe de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Departamento de Política Territorial e Interior, de fecha 6 de agosto de 2012. Este informe establece una serie de consideraciones y condicionantes, entre las que destacan:

a) Garantizar las condiciones de habitabilidad necesarias para los desarrollos urbanísticos previstos en la totalidad de los núcleos urbanos propuestos.

b) Reconsiderar las autorizaciones de vivienda unifamiliar aislada en el suelo no urbanizable.

c) Sería recomendable analizar la proliferación de edificaciones dispersas, sobre todo en el regadío y las construcciones ilegales en suelo no urbanizable.

d) Se contemplará la necesidad de abastecimiento de agua para las expectativas urbanísticas propuestas en todos los núcleos de población

e) Se garantizará las necesidades energéticas para los suelos urbanos planificados

—Informe de la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento, de fecha 27 de abril de 2012, de carácter favorable.

—Informe de ADIF, de 8 de mayo de 2012, de carácter favorable.

—Informe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón, del Ministerio de Fomento, de fecha 3 de julio de 2012. Favorable.

—Informes de la Dirección General de Carreteras, Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón, de fecha 23 de marzo de 2012 y 17 de julio de 2014, ambos de carácter desfavorable. Finalmente, con fecha 9 de febrero de 2015, se emite por este organismo informe favorable.

—Informe del Servicio de Infraestructuras, Vías y Obras, Diputación Provincial de Zaragoza, de fecha 29 de febrero de 2012. En sentido favorable.

—Informe de la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural, Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, de fecha 9 de marzo de 2012. Se advierten ciertas deficiencias que deben ser subsanadas a la vez que se suspende la aprobación del Catálogo.

—Informe de la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de fecha 22 de octubre de 2012. En el que se indica que no se alinea por no adecuarse a la normativa vigente, en concreto al artículo 44 de la Ley de Telecomunicaciones. No obstante en el planeamiento que se trata de aprobar se han hecho las correcciones para su adecuación.

Séptimo. — Visto el informe de los Servicios Técnicos del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza y la Propuesta de la Ponencia Técnica del Consejo Provincial de Urbanismo, de 16 de febrero de 2015, relativos al expediente de Plan General de Ordenación Urbana, de conformidad con la normativa vigente.

Vistos los preceptos del Decreto legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo; de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, modificada por Ley 4/2013 de 23 de mayo; del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en materia de organización, planeamiento urbanístico y régimen especial de pequeños municipios; de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de política de vivienda protegida; del texto refundido de la Ley de Suelo aprobado por Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio; de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; del Decreto 331/2011, de 6 de octubre, modificado por Decreto 160/2013, de 7 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes; del Decreto 129/2014, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Consejos Provinciales de Urbanismo, y demás normativa aplicable en la materia, se aprecian los siguientes,

Fundamentos de derecho;

Primero. — El marco normativo aplicable al presente Plan General es la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón.

Cabe indicar que la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, ha sido modificada por la Ley 4/2013, de 23 de mayo, y su articulado objeto de refundición por Decreto legislativo 1/2014, de 8 de julio. De conformidad con la Disposición Transitoria Cuarta de dicho texto refundido, el régimen aplicable a los instrumentos de planeamiento será el vigente en el momento en que recayó el acuerdo de aprobación inicial. De ahí que el procedimiento que nos ocupa le será de aplicación la Ley 3/2009, de 17 de junio, en su redacción original.

Segundo. — El Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza es el órgano competente para la aprobación del PGOU, disponiendo para ello de un plazo de seis meses, según indica el artículo 49.7 de la Ley 3/2009 de Urbanismo de Aragón.

Tercero. — El municipio de Caspe se rige por un Plan General de Ordenación Urbana cuya antigüedad data de 9 de junio de 1987, en el que se aprobó parcialmente con prescripciones, dándose por cumplidas las mismas en fecha 19 de abril de 1991.

Cuarto. — En primer lugar, conviene apuntar las particulares circunstancias geográficas que inciden en el extenso territorio correspondiente al término municipal de Caspe:

Ubicación entre la llanura de inundación del río Ebro, en el embalse de Mequinenza y las áridas estepas al norte y al sur, en el término municipal. Caspe es la cabecera de la Comarca Bajo Aragón-Caspe, que engloba los municipios de Mequinenza, Chiprana, Escatrón Fabara, Fayón, Maella y Nonaspe, se encuentra en una zona de baja densidad de población y con un importante aislamiento espacial dentro de la provincia (a más de 80 km de Zaragoza y a más de 25 km de poblaciones de más de 2000 habitantes).

Las principales vías de comunicación son:

• N-211 (conecta Fraga con la N330 al Sur de Calamocha), permite conectar con la N-II (Madrid-Zaragoza-Barcelona) y con la A2. En dirección Alcañiz se conecta con la N-232 y con la N420. La variante de esta carretera permitió liberar el tráfico que se producía en calles del casco urbano.

• A-230 (Caspe N-211 a Sariñena A-131): permite la conexión con la N-II y con la AP-2 en Bujaraloz

• A-221 (Quinto de Ebro a Gandesa): comunica Caspe con Quinto y Escatrón por el oeste y con Maella por el este.

El PGOU propone una “variante sur” de la población que eliminaría el tránsito de vehículos por la travesía correspondiente a las avenidas de Joaquín Costa y Maella. El transporte interurbano se completa con una línea férrea con estación de segundo orden en la localidad y con importante línea de autobuses.

En el expediente consta un estudio de tráfico que ayuda a determinar la jerarquía viaria, los déficits de aparcamiento en ámbitos específicos del casco histórico y otros disuasorios en situación más periférica, así como a proponer la variante sur de la población. El estudio proporciona una notable información que resulta esencial para la determinación de las necesidades inherentes al sistema viario tanto en el modelo existente, como en el que se define en el nuevo PGOU.

Del estudio de tráfico realizado, se deducen propuestas y soluciones sobre la trama urbana existente realizadas de acuerdo con la caracterización de la trama viaria del municipio. Entre las soluciones que se apuntan, se analizan propuestas de movilidad sostenible, tales como la definición de algunas calles de coexistencia con prioridad peatonal, análisis para la implantación de carril-bici así como la propuesta para modificar el sentido de circulación de algunas calles o la propuesta para modificar los horarios de carga y descarga en evitación de congestión en “horas punta”.

Otro de los aspectos importantes que se deducen del estudio de tráfico, consiste en el análisis de las soluciones de aparcamiento, especialmente en el casco histórico y adicionalmente con la propuesta de generación de aparcamiento disuasorio en posición relativamente próxima al centro de la ciudad. Del análisis, se concluye con la propuesta de ampliación en la capacidad del aparcamiento que ya existe en los solares que ya ha habilitado el Ayuntamiento: en el solar existente entre las calles Chorrío y Nuestra Señora del Rosario, cuya capacidad alcanzaría 25 plazas, así como el existente en calle Nuestra Señora del Rosario con una capacidad de 15 plazas. Al peatonalizar algunas calles del casco antiguo, resulta necesaria la creación de nuevas plazas de aparcamiento asociado a las calles con tráfico rodado. Se propone continuar con la sistemática que ha venido utilizando el Ayuntamiento, de tal modo que se apunta la posibilidad de generar un nuevo espacio en la calle

Hospital que permitiría resolver las necesidades de aparcamiento del ámbito administrativo situado junto a la plaza de España. Se proponen además dos importantes aparcamientos disuasorios, el primero junto a la Avenida de Chiprana de 7.700 metros cuadrados, con capacidad de unas 200 plazas de aparcamiento y el segundo junto al cruce entre el Camino Albanillas y la calle de Mequinenza, en este caso se encuentra asociado al desarrollo de la UE-5, próximo al casco histórico con una superficie prevista de 3580 metros cuadrados y capacidad para 130 plazas. Se completa el estudio con la propuesta de otras tres aparcamientos (calle Chorrío, C..ª Zurradería , Plaza de la Estación).

Quinto. — Respecto a la justificación en la clasificación de los suelos urbanos y urbanizables, puestos en relación con la dinámica socio-económica del municipio, en el PGOU se determina lo siguiente:

a) Usos industriales: en la memoria justificativa del plan se alude por un lado a la crisis en el sector de la confección que ha afectado desfavorablemente al empleo industrial, sin perjuicio de la existencia de nuevas implantaciones, junto a la voluntad municipal en lo relativo a la creación de nuevo suelo industrial. Los polígonos industriales actuales que se encuentran prácticamente colmatados son:

—”Cabezo Mancebo”.

—”Cabezo Monteagudo o El Castillo”.

—”Los Arcos-Adidas”.

—”El Portal”.

El PGOU propone el mantenimiento de los existentes, la inclusión como suelo urbano consolidado del entorno de la Avenida de Maella y la inclusión del área industrial existente en el C.º Batán, como suelo urbano no consolidado (UE-34).

b) Usos residenciales: en la memoria justificativa del plan se pone de manifiesto el mantenimiento de la vitalidad del casco antiguo, sin perjuicio de la existencia de edificaciones en mal estado en diversos ámbitos. El Ayuntamiento ha intervenido en alguno de los puntos deteriorados, con la finalidad de obtener espacios libres y de aparcamiento en sustitución de edificaciones en mal estado. (Aparcamiento calle Alta-calle Hospital). En consecuencia el Plan propone una moderada colmatación de los espacios intersticiales vacantes, junto con el crecimiento en las áreas perimetrales al núcleo, preservando las laderas y el espacio de la Val de la Villa y el cauce del Guadalope, que conformarán el cinturón verde de la población.

Los espacios intersticiales pendientes de urbanizar se clasifican como suelo urbano no consolidado. En esta clasificación se incluyen tanto las unidades de ejecución pendientes de desarrollo en el Plan vigente, como las nuevas que se definen para resolver problemas urbanísticos puntuales.

Las áreas de nuevo crecimiento residencial se incluyen como suelo urbanizable delimitado (SUZ-D) o como suelo urbanizable no delimitado (SUZ-ND). Dentro de los suelos urbanizables delimitados, el PGOU, únicamente ha incluido el denominado “Sector A”, y como no delimitados los Sectores “B” y “S2”. El desarrollo de los sectores se ubica en los ejes de crecimiento existentes y permitirá resolver el remate de urbanización de tramas periurbanas, la obtención de zonas verdes y equipamientos, así como la resolución de infraestructuras (especialmente viarias y de saneamiento).

Dentro de la ordenación del suelo residencial se analizarán los ámbitos correspondientes a “Playas de Chacón” y la urbanización “El Dique o Pescadores”. A su vez, Playas de Chacón, en función de grado de urbanización y ocupación por la edificación, se subdivide en las áreas de gestión: “Playas de Chacón” y “La península de Chacón”. El objetivo consiste en completar infraestructuras y dotaciones. Se detallan las circunstancias y condiciones de ordenación a lo largo del presente informe-propuesta.

En la propia memoria del Plan (pág. 82) se establece como hipótesis de trabajo un incremento de población sostenido desde principios de los 2000 (en torno a 8.000 habitantes).

La memoria justifica como capacidad del plan una población máxima de 17.785 habitantes, considerando el desarrollo de la totalidad de las UE y Sectores de suelo urbanizable.

Esta hipótesis supondría entender como razonable una capacidad máxima en torno al doble de la capacidad actualmente dispuesta. No obstante, se debe indicar que buena parte de los desarrollos previstos, ya se encontraban incluidos en el planeamiento vigente.

Se debe indicar que a lo largo de la vigencia del Plan actual, se ha iniciado la tramitación de unas 21 modificaciones puntuales del mismo, alcanzando aprobación definitiva 13 de ellas. En cuanto al desarrollo de planeamiento de segundo grado, han alcanzado aprobación definitiva.

—Plan parcial Industrial “El Portal” año 2007: 26,9 Has, urbanizado.

—Plan Parcial “Recinto Ferial” año 2007: 5,45 Has Residencial + equipamiento. Convenio Ayto-propietarios, recurrido en vía contenciosa y anulada aprobación definitiva.

—Plan Parcial Sector S-1 2009: 0,8 Has, residencial , 75 viv/Ha, en el P.P. se reduce a 38 viv/Ha.

(Además se han presentado otros dos Planes Parciales (Viucsa y Travia Nova) que no han sido tramitados). También consta la tramitación de 6 Planes Especiales y de al menos 4 Estudios de Detalle.

Los datos más significativos en cuanto a capacidad del Plan vigente se resumen en las tablas siguientes:

(*) Ver BOP de Zaragoza

Sexto. — El Plan General de Caspe clasifica la totalidad del término municipal dentro de las tres grandes categorías que establece la legislación vigente, Suelo No Urbanizable (genérico y especial), Suelo Urbanizable (delimitado y no delimitado) y suelo Urbano (consolidado y no consolidado).

El Plan realiza un análisis pormenorizado de las características geográfícas de la totalidad del término municipal y recoge en su memoria justificativa las protecciones sectoriales que operan de forma singular sobre el suelo no urbanizable.

1) Suelo no Urbanizable:

a) Suelo No Urbanizable Especial:

Dentro de la categoría de suelo no urbanizable especial, resultan incluidos los ámbitos que se clasifican conforme la relación siguiente :

A. Protección del ecosistema natural:

—Superficies de agua permanentes.

—Humedales.

—Cauces y riberas fluviales.

—Masas arbóreas naturales.

—Matorral/suelo estepario.

—Lugares de Importancia Comunitaria (LIC).

—Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

—Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Sector Oriental de Monegros y del Bajo Ebro Aragonés.

—Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Zonas Esteparias de Monegros Sur (Sector Occidental).

—Montes de Utilidad Pública.

—Vías pecuarias.

—Árboles singulares.

B. Protección del ecosistema productivo agrario:

—Explotaciones agrícolas extensivas.

C. Protección del patrimonio cultural en el medio rural (SNUE PC):

D. Terrenos sujetos a protecciones sectoriales y complementarias:

—Protección del sistema de infraestructuras hidráulicas.

—Protección del sistema general de comunicaciones.

—Protección del sistema general de comunicaciones rurales.

—Protección de riesgos naturales singulares: zonas inundables por escorrentía superficial.

—Protección de riesgos naturales singulares: escarpes inestables.

—Servidumbres.

Como puede deducirse del amplio repertorio de protecciones que detalla el PGOU, algunas de estas protecciones sectoriales entrarían dentro de los supuestos del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, al encontrarse recogidas en legislación sectorial específica, pero la mayor parte de las categorías se encontrarían fuera del ámbito del suelo no urbanizable especial al no encontrarse expresamente incluidas en instrumento de planificación ambiental, territorial o cultural con un carácter territorial más amplio que el propio término municipal. En este aspecto, y sin perjuicio que la tramitación del documento no suponga impedimento para su aprobación, por encontrase fuera del ámbito temporal de aplicación del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, sería deseable la adaptación de esta clasificación a la legislación actualmente en vigor.

Respecto a la incidencia de los informes sectoriales en esta categoría de suelo, se debe indicar que el informe de Defensa de la Propiedad respecto a los MUP y Vías Pecuarias, indicaba la existencia de error en la delimitación de un MUP, así como la conveniencia de incluir dentro de la relación de vías pecuarias los abrevaderos y descansaderos. Una vez analizada la documentación técnica elaborada para la aprobación provisional, parecen haber sido rectificadas las matizaciones que se indicaban en el informe de Defensa de la Propiedad, no obstante deberá obtenerse nuevo informe favorable respecto a la nueva documentación, por lo que debería quedar en suspenso el SNU-E hasta tanto no se obtenga el correspondiente informe favorable.

b) Dentro de la categoría de Suelo No Urbanizable Genérico, el PGOU distingue las siguientes categorías:

—Regadío.

—Común.

—Equipamiento.

—Camping.

En este sentido, cabe indicar que parece lógica la distinción entre suelo no urbanizable genérico de secano y de regadío, ahora bien, las categorías de Equipamiento y de Camping constituyen una limitación a otros suelos que en virtud de la correspondiente autorización en suelo no urbanizable pudiesen albergar este tipo de construcciones. De otra forma, podría darse el error de que únicamente pudieran desarrollarse estos usos dentro de las categorías de suelo así detalladas, cuando en realidad podrían ser establecidas en cualquier otro tipo de suelo no urbanizable genérico, siempre que las actividades que vayan a implantarse cuenten con la preceptiva autorización en Suelo no Urbanizable.

Por otra parte, tampoco existe una específica regulación normativa de estas calificaciones en el suelo no urbanizable genérico. Por tanto deberá subsanarse este aspecto previamente a la aprobación definitiva d el PGOU.

2) Suelo urbanizable. En relación a este tipo de suelo se debe indicar que han sido previstas tanto la categoría del suelo urbanizable no delimitado (SUZ-ND), como la de suelo urbanizable delimitado (SUZ-D).

De la comparación entre documentos, se deduce que la nueva propuesta apenas propone incremento en la extensión del suelo ya clasificado como urbano o urbanizable, con respecto al planeamiento vigente.

a) Suelo Urbanizable Delimitado. Cabe indicar que los Planes Parciales aprobados y en vigor, se integran en el PGOU como Planeamiento Recogido. Mencionar además que, de conformidad con la información aportada por el Ayuntamiento, ha sido dictada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de fecha 23 de diciembre de 2014, la cual, en su fundamento de derecho tercero, anula el correspondiente Plan Parcial por no haberse observado el principio de jerarquía normativa del planeamiento. Sobre la ordenación que corresponde a estos suelos urbanizables deberá pronunciarse el Ayuntamiento ya que, si bien el Plan Parcial, como se ha establecido anteriormente ha quedado anulado, no lo ha sido la modificación de la que traía causa el citado Plan Parcial. No se cuestiona, por tanto, las clasificación del suelo pero sí los parámetros urbanísticos aplicables a la misma, en la medida en que el sector de Suelo Urbanizable Delimitado “Recinto Ferial” es planeamiento recogido y este ha sido anulado. De ahí que, en tanto en cuanto esta situación no se resuelva, este ámbito permanecerá en suspenso. En consecuencia, queda también sin poder determinarse el cálculo del Aprovechamiento medio de la totalidad del suelo urbanizable delimitado a expensas de la solución que se adopte por la Administración Municipal.

El PGOU clasifica como suelo urbanizable “delimitado” diversos sectores de uso residencial y de uso industrial: (realmente únicamente prevé dos sectores destinados al uso residencial)

Sectores de uso característico residencial.

1) Sector A: engloba la mayor parte de los antiguos sectores S2 y S3 del PGOU1991, y algunos terrenos colindantes al Oeste del campo de fútbol hasta las laderas de la Palafanga. Se le asigna como sistema general adscrito (SGAD) una superficie del equipamiento docente previsto entre Av. Chiprana y C.º Batán.

Uso predominante residencial.

Superficie del sector: 78.010,09 m2 + 17.129 metros cuadrados [SGAD: equip. docente ChipranaBatán].

Aprovechamiento medio: 0,8 (s/. sector, sin SG/a).

Densidad global: 50 viv/hab.

Número máximo de viviendas: 390.

Edificabilidad bruta máxima: 0,8 m2/m2 (s/. sector, sin SG/a).

El PGOU incluye en dicho sector las siguientes previsiones con carácter vinculante [si bien dichos aspectos, deberán ser definidos con exactitud por el planeamiento de segundo grado (Plan Parcial)]:

—Sistemas generales adscritos: 14.050 metros cuadrados de equipamiento: docente Av. Chiprana–C.º Batán.

—Localización de sistema local de equipamientos junto a Av. Chiprana.

—Estructura viaria en prolongación de la existente; el trazado viario concreto se grafía con carácter indicativo.

—30% del aprovechamiento destinado a viviendas protegidas.

Determinaciones indicativas:

—Tipo de ordenación: MAINRMAINDPOL.

—Sistema de actuación: cooperación.

Desarrollo:

—Plan Parcial.

—Proyecto de Reparcelación.

—Proyecto de Urbanización.

Es conveniente consultar al Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón en relación con la reserva como Sistema General de equipamiento educativo.

2) Sector “Recinto Ferial”: situado al Sur de la Av. de Maella, se corresponde con parte del suelo urbanizable no programado del plan anterior que, por iniciativa municipal, se delimitó como sector de suelo urbanizable delimitado (SUZD) para albergar el nuevo recinto Ferial y usos residenciales. Los parámetros correspondientes al citado Sector son los siguientes:

Uso predominante equipamiento y residencial.

Sistema de actuación: cooperación (convenio).

Superficie del Sector: 54.491,70 metros cuadrados.

Aprovechamiento medio:

—1,678 (con coeficientes de MPGOU núm. 13).

—1,22345 (con coeficientes de MPGOU núm. 13/sin SG equipamiento).

—0,5186 (con coeficientes iguales a 1/sin SG equipamiento).

Número máximo de viviendas: 177 (68 unifamiliares y 109 colectivas).

Densidad global (incluido SG): 32,50 viv/ha.

Cesiones:

—Espacios Libres y Zonas Verdes: 9.038,37 metros cuadrados.

—Equipamiento polivalente: 19.850,60 m2/edificabilidad: 0,7 m2/m2.

—Viarios: 10.498,05 metros cuadrados.

—Aparcamiento uso público: 2.425 metros cuadrados.

—Total cesiones: 41.812,02 metros cuadrados.

Zonas:.

—Viviendas tipo A2 (colectiva): 5.800 metros cuadrados.

—Edificabilidad neta 2,5 m2/m2.

—Viviendas tipo B (unifamiliar): 6.879,68 metros cuadrados.

—Edificabilidad neta 2 m2/m2/parcela mínima 100 metros cuadrados.

El Plan Parcial mencionado tiene el carácter de planeamiento incorporado al PGOU, o “planeamiento recogido” (PR).

Por lo tanto, la capacidad residencial máxima del SUZ-D es de 567 viviendas/1.701 habitantes.

Ello, no obstante, como se ha indicado anteriormente, sobre este sector ha recaído reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón anulando el Plan Parcial que lo desarrollaba, la cual, entre sus fundamentos de derecho, recoge en el tercero de ellos: “pero es que, además, cuando se aprobó el Plan Parcial aquí impugnado, ni siquiera se había producido tal publicación. Por lo que es claro que al no haber entrado en vigor la Modificación del PGOU por la que se procedió a la delimitación de un Subsector en los terrenos señalados en el entonces vigente Plan General como Suelo Urbanizable No Programado (Suelo Urbanizable No Delimitado, según la Transitoria Tercera de la LUA-, el Plan Parcial que lo desarrollaba carecía de la necesaria cobertura y soporte jurídico, lo que determina, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial referida, que deba declarase su nulidad”.

b) Suelo Urbanizable No Delimitado. Cabe indicar que se prevén dos ámbitos dentro de los que pueden establecerse sectores con una extensión mínima de 4 Has para uso residencial y de 8 Has para uso industrial. A pesar de haber regulado la extensión mínima del sector para uso industrial, realmente no se prevé ámbito alguno con esta finalidad de uso global, por lo tanto este mínimo puede constituir una limitación innecesaria que eventualmente podría dificultar ajustes puntuales del PGOU a lo largo de los próximos 15 años. Parece más adecuado que esta limitación sea suprimida o al menos dejar únicamente una limitación de extensión mínima de 4 has para cualquier tipo de SUZ-ND, sin perjuicio de que en el caso de futura previsión de ámbito de SUZ-ND, siempre deberá realizarse el procedimiento de delimitación en el que se justifique la idoneidad de la extensión que pudiera ser precisa. Los ámbitos que se prevén en el PGOU son los siguientes:

•Ámbito residencial “B”:

Engloba el sector S4 del PGOU vigente y lo amplía ocupando la plana existente al SO del núcleo, en las inmediaciones del colegio Alejo Lorén e instituto Albareda.

Uso predominante residencial.

Superficie del ámbito: 74.855,07 metros cuadrados.

Edificabilidad bruta máxima: 0,5 m2/m2 (s/. sector).

Densidad máxima: 30 viv/ha.

Número máximo de viviendas: 224.

Desarrollo:.

Delimitación de sectores.

Plan Parcial.

Proyecto de Reparcelación.

Proyecto de Urbanización.

El PGOU incluye las siguientes previsiones con carácter vinculante [si bien dichos aspectos, deberán ser definidos con exactitud por el planeamiento de segundo grado (Plan Parcial)]:

—Estructura viaria en prolongación de la existente; el trazado viario concreto se grafía con carácter indicativo.

—Localización de sistema local de verde público.

—30% del aprovechamiento destinado a viviendas protegidas.

Determinaciones indicativas:

—Tipo de ordenación: MAINRMAINDPOL.

—Sistema de actuación: cooperación.

•Ámbito “S2/Carasol” (residencial unifamiliar):

Situado en la falda del Cabezo Mancebo, engloba el “salpicado” de edificaciones aparecidas en la zona, destinadas a usos residenciales o agropecuarios. Se clasifica como ámbito de suelo urbanizable no delimitado (SUZND), con objeto de su ordenación con legalización de las edificaciones existentes, y la efectiva urbanización de los terrenos, (sobre todo el alcantarillado). Puesto que se piensa en una urbanización mínima que mantenga un carácter semirural en el ámbito, el trazado viario previsto con carácter indicativo se limita a mejorar las condiciones trazado y latitud de los caminos rurales actuales, sin aperturas significativas. La edificabilidad prevista es baja, a base de vivienda unifamiliar en parcelas de aproximadamente 1.000 metros cuadrados.

Uso predominante residencial unifamiliar.

Superficie del ámbito: 50.775,64 metros cuadrados.

Edificabilidad bruta máxima: 0,4 m2/m2 (s/. sector).

Densidad máxima: 20 viv/ha.

Número máximo de viviendas: 102.

Desarrollo:

Delimitación de sectores.

Plan Parcial.

Proyecto de Reparcelación.

Proyecto de Urbanización.

El PGOU incluye las siguientes previsiones con carácter vinculante [si bien dichos aspectos, deberán ser definidos con exactitud por el planeamiento de segundo grado (Plan Parcial)]:

—Estructura viaria coincidente con caminos; el trazado viario concreto se grafía con carácter indicativo.

—30% del aprovechamiento residencial destinado a viviendas protegidas.

Determinaciones indicativas:

—Parcelas de organización libre 1.000 metros cuadrados (POL/1000).

—Sistema de actuación: cooperación.

Por lo tanto, la capacidad residencial máxima del SUZ-ND es de 326 viviendas/978 habitantes.

3) Suelo urbano. En relación a este tipo de suelo se debe poner de manifiesto la existencia de un importante número de ámbitos de suelo urbano no consolidado, buena parte de los cuales ya derivan del planeamiento actualmente vigente. Destinadas al uso residencial se definen 26 unidades de ejecución y con destino al uso industrial otras 4.

Respecto a las 26 unidades de ejecución destinadas al uso residencial, se dan las circunstancias siguientes:

—10 de ellas ya se encontraban previstas en el PGOU vigente y, solo sobre alguna de ellas se habían iniciado algún tipo de actuación (p.ej.: Convenio urbanístico y modificación puntual del PGOU). En estos casos se establece un período “transitorio” de hasta cinco años durante el cual se “mantienen” las determinaciones del Plan anterior. Se considera, respecto de dicha transitoriedad que la misma debe quedar justificada, máxime en el supuesto de tratarse de ámbitos vacantes.

—3 unidades de ejecución se ubican, una en la Urbanización “El Dique” y 2 en ” Playas de Chacón”.

—1 Unidad de ejecución tiene por objeto la expropiación de un “paso” para acceder al Escenario del Teatro Goya

—1 UE tiene por objeto generar espacio para aparcamiento subterráneo junto a estación del ferrocarril.

El resto se corresponden con necesidades de ajustes en la trama urbana y fundamentalmente apertura de nuevos viarios. A las unidades de ejecución más próximas al casco urbano tradicional, el PGOU asocia intensidades de uso de entre 70 y unas 100 viv/Ha, excepto en la UE-33, “La Rosaleda” en el que se adopta el parámetro de 150 Viv/Ha y que se corresponde con ámbito en el que se impone la obligación de reconstruir el edificio “La Rosaleda” (catalogado y declarado M.I.L.) en posición aislada y cederlo gratuitamente al Ayuntamiento. Esta particularidad se analizará de forma más detallada.

Por último, en lo relativo a las unidades de ejecución en las urbanizaciones exteriores al casco urbano tradicional, el objetivo es el de completar la urbanización, ya que en algunos casos es muy deficiente y prácticamente inexistente en otros.

Además se prevén 4 U.E. destinadas al uso industrial, dos de ellas se ubican en el Polígono Industrial “Los Arcos” y de las otras dos restantes, una se ubica al norte de la Avenida de Maella y la otra al Oeste del camino Batán.

En general, para justificar el cumplimiento del porcentaje del suelo urbano no consolidado respecto de la totalidad del suelo urbano, se aplica el principio de áreas funcionales homogéneas verificando que la suma de los ámbitos de suelo urbano no consolidado resulta ser inferior a la tercera parte del suelo urbano. No obstante en cuanto a las Urbanizaciones Playas de Chacón y Península de Chacón, clasificadas en su totalidad como SU-NC, no se puede verificar la justificación indicada por tratarse de “urbanizaciones” antiguas que ya se consideraron como SU-C por el PGOU de 1991.

Volviendo al análisis de las determinaciones asociadas al desarrollo de la UE-33, en el PGOU se indica lo siguiente:

UE-33 LA ROSALEDA

(*) Ver BOP de Zaragoza

Por otra parte en el Catálogo se indica que se trata de un M.I.L., declarado en Pleno de fecha 29-10-2007, (BOA núm. 138 de 23 de Nov. 2007).

Analizada la cuestión, y supeditado a lo que se indique en el Informe de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Zaragoza sobre el Catálogo, a priori no parece que sea lo más coherente proponer la demolición y posterior reconstrucción del edificio a una distancia de unos 20 m de la ubicación original, por otro lado, para las edificaciones previstas en el entorno próximo se define una altura de PB + 3 o de PB + 3 + a; mientras que en el ámbito de la UE-33, se prevé de PB + 4, siendo el monumento a potenciar de PB + 1. La solución que se determina en el PGOU para el ámbito de SU-NC, (demolición y reconstrucción fidedigna) no parece lo más adecuado para poner en valor el Monumento de Interés local y resolver un aprovechamiento residencial adicional en el ámbito. Se propone suspender la aprobación de la UE 33 para que pueda ser analizada la ordenación del ámbito en evitación de la necesidad de demoler y reconstruir el M.I.L. “La Rosaleda”.

Por último en lo relativo al Suelo Urbano Consolidado, indicar que tal y como se indica en la propia memoria justificativa del PGOU, su regulación se estructura conforme a los criterios siguientes:

“…La zonificación del PGOU se define de acuerdo con los tipos de “alineación de vial”, “parcelas de ordenación libre” y “volumetría específica”. Las zonas de “casco antiguo”, “manzanas con alineación interior no rebasable” (MAINR), y “manzanas con alineación interior no definida” (MAIND) pertenecen al tipo que se define según la alineación del viario, dado que es la dimensión de la fachada al mismo (es decir la relación de la parcela con el espacio público) la que otorga las condiciones de edificabilidad a una parcela en relación con el fondo máximo y con la altura máxima edificables que se definen la primera en función de la salubridad y la seguridad, y la segunda en función del paisaje urbano existente.”

Del mismo modo, en la documentación aportada se justifica la regulación de los fondos edificables que se han establecido a partir de las formas históricas de ocupación de la parcela y teniendo en cuenta las actuales exigencias de seguridad y salubridad. Lo más importante es que tiende a general un patio de manzana que permite mejorar las condiciones de ventilación y soleamiento de las viviendas con doble orientación. En general, el fondo edificable máximo de las manzanas calificadas se fija en 15 m, un fondo usual que da lugar a edificaciones de 3 crujías para viviendas con doble orientación (a fachada y a patio de manzana).

En zonas reguladas según el tipo de “parcelas de ordenación libre”, la edificabilidad asignada es de tipo “cuantitativo”, si bien en el nuevo Plan, se reduce respecto a las zonas A2 y B del PGOU vigente, y se regula la densidad estableciendo una parcela mínima por vivienda. Los nuevos parámetros adoptados se consideran adecuados pues permiten una edificación razonable de viviendas unifamiliares.

Respecto a las alturas reguladoras máximas, el criterio adoptado es el mantenimiento de las alturas mayoritarias según tramos de calle o según manzana.

En consecuencia se establecen las Zonificaciones siguientes:

• Casco antiguo (CA).

—Manzanas con alineación interior no rebasable (MAINR).

—Manzanas sin alineación interior (MAIND).

—Parcelas de ordenación libre (POL).

• POL120.

•POL150.

•POL200.

•POL400.

•POL500.

•POL800.

•POL1000.

—Ordenación volumétrica (ZOV).

— Industrial.

—Zona verde privada.

En la memoria Justificativa del PGOU, se estima la capacidad residencial del PGOU, resultando:

—Suelo urbano consolidado (SU-C):

Población actual (Padrón 2013): TOTAL SU- C.

N.º máximo viviendas: 9.226.

N.º máximo habitantes: 11.071.

—Capacidad total estimada SU-C: 11.071 habitantes (+20%)

Suelo urbano no consolidado (SU-NC)

(*) Ver BOP de Zaragoza

Se observa que el nuevo PGOU propone una capacidad máxima inferior a la explicitada en la memoria del PGOU vigente, no habiéndose producido otros incrementos sustanciales de suelo diferentes de los asociados al desarrollo de suelos urbanizables como el Polígono industrial “El Portal”.

La propia memoria justificativa del Plan, concluye indicando que la ordenación propuesta, proporciona capacidad suficiente para albergar el crecimiento de la población, advirtiendo la existencia de abundante suelo clasificado como urbano no consolidado, sobre todo en las urbanizaciones “El dique” y “Playas de Chacón”, además de la renovación convencional de edificios obsoletos en el casco urbano consolidado que normalmente incrementa el número de viviendas. El desarrollo de la totalidad de las UE y de los sectores de suelo urbanizable delimitado permitirían prácticamente duplicar la población existente. No siendo previsible el desarrollo de la totalidad de los suelos clasificados.

El desarrollo de los ámbitos de suelo urbanizable no delimitado, se considera como una posibilidad, o reserva de suelo a largo plazo.

Por todo ello, el documento tramitado puede responder adecuadamente a las necesidades de ordenación del la Ciudad de Caspe, habiendo recogido los desarrollos realizados a lo largo de los casi 30 años de vigencia del plan que se revisa (Aprobado en 1987, y con texto refundido del año 1991).

Séptimo. — Respecto de los informes sectoriales aportados, indicar lo siguiente:

•En relación al Informe del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza (Defensa de la Propiedad), indicar que el proyecto de planeamiento que se somete a examen parece haber recogido las prescripciones que se le demandaban en dicho informe al Ayuntamiento, debiéndose enviar aquel a dicho servicio para su verificación. En este momento interviene el representante del Departamento de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente (Planificación Ambiental), que presta conformidad a esta prescripción por considera necesario un nuevo pronunciamiento del del Servicio Provincial de Agricultura (Defensa de la Propiedad).

•Respecto del Informe de Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento, se hace constar a instancia del representante del Gobierno de Aragón, Director del Área de Fomento, que de conformidad con el informe emitido por este Organismo, el Ayuntamiento de Caspe deberá enviar al Ministerio, un texto refundido en el que queden recogidas las determinaciones por él establecidas, con el fin de prestar conformidad al mi smo.

•Respecto del Informe de Telecomunicaciones, el Plan General de Ordenación Urbana de Caspe, parece ser que se han atendido las prescripciones que se determinaron en el mismo; no obstante, deberá solicitarse el correspondiente informe al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para que se verifique y confirme dicha adaptación.

•Deberá solicitarse Informe de la Secretaría de Estado de Energía en relación al Gasoducto y a las infraestructuras eléctricas.

En otro orden de cosas, por el representante del Departamento de Política Territorial e Interior, se recuerda que el Dique de Caspe debe contar con el Plan preceptivo, en relación con la presa allí ubicada.

Octavo. — Tal y como se ha venido indicando a lo largo del presente informe-propuesta, los aspectos a subsanar para la aprobación definitiva del Plan son los siguientes:

En lo relativo al suelo no urbanizable, se deberán eliminar las zonificaciones “Camping” y “Equipamiento”, por tratarse de usos susceptibles de ser autorizados en el suelo no urbanizable genérico, conforme a sus correspondientes procedimientos.

De igual forma, a pesar de que tal y como se indica en memoria, las incidencias sobre los suelos de protección especial a las que se alude en el informe de defensa de la propiedad sobre los MUP y Vías Pecuarias, parecen haber sido subsanadas, deberá obtenerse nuevo informe favorable sobre la solución determinada en el Plan.

En cuanto al suelo no urbanizable, indicar que sería recomendable adecuar la gradación en la clasificación de los suelos no urbanizables de protección especial a lo dispuesto al texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.

En cuanto a los suelos urbanizables, se debe señalar que los ámbitos Travia Nova y el denominado “Sector D”, que figuraban en la aprobación inicial, han sido suprimidos en el documento de aprobación provisional.

Considerada la entidad del cambio producido respecto a la aprobación inicial de la clasificación de suelos urbanizables, conviene realizar una nueva exposición pública del documento del Plan General, con el fin de ofrecer a los administrados un reflejo más acorde al resultado final de la elaboración del correspondiente documento. De conformidad con lo establecido en el artículo 63.3 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en materia de organización, planeamiento urbanístico y régimen especial de pequeños municipios y, a la vista de la cuantificación que de los suelos clasificados como urbanizables se ha realizado por los Servicios Técnicos del Consejo y la Ponencia, se considera la eliminación de estos ámbitos como una modificación sustancial del planeamiento.

En cuanto al desplazamiento hacia el Sur de la variante propuesta, en la medida en que se trata de un sistema general que ha variado sustancialmente en su definición geométrica, será preciso que el nuevo trazado sea sometido a nueva información pública, y en consecuencia debería quedar suspendido.

En lo relativo al Suelo Urbano no consolidado, se propone denegar la solución propuesta respecto a la ordenación de la UE-33, debiendo adoptarse solución para la ordenación del ámbito que no implique la demolición del MIL existente en su ámbito, de igual forma, se ha detectado una errata en la planimetría de clasificación del suelo en el entorno del casco urbano tradicional, al no grafiar la trama de suelo urbano no consolidado en el ámbito de la UE-33.

En lo relativo al informe de telecomunicaciones, si bien han sido incorporadas al expediente las prescripciones por los redactores del PGOU, deberá solicitarse nuevo informe a fin de que quede garantizado el cumplimiento del mismo.

En relación con el suelo no urbanizable se establecen las siguientes consideraciones, no se consideran correctas las calificaciones de suelo no urbanizable “cámping” y “equipamiento”, a la espera de verificar el cumplimiento de las prescripciones impuestas se propone la suspensión de la aprobación

del MUP y de los elementos de las vías pecuarias indicados en el Informe de Defensa de la Propiedad. Por otra parte y a la vista de como se integran los suelos urbanizables no delimitados en el correspondiente Planeamiento general se propone suspender la clasificación del suelo no urbanizable en sus categorías de genérico y especial, recomendando la adaptación de esta segunda categoría a lo dispuesto en el actual marco normativo.

Se propone aprobar definitivamente el suelo urbano consolidado, al suponer una regulación más adecuada que la resultante de la aplicación del plan vigente.

Suspender el Sector A del Suelo Urbanizable Delimitado a resultas del cómputo del aprovechamiento que el Ayuntamiento realice en relación con los suelos del Recinto Ferial que actualmente están clasificados como urbanizables, y sin la correspondiente ordenación, por haberse anulado mediante decisión jurisdiccional, ya que aquel debe pronunciarse respecto de su incorporación al nuevo planeamiento que se tramita y en consecuencia quedará suspendido todo el suelo urbanizable delimitado del planeamiento propuesto ya que como consecuencia de la decisión que adopte el órgano municipal.

Se aprueban los dos ámbitos de Suelo Urbanizable No Delimitado.

En el nuevo texto que subsane las deficiencias indicadas se deberá obtener la justificación específica del cumplimiento de las prescripciones que se deducen de los informes sectoriales.

Noveno. — En relación con las normas urbanísticas, cabe establecer las siguientes consideraciones:

Deberá eliminarse de las mismas cualquier alusión a la prohibición de utilización de la técnica del “fracking”, dado que tal prohibición excede de las competencias municipales, tal y como se deduce de las sentencias del Tribunal Constitucional de 24 de junio de 2014, 22 de julio de 2014 y 15 de diciembre de 2014, que atribuyen al Estado la legislación básica referida a esta técnica de investigación y extracción, por lo que lo que, en consecuencia, lo que el Estado permite, en virtud del artículo 9, apartado quinto de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, no lo pueden prohibir los entes locales.

Deberá justificarse adecuadamente la transitoriedad establecida en las normas de planeamiento en relación a las unidades de ejecución en Suelo Urbano No Consolidado.

En virtud de los antecedentes expuestos,

El M.I. Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza, por mayoría, acuerda:

Primero. — Aprobar definitivamente las siguientes clases de suelo del Plan General de Ordenación Urbana de Caspe:

A. Suelo Urbano Consolidado.

B. Suelo Urbano No Consolidado, salvo el ámbito referido a la UE-33 .

C. Suelo Urbanizable Delimitado a excepción del que figura como planeamiento recogido, Sector “Recinto Ferial”.

D. Suelo Urbanizable No Delimitado

Segundo. — Suspender los siguientes ámbitos:

A. Suelo No Urbanizable, debiéndose delimitar con precisión los Montes de titularidad pública. Asimismo, deberá eliminarse la denominación “camping” y “equipamiento” como usos del suelo no urbanizable genérico, toda vez que dichas categorías, se deberían corresponder con sus respectivas autorizaciones en suelo no urbanizable. Se recomienda, asimismo, la adaptación del Suelo No Urbanizable Especial al nuevo texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto legislativo 1/2014, de 8 de julio.

Respecto de los ámbitos “Travia Nova” y “Sector D”, deberá llevarse a efecto una nueva exposición pública del documento del Plan General.

B. Suelo Urbano No Consolidado: Se propone suspender la aprobación de la UE 33, para que pueda ser analizada la ordenación del ámbito en evitación de la necesidad de demoler y reconstruir el M.I.L. “La Rosaleda”.

C. Suelo Urbanizable Delimitado correspondiente al sector “Recinto Ferial”, de atendiendo a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que anula el planeamiento de desarrollo de dicho sector.

D. El Catálogo, por advertirse deficiencias que deben ser subsan adas.

Tercero. — Aprobar definitivamente las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Caspe, con los siguientes reparos:

a) Se recomienda adaptarse al texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto legislativo 1/2014, de 29 de julio.

b) Deberá eliminarse el apartado quinto del artículo 77 de las normas urbanísticas, por contravenir la Ley 34/1998, de 7 de octubre, de Hidrocarburos, por la que permite la utilización de esta técnica de investigación y extracción en todo el Estado, y que es considerada legislación básica en materia de “fracking” por las sentencias del Tribunal Constitucional de 24 de junio, de 22 de julio y 15 de diciembre de 2014.

Cuarto. — Deberán solicitarse los preceptivos informes de conformidad con lo dispuesto en el fundamento de derecho séptimo, así como efectuar la pertinente consulta al Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón en relación con la reserva como Sistema General de equipamiento educativo del Sector A de Suelo Urbanizable Delimitado.

Quinto. — Se acuerda, igualmente, ordenar la publicación de las normas urbanísticas de los ámbitos que quedan aprobados .

Sexto. — Notificar el presente Acuerdo al Ayuntamiento de Caspe.

Séptimo. — Publicar el presente Acuerdo en la sección provincial del “Boletín Oficial de Aragón”.

NORMAS URBANÍSTICAS

TÍTULO I

Disposiciones generales

Art. 1. Naturaleza.

1. El presente Plan General de Ordenación Urbana es el instrumento urbanístico de ordenación integral del término municipal de Caspe, y de conformidad con la legislación urbanística vigente [LUA-38.1 y RPUA-19], define los elementos fundamentales de la estructura general adoptada por la ordenación urbanística del territorio, y establece las determinaciones orientadas a promover su desarrollo y ejecución, sirviendo, en consecuencia, para la delimitación de las facultades urbanísticas propias del derecho de propiedad del suelo, con especificación de los deberes correspondiente s.

2. El presente Plan se redacta, básicamente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón (en lo sucesivo LUA), texto refundido de la Ley del Suelo estatal (RDL 2/2008, de 20 de junio), Reglamento de Planeamiento (Decreto 52/2002, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón) en los artículos que mantienen su vigencia (en adelante RPUA), los artículos no desplazados expresamente del RD 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (en adelante RGU) y el RD 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (en adelante RDU), Ley 24/2003 de medidas urgentes de política de vivienda protegida (BOA núm. 156, de 31/dic/2003) y sus modificaciones (BOA núm. 40, de 7/abr/2008), Ley 4/2009, de Ordenación del Territorio de Aragón, Ley 6/1998, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón, Ley 3/1999, de Patrimonio Cultural Aragonés, Ley 7/2006, de Protección Ambiental de Aragón, Reglamento de Actividades Molestas Insalubres Nocivas y Peligrosas, Ley de Carreteras y Ley de Carreteras de Aragón (Ley 8/1998), y sus Reglamentos, etc.

3. Las disposiciones contenidas en el Plan General de Ordenación Urbana se entienden subordinadas a las prescripciones legales vigentes de rango superior [LUA-38.2]. Si alguna de las materias objeto del PGOU estuviese regulada a su vez por otra disposición del mismo rango, se aplicaría la que implicase mayor restricción.

Art. 2. Ámbito material y territorial.

El Plan General de Ordenación Urbana afectará una vez aprobado a cuantos actos relativos al uso del suelo y de la edificación, realicen la Administración y los particulares dentro del ámbito territorial del municipio de Caspe (Zaragoza). Ello sin perjuicio de las facultades que correspondan a los distintos ámbitos de gobierno para el ejercicio de sus competencias, de acuerdo con las previsiones y determinaciones del presente PGOU, y según la legislación aplicable por razón de la materia.

Art. 3. Vigencia.

1. El Plan General será inmediatamente ejecutivo una vez publicada en el BOPZ su aprobación definitiva, el texto íntegro de sus normas, así como la documentación señalada en el art. 20 de la Ley 7/2006, de Protección Ambiental de Aragón [LUA-73], y tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de las alteraciones de su contenido mediante modificación o revisión [LUA-76].

2. Una vez publicada su aprobación definitiva y el texto íntegro de la normativa urbanística será inmediatamente ejecutivo en todo su contenido, siempre que la aprobación definitiva no se haya otorgado parcialmente, con reparos, o a reserva de subsanación de alguna deficiencia, en cuyo caso carecería de ejecutividad, en cuanto a la parte objeto de reparos, hasta tanto no fuera publicada la aprobación definitiva de la rectificación correspondiente. [LUA-50].

3. El presente documento de PGOU revisa y sustituye el PGOU de Caspe vigente hasta la fecha [aprobado por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Zaragoza de 9/jun/1987 (BOP 4/08/1987 y 27/06/1990)], y Modificaciones del mismo aprobadas definitivamente.

4. Los instrumentos de planeamiento y gestión aprobados con arreglo a las determinaciones del anterior PGOU, pendientes de ejecución, producirán sus efectos con las condiciones que la revisión del PGOU y estas normas señalen.

Art. 4. Efectos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

1. El Plan General Municipal es público, ejecutivo y obligatorio.

2. La publicidad supone el derecho de cualquier ciudadano a consultar la totalidad del documento de planeamiento, y a pedir información respecto de cualquier contenido del mismo, y la obligación municipal de publicar la normativa aprobada, tener a disposición del público un ejemplar completo del Plan y emitir informe escrito, en el plazo máximo de un mes a contar desde la solicitud, del régimen urbanístico aplicable a cada finca.

  1. La ejecutividad implica la declaración de utilidad pública de las obras previstas en el Plan y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios correspondientes a los fines de expropiación o imposición de servidumbres, así como la facultad para emprender la realización de los proyectos y obras previstos, y la habilitación en favor del Ayuntamiento de las funciones enunciadas en la legislación procedente, en todo lo que fuera necesario para el cumplimiento de las determinaciones del planeamiento.

4. La obligatoriedad significa el deber jurídicamente exigible tanto a particulares como a los Administradores públicos, del cumplimiento exacto de todas y cada una de las determinaciones de planeamiento, gestión y disciplina urbanísticas. Este efecto supone, además, la vinculación a las determinaciones del Plan de los terrenos afectados por ellas, así como del planeamiento de desarrollo y de los proyectos de urbanización que lo complementan.

Art. 5. Documentos integrantes del Plan General Municipal.

1. A los efectos del desarrollo y aplicación del Plan, los diversos documentos integrantes del mismo tienen el contenido y el alcance que se detallan a continuación, de conformidad con LUA-47, en relación con RPUA-49 a 58.

2. La memoria es el documento en el que se establecen las conclusiones de la información urbanística que condicionan o pueden condicionar la ordenación del territorio, se analizan las distintas alternativas posibles y se justifica el modelo elegido, los parámetros utilizados para la clasificación del suelo y el contenido de las determinaciones, tanto generales como las concretas correspondientes a las distintas clases y categorías de suelo, así como un estudio de necesidades de vivienda y dotación de vivienda protegida que justifique las decisiones adoptadas.

3. Los planos de Información integran el documento en el que queda reflejada la situación del territorio y realidad urbana actual del municipal y de la que parte el Plan para establecer sus determinaciones de ordenación; su eficacia se reduce a la pura reproducción de la situación fáctica previa al Plan.

4. Los planos de ordenación contienen y expresan gráficamente las determinaciones sustantivas de la ordenación establecida, tanto las que se refieren a la clasificación y calificación del suelo, estructura general, orgánica y funcional del territorio, alineaciones y rasantes en suelo urbano, así como las que inciden en la regulación de uso del suelo y de la edificación y complementan por tanto los preceptos integrados en la Normativa Urbanística.

5. La normativa urbanística constituye el documento en el que se fija, normativamente, las condiciones a que han de ajustarse todas y cada una de las actuaciones de carácter urbanístico en el término municipal, sean de planeamiento, sean de gestión o ejecución de este, o de edificación o implantación de actividades o usos, delimitando, en consecuencia, el contenido urbanístico del derecho de propiedad.

6. El Catálogo, que supone la relación de los bienes inmuebles que sustentan elementos históricos, artísticos, ambientales, arqueológicos, paleontológicos, naturales y paisajísticos considerados relevantes por el PGOU o la legislación sectorial, con expresión del régimen jurídico de protección aplicable.

7. El estudio económico constituye la previsión económica del Plan, y analiza el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos y, de conformidad con el estudio de necesidades de vivienda, cuando sea preceptivo, residenciales.

8. La documentación ambiental, con arreglo a la Ley 7/2006, de Protección Ambiental de Aragón, sea el informe de sostenibilidad ambiental o la memoria ambiental, según proceda en función de la fase del procedimiento de aprobación

Art. 6. Obligatoriedad de la observancia del Plan.

El Plan General de Ordenación Urbana afectará una vez aprobado a cuantos actos relativos al uso del suelo y de la edificación, realicen la Administración y los particulares dentro del ámbito territorial del municipio de Caspe, en los términos establecidos por LUA-72. Ello sin perjuicio de las facultades que correspondan a los distintos ámbitos de gobierno para el ejercicio de sus competencias, de acuerdo con las previsiones y determinaciones del presente PGOU, y según la legislación aplicable por razón de la materia.

Art. 7. Interpretación de los documentos del Plan.

1. La interpretación de los documentos del Plan se hará atendiendo a su contenido escrito y gráfico y con sujeción a los objetivos y finalidades expresados en la memoria. Con carácter general, prevalecerán los textos sobre las representaciones gráficas y, dentro de éstas, las de escala de dibujo más próxima al tamaño real. En todo caso, cada documento del Plan prevalecerá sobre los restantes en los contenidos a los que se refiera espec íficamente.

2. Si se dieran contradicciones entre mediciones sobre planos y cotas explícitamente indicadas como referencia sobre la realidad, prevalecerán estas últimas; y si se diesen determinaciones en superficies fijadas en porcentajes prevalecerán estos últimos en su aplicación a la realidad concreta.

3. En los casos de contradicción o imprecisión de las determinaciones entre sí, prevalecerá la interpretación más favorable a la menor edificabilidad y a la mayor dotación de espacios libres o al equipamiento comunitario, al mayor grado de protección y conservación del patrimonio cultural, al menor impacto ambiental y paisajístico, a la preservación de la imagen urbana, a la menor transformación en los usos y prácticas tradicionales, y al mayor beneficio social o colectivo, por virtud de la función social de la propiedad y sometimiento de ésta al interés general consagrado en el art. 32.2 de la constitución española. en todo caso, la normativa urbanística prevalece sobre las Ordenanzas y la normativa particular sobre la normativa general en lo que a las determinaciones propias de cada clase de suelo respecta, por ser aquella más específica.

4. Los posibles errores materiales o contradicciones que se detecten en los documentos integrantes del Plan o entre éstos, podrán corregirse mediante el procedimiento regulado en los arts. 135 y 136 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón (en adelante LALA), en relación con el 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LPC).

5. Toda aclaración o interpretación que suscite dudas razonables requerirá un informe técnico-jurídico sobre el tema, en el que consten las posibles alternativas de interpretación, definiéndose la Corporación sobre cuál es la correcta, incorporándose en lo sucesivo como nota aclaratoria del Plan. Cuando sean de tal entidad que afecten a los aspectos substanciales de las determinaciones del documento, deberá seguirse una tramitación idéntica a la establecida para las modificaciones del Plan.

Art. 8. Grafismos.

1. Las determinaciones de ordenación contenidas en los planos correspondientes, constituyen verdaderos preceptos jurídicos gráficamente expresados, con el mismo valor que los contenidos en las presentes normas urbanísticas, y a reserva, únicamente, en los supuestos de colisión regulados en el artículo 7.

2. La significación exacta de los grafismos utilizados por las normas es la que se concreta en los planos de ordenación y en las presentes normas urbanísticas que componen el Plan.

3. A nivel general las determinaciones grafiadas comportan las consecuencias siguientes:

a) Son vinculantes todas las delimitaciones establecidas a efectos de división espacial.

b) Asimismo son vinculantes las alineaciones y alturas fijadas y los volúmenes edificables asignados.

c) Son también vinculantes las delimitaciones de los espacios para equipamientos públicos, con independencia del destino específico que se les asigne en función de las necesidades de cada momento.

4. La delimitación de sectores, unidades de ejecución y sistemas señalados por el Plan General, teniendo en cuenta las tolerancias necesarias en todo levantamiento topográfico, podrá ser precisada o ajustada en los documentos de planeamiento y/o gestión que desplieguen estas normas, quedando debida justificación de ello en la preceptiva memoria.

5. Este ajuste será obligatorio cuando al confrontar los planos del Plan General con la realidad topográfica, se compruebe la existencia de acequias, caminos, líneas de servicios o intersticios de suelo no incorporados a un ámbito de actuación urbanística.

6. Las reglas gráficas de interpretación que permiten estos ajustes son las siguientes:

a) No alterar la superficie del área delimitada en los planos de ordenación en más o menos de un cinco por ciento (5%).

b) No alterar sustancialmente la forma de la mencionada área, excepto en las precisiones de sus límites debidas a:

• Alineaciones oficiales o líneas de edificación consolidada.

• Características geográficas y topográficas del terreno.

• Límites físicos y particiones de propiedad.

• Existencia de elementos naturales o artificiales de interés que así lo justifiquen.

c) No podrán alterarse la delimitación de un elemento del sistema de espacios libres o de equipamientos comunitarios que suponga una disminución de su superficie.

Art. 9. Revisión del Plan General de Ordenación Urbana.

1. Tendrá la consideración de revisión del plan general de ordenación urbana cualquier alteración del mismo que afecte sustancialmente a la ordenación estructural [LUA-77]. Se considerarán afecciones sustanciales las siguientes:

a) Las que comporten alteraciones relevantes de la ordenación estructural en función de factores objetivos tales como la superficie, los aprovechamientos o la población afectadas, la alteración de sistemas generales o supralocales o la alteración del sistema de núcleos de población.

b) Las que determinen, por sí mismas o en unión de las aprobadas en los últimos dos años (sin computar a estos efectos las modificaciones para la delimitación y ordenación de sectores residenciales concertados de urbanización prioritaria), la superación del treinta por ciento de incremento de las viviendas o de la superficie urbanizada residencial existentes incrementados, siempre que se hubiesen aprobado definitivamente los instrumentos de gestión que habilitan la ejecución del planeamiento, con las viviendas o la superficie urbanizada residencial previstas conforme al mismo. Este límite no será de aplicación respecto de las modificaciones para la delimitación y ordenación de sectores residenciales concertados de urbanización prioritaria.

2. Constituirán motivos de revisión o sustitución del Plan General de Ordenación Urbana:

• La aprobación definitiva de Planes de Ordenación de Recursos naturales (PORN), Directrices Generales de Ordenación del Territorio (DGOT), o de Directrices Parciales de Ordenación del Territorio (DPOT), de ámbitos que incluyan el municipio de Caspe, o de otras circunstancias sobrevenidas respecto a factores básicos del planeamiento si conllevasen modificaciones sustanciales del presente Plan General de Ordenación Urbana.

• La alteración o variación sustancial en las previsiones de población, renta o empleo dentro del ámbito territorial del Plan. En particular el aumento de población en el municipio, cuando llegue a superar la cifra de 15.000 habitantes (población de derecho).

• La concurrencia de otras circunstancias sobrevenidas respecto a factores básicos del planeamiento que inciden sobre la ordenación.

• El agotamiento del setenta por ciento (70%) la capacidad residencial y/o industrial prevista por el Plan.

• La alteración del sistema de núcleos de población

• Cambios sustanciales en la red viaria prevista.

• Alteración global del sistema de espacios libres.

• Cambios sustanciales en la clasificación de suelo.

• El transcurso de 20 años desde su aprobación definitiva.

• Cuando pasados al menos 4 años desde su aprobación definitiva sea aconsejable debido al grado de incumplimiento de sus previsiones, a la obsolescencia de las mismas, al deficiente ritmo de las inversiones públicas y privadas, y a las eventuales alteraciones de la planificación sectorial prevalente.

3. La revisión del PGOU deberá llevarse a cabo conforme a las mismas reglas sobre documentación, procedimiento y competencia establecidas para su aprobación.

Art. 10. Modificaciones del Plan.

1. Podrá modificarse el Plan sin que suponga revisión del mismo cuando se trate de variar alguna de sus determinaciones y ello no lleve consigo alguna de las afectaciones o incidencias generales señaladas en el artículo anterior.

Las modificaciones del PGOU no variarán sustancialmente ninguno de los aspectos referentes a la ordenación estructural del PGOU, y se limitarán a introducir alteraciones aisladas de las determinaciones del PGOU. Si las alteraciones son tales que afectan al modelo global, se entenderá que lo procedente es la revisión.

2. Supuestos de modificación:

• Apertura de nuevo viario local y/o supresión de viario local previsto

• Modificación de alineaciones.

• Nueva ubicación de equipamientos.

• Cambios puntuales de clasificación de suelo.

• Alteraciones de usos o intensidades previstas, sin aumento de volumen.

• Modificaciones de zonificación.

3. Las propuestas de modificación deberán basarse en un estudio justificativo de las mismas y su incidencia en la ordenación general, pudiendo rechazar el Ayuntamiento incitativas en las que no se aprecie mejoría respecto al Planeamiento vigente, suponga reducción de dotaciones, aumento de edificabilidad o aprovechamiento. Su contenido tendrá un grado de precisión similar al del PGOU que se modifica.

4. La tramitación de modificaciones puntuales se realizará de acuerdo con lo especificado en los artículos 78 a 80 de la LUA.

TÍTULO II

Eficacia y desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Art. 11. Administración actuante y competencias en orden a la gestión.

1. El Ayuntamiento de Caspe constituye la Administración actuante a los efectos de ejecución y de la gestión del presente planeamiento, en todo aquello que no esté expresamente atribuido a otras Administraciones y sin perjuicio de la iniciativa y colaboración de los particulares, en los términos previstos en la legislación urbanística y en estas normas.

2. En el ejercicio, de las potestades urbanísticas configuradas por la Ley como pertenecientes a su ámbito de competencia, el Ayuntamiento se atendrá a las siguientes reglas:

a) De carácter general:

—La adecuación de la actuación municipal a las previsiones de este Plan, todo ello en función de objetivos y prioridades coherentes y conforme a las posibilidades económicas municipales.

—La colaboración con las Administraciones estatal y autonómica en la ordenación del territorio mediante la coordinación de proyectos y acciones con estas Administraciones e interesar a las mismas en proyectos de cooperación económica, técnica o personal.

—La potenciación de la participación ciudadana, fundamentalmente en el planeamiento de desarrollo y en la gestión urbanística.

b) Referentes al desarrollo del planeamiento:

—El cumplimiento de las previsiones de este Plan, en ausencia de iniciativa particular que les dé cumplimiento.

c) Referentes a la gestión del planeamiento:

—La exigencia del cumplimiento de los sistemas de gestión, distribución de beneficios y cargas y ejecución de las obras establecidas en el planeamiento.

—En especial, la exigencia del cumplimiento del deber de cesión obligatoria y gratuita de los terrenos, debidamente urbanizados, vinculados legalmente a dicha cesión.

d) En relación con la conservación y la edificación:

—El fomento de la constitución de entidades urbanísticas colaboradoras con este fin, a las que el Ayuntamiento deberá prestar apoyo.

—La exigencia del deber de mantenimiento de las edificaciones en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato, mediante la imposición de los trabajos necesarios a través de órdenes de ejecución.

Art. 12. Instrumentos de actuación urbanística.

Para el desarrollo del Plan conforme a la legislación urbanística vigente, se procederá mediante los siguientes instrumentos:

1. Instrumentos de Planeamiento derivado.

2. Instrumentos de Gestión.

3. Instrumentos de Ejecución.

CAPÍTULO II

Instrumentos de planeamiento derivado

Art. 13. Desarrollo del Plan General.

El desarrollo del Plan General se efectuará con arreglo a las determinaciones de la LUA y sus disposiciones reglamentarias, y con las especificaciones que resulten de estas normas según la clase y categoría de suelo, mediante la formulación de Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios de Detalle y, en su caso, mediante la celebración de convenios urbanísticos acordes con dicha legislación.

Art. 14. Planes Parciales.

1. Los Planes Parciales tienen por objeto regular la urbanización y la edificación de sectores de suelo urbanizable o de suelo urbano no consolidado, mediante la ordenación detallada de uno o varios sectores, con subordinación al Plan General, cuyas determinaciones no podrán modificar.

2. La formulación de los Planes Parciales podrá hacerse por el Ayuntamiento o por cualquier persona, independientemente de que ostente o no la titularidad de los terrenos afectados por los mismos, conforme a los procedimientos regulados por los artículos 56 a 60 de la LUA y 96 a 101 del RPUA.

3. Aprobado definitivamente el Plan Parcial, las obras provisionales a que se refiere LUA-27 deberán someterse a las determinaciones contenidas en este.

Art. 15. Planes Especiales.

1. Los Planes Especiales son un instrumento de desarrollo para alguna de las finalidades previstas por los artículos 61 a 66 de la LUA y el Título III del RPUA.

2. En desarrollo de las previsiones del PGOU podrán formularse Planes Especiales con las siguientes finalidades:

—Desarrollo de sistemas generales.

—Protección del medio ambiente, de la naturaleza y del paisaje.

—Desarrollo de infraestructuras.

—Implantación de usos o actividades de impacto.

—Ordenar polígonos o unidades de ejecución en suelo urbano.

—Mejora de las condiciones de salubridad, higiene y seguridad mediante la ejecución de obras de abastecimiento y saneamiento de aguas o el tratamiento de residuos

—Protección del patrimonio edificado y la reforma interior en suelo urbano.

—Vinculación del destino de terrenos a la construcción de viviendas protegidas preferentemente de alquiler, incrementando las reservas iniciales del plan general o vinculando terrenos o construcciones a otros usos sociales.

—Protección de conjuntos históricos declarados conforme a la normativa de patrimonio cultural aragonés.

—Otras finalidades análogas.

Art. 16. Estudios de Detalle.

1. Cuando fuere preciso completar o, en su caso, adaptar determinaciones establecidas en el Plan General para el suelo urbano y en los Planes Parciales y Especiales, podrán formularse Estudios de Detalle con los fines, limitaciones y condiciones previstos en el art. 67 de la LUA y en el Título IV del RPUA

2. A los efectos de lo indicado en LUA-67.3, se establece que los Estudios de Detalle no podrán crear viario público no previsto por el PGOU; la creación de nuevo viario público deberá efectuarse mediante Modificación del PGOU.

3. Los Estudios de Detalle contendrán como mínimo la siguiente documentación gráfica y explicativa, que acompañará a la memoria Justificativa de su conveniencia y de la procedencia de las soluciones adoptadas:

a) Planos copia de la documentación del Plan que desarrollen.

b) Planos de relación del estudio de detalle con el entorno.

c) Plano de características de la ordenación de volúmenes, alineaciones y rasantes.

d) Plano de parcelas propuestas.

e) Ficha de características superficiales y volumétricas de la ordenación actual y de la propuesta, con expresión detallada para cada una de las parcelas propuestas.

f) Relación de propietarios y otros interesados afectados directa o indirectamente con indicación de su domicilio. A estos efectos se consideran afectados directamente los comprendidos en el ámbito del estudio de detalle e indirectamente los colindantes o aquellos que pudieran ver afectadas sus condiciones de asoleo, acceso y vistas, en un entorno próximo.

Art. 17. Planeamiento recogido o incorporado (PR).

1. El PGOU contempla diversas áreas como ámbitos de planeamiento recogido o incorporado (PR). Son las siguientes:

—Antiguo Sector residencial S1 (del PGOU-1991). Desarrollado (SU-C).

Plan Parcial (redactado por los arquitectos D. E. Alonso Sola y D. A. Tirado Sebastián) aprobado definitivamente por el Pleno de 20/jul/2010 (BOP/Z 14/08/2010).

—Antiguo Sector industrial “El Portal”. Desarrollado (SU-C).

Plan Parcial (redactado por el arquitecto don C. Miret Bernal y el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don J. Marín López) aprobado definitivamente (Ayuntamiento Pleno 29/oct/2007 y 22/ene/2008; BOP 29/11/2007 y 14/02/2008).

—Antiguo PA-1/Actual UE-23

Ordenación del PGOU-1991 con calificación A2 (vinculada por Convenio del sector “Recinto Ferial”).

—Antiguo PA-3/Actual UE-20.

Estudio de Detalle aprobado (2007) (redactado por los arquitectos D. E. Alonso y D. A. Tirado) aprobado definitivamente por el Pleno de 29/oct/2007 (BOP 28/11/2007), si bien su ámbito y ordenación viaria deberán modificarse con arreglo al nuevo PGOU.

—Antiguo PA-6.

Estudio de Detalle (2005) (redactado por el arquitecto D. J.A. Valgañón Palacios) aprobado definitivamente por el Pleno de 8/ago/2005 (BOP 31/08/2005).

—Antiguo PA-9.

Estudio de Detalle (2006) (redactado por el arquitecto D. M.A. Jiménez Torres) aprobado definitivamente por el Pleno de 11/jul/2006 (BOP 8/08/2006).

—Antiguo PA-4.1/Actual UE-18b

Plan Especial del Polígono de Actuación PA-4.1 (2012) (redactado por el arquitecto D. A. Vega Cañadas): aprobado definitivamente por el Pleno de 21/mar/2012 (BOP/Z 11/abr/2012).

—Antigua UA-3/Actuales UE-3.1 y UE-3.2

Ordenación s/. M-PGOU (2007) redactada por los arquitectos D. E. Alonso y D. A. Tirado. Aprobada definitivamente por el Ayuntamiento en sesión del 29/10/2007 (BOP/Z núm. 275 de 28/11/2007).

—Estudio de Detalle “Cooperativa Ganadera de Caspe S.L.”.

Estudio de Detalle (2009) (redactado por el arquitecto D. J.C. Peris Ohrt) aprobado definitivamente por el Pleno de 19/may/2009 (BOP 10/06/2009).

2. En los ámbitos de “planeamiento recogido” (PR) se mantendrá la vigencia de las calificaciones del planeamiento anterior por un período máximo de 5 años (desde la aprobación definitiva del nuevo PGOU), transcurrido el cual se aplicarán las calificaciones del nuevo PGOU en los casos en que se indican ambas.

3. Tras la ejecución de la primera edificación en el citado plazo, los parámetros aplicables serán los de la nueva zonificación.

CAPÍTULO III

Instrumentos de gestión

SECCIÓN 1.ª

Reglas comunes

Art. 18. Actuaciones integradas: sistemas de actuación.

1. La ejecución de las actuaciones integradas es siempre pública, y corresponde a la Administración o al agente público adjudicatario del programa de compensación o de urbanización.

2. Los sistemas de actuación son el conjunto de procedimientos y técnicas a través de los cuales se lleva a la práctica la gestión sistemática o integrada del planeamiento urbanístico en el suelo urbano no consolidado y en el suelo urbanizable.

3. Constituyen modalidades de gestión administrativa directa los sistemas de expropiación y cooperación.

4. Constituyen modalidades de actuación administrativa indirecta los sistemas de compensación, o adjudicación a agente urbanizador.

5. La aplicación de cualquiera de los sistemas de actuación mencionados en los puntos 3 y 4 exige la reparcelación de los terrenos comprendidos en la unidad de ejecución, salvo que ésta sea innecesaria por resultar suficientemente equitativa la distribución de beneficios y car gas.

6. El Plan establece por defecto como sistema preferente el de gestión directa por cooperación [LUA-157], sin perjuicio de la elección de otro sistema, que podrá efectuar la Administración actuante.

7. La sustitución del sistema de gestión deberá ser justificada razonando debidamente que el nuevo sistema elegido es el más adecuado para asegurar la ejecución del planeamiento en los plazos señalados, o en atención a criterios de la estructura de la propiedad y de los usos del suelo existentes, de las necesidades colectivas y de dotación pública del ámbito y de los de población, así como de los medios económicos-financieros disponibles.

8. La sustitución del sistema de gestión se acordará por el Ayuntamiento Pleno previo sometimiento a información pública y audiencia de interesados por un plazo común de veinte días.

SECCIÓN 2.ª

Reparcelación

Art. 19. Reparcelación.

1. De conformidad con LUA-147, la reparcelación tiene por objeto distribuir justamente los beneficios y cargas de la ordenación urbanística, regularizar la configuración de las fincas, situar su aprovechamiento en zonas aptas para la edificación con arreglo al planeamiento y localizar sobre parcelas determinadas y en esas mismas zonas el aprovechamiento que corresponda al Ayuntamiento, en su caso.

2. Consiste la reparcelación en la agrupación o integración de las fincas comprendidas en una Unidad de Ejecución para su nueva división ajustada al planeamiento, con adjudicación de las parcelas resultantes a los propietarios de las primitivas, en proporción a sus respectivos derechos y de los terrenos de cesión obligatoria a favor del municipio.

3. La reparcelación limitará sus efectos a las compensaciones económicas que procedan cuando los terrenos incluidos en una Unidad de Ejecución no pudieran ser objeto de la oportuna adjudicación de parcelas resultantes en el ámbito de gestión por concurrir las circunstancias previstas en los artículos 149.g, y 151 de la LUA.

4. No resultará necesaria la reparcelación en los casos previstos por el artículo 73 del Reglamento de Gestión y así se declara por el Ayuntamiento en la forma y con los efectos previstos por el artículo 188 del propio Reglamento. Se entenderá en todo caso que la distribución de los beneficios y cargas resultantes deberán cumplir con las condiciones señaladas para la unidad de ejecución delimitados. No se requerirá tal declaración en el caso de los apartados b) y c) del citado artículo 73.

5. El Proyecto de Reparcelación se tramitará y aprobará conforme a LUA-154.

SECCIÓN 3.ª

Sistemas de gestión directa

Art. 20. Sistema de gestión directa por expropiación.

1. En el sistema de expropiación, la Administración, actuando conforme a lo establecido en el artículo 156 de la LUA., obtiene todos los terrenos, bienes y derechos comprendidos dentro de una completa unidad de Ejecución con el objeto de materializar las actuaciones urbanísticas correspondientes conforme al planeamiento.

2. El coste de las expropiaciones y demás conceptos contemplados en el art. 31 de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante LHL), cuando se refieran a bienes y derechos cuya privación y ocupación temporal sean necesarias para la ejecución de los fines del art. 198 del RGU, podrá ser repercutido sobre los propietarios que resulten especialmente beneficiados por la actuación urbanística mediante contribuciones especiales.

Art. 21. Sistema de gestión directa por cooperación.

1. En el sistema de cooperación los propietarios del suelo comprendido en el sector o unidad de ejecución aportan el suelo de cesión obligatoria y el Ayuntamiento ejecuta las obras de urbanización a cargo de los mismos.

2. La totalidad de los costes de urbanización en suelo urbanizable será a cargo de los propietarios afectados y se exigirá por el Ayuntamiento en la forma prevista por el art 157 de la LUA, en relación con los arts. 188 a 190 del RGU.

3. La transmisión de suelo de cesión obligatoria se producirá por aprobación del Proyecto de Reparcelación, o por publicación del acuerdo en que se declare su innecesariedad.

SECCIÓN 4.ª

Sistemas de gestión indirecta

Art. 22. Sistema de gestión indirecta por compensación.

1. El sistema de compensación tiene por objeto la gestión y ejecución de la urbanización de una unidad de ejecución por los propietarios del suelo comprendido en la misma, con solidaridad de beneficios y car gas.

A tal fin los propietarios, previa aprobación del correspondiente Programa de Compensación, se constituyen en junta de compensación, aportan los terrenos de cesión obligatoria mediante reparcelación y ejecutan a su costa la obra pública de urbanización en los términos y condiciones que se determinen en el planeamiento, salvo que todos los terrenos pertenezcan a un solo titular. [LUA-158]

2. La tramitación y aprobación del Programa de Compensación se efectuará conforme a los artículos 160 y siguientes de la LUA, en el plazo de un año desde la aprobación definitiva del planeamiento o, en su caso, desde la adopción de dicho sistema.

El proyecto de reparcelación deberá presentarse en el plazo máximo de un año desde la aprobación definitiva del Programa de Compensaci ón.

3. La transmisión al municipio, en pleno dominio y libre de cargas, de todos los terrenos de cesión obligatoria, tendrá lugar, por ministerio de la ley, con la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación, o por publicación del acuerdo en que se declare su innecesariedad.

Art. 23. Sistema de gestión indirecta por urbanizador.

  1. En el sistema de gestión indirecta por urbanizador, este gestiona la ejecución del planeamiento, obteniendo su retribución de los propietarios afectados por la actuación conforme al Programa de Urbanización.

2. La tramitación y aprobación del Programa de Urbanización se efectuará conforme a los artículos 168 a 190 de la LUA.

3. La transmisión al municipio, en pleno dominio y libre de cargas, de todos los terrenos de cesión obligatoria, tendrá lugar, por ministerio de la ley, con la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación, o por publicación del acuerdo en que se declare su inecesariedad.

CAPÍTULO IV

Instrumentos de ejecución

Art. 24. Clases de proyectos.

La ejecución material de las determinaciones del Plan y de sus instrumentos de desarrollo se realizará mediante proyectos técnicos, los cuales, según su objeto, se incluyen en alguna de las siguientes clases:

a) De urbanización.

b) De edificación.

c) De actividades e instalaciones.

Art. 25. Condiciones generales de los proyectos técnicos.

1. Todos los actos sujetos a intervención municipal sobre la edificación y usos del suelo requerirán un proyecto suscrito por técnico o técnicos con competencia legal, visado por el colegio profesional correspondiente cuando este requisito sea exigido por la legislación en vigor, y ajustado a las normas que sean de aplicación.

2. Se entiende por proyecto técnico aquél que define de modo completo las obras o instalaciones a realizar, con el contenido y detalle que requiera su objeto, de forma que puedan ser directamente ejecutadas, a partir de su contenido documental, por técnicos distintos del proyectista mediante la correcta interpretación y aplicación de sus especificaciones.

3. Los proyectos se estructuran documentalmente en memoria, Planos, Presupuestos y Pliego de Condiciones y Mediciones, con los complementos que se exigen para cada clase de actuación. Además, contendrán en todo caso la información urbanística del régimen y normativa aplicable al suelo y la edificación, con identificación del planeamiento vigente, y justificación de que las obras proyectadas se ajustan a sus determinaciones.

4. Los proyectos técnicos necesarios para la obtención de licencia, quedarán incorporados a ésta como condición material de la misma. En consecuencia, deberá someterse a autorización municipal previa, toda alteración producida durante el curso de las obras del proyecto objeto de la licencia, salvo las meras especificaciones constructivas o desarrollos interpretativos del proyecto aprobado o fijado en las condiciones particulares de la licencia.

Art. 26. Proyectos de urbanización y proyectos de obras ordinarias.

1. Los Proyectos de Urbanización son proyectos de obras cuya finalidad es llevar a la práctica las determinaciones correspondientes del presente planeamiento o de los Planes Parciales y Especiales que lo desarrollen y, en su caso, de los Estudios de Detalle, conforme a lo dispuesto en el art. 144 de la LUA y 159 a 163 del RPUA, así como a la normativa respecto a condiciones técnicas que estuviera en vigor.

2. Los Proyectos de Urbanización constituirán, en todo caso, instrumentos para el desarrollo de todas las determinaciones que el Plan prevea en cuanto a obras de urbanización, tales como vialidad, abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, jardinería y otras análogas.

3. Las obras de urbanización a incluir en los Proyectos de Urbanización relativos a Planes Generales, Parciales y Especiales serán las siguientes:

a) Pavimentación de calzadas, aparcamientos, aceras, red peatonal y espacios libres.

b) Redes de distribución de agua potable, de riego y de hidrantes contra incendios.

c) Red de alcantarillado para evacuación de aguas pluviales y residuales.

d) Red de distribución de energía eléctrica.

e) Red de alumbrado público.

f) Redes de telecomunicaciones.

g) Jardinería en el sistema de espacios libres.

h) Cualesquiera otros servicios establecidos en el correspondiente Plan.

4. Los Proyectos de Urbanización deberán resolver el enlace de los servicios urbanísticos del sector o de la unidad de ejecución con los generales de la ciudad y acreditar la suficiente capacidad de todos ellos.

5. En suelo urbano consolidado no cabe la formulación ni aprobación de Proyectos de Urbanización, salvo lo dispuesto para la ejecución directa de sistemas generales. En esta categoría de suelo, las necesidades de urbanización se resolverán mediante los Proyectos de Obras Ordinarias (LUA- 128) para las obras aisladas previstas por el planeamiento urbanístico y para las obras de remodelación de las urbanizaciones y espacios públicos existentes. En todo caso, será necesaria la aprobación de sus características generales por el Ayuntamiento Pleno, previa información pública por plazo de veinte días.

Art. 27. Proyectos de edificación.

1. Son proyectos de obras de edificación los que tienen por finalidad llevar a la práctica las previsiones del planeamiento en materia de construcción y uso de los edificios, mediante la definición de los espacios y elementos constructivos que los conforman y la determinación de las obras y los materiales necesarios para realizarlos.

2. El contenido documental de los distintos tipos de proyecto de obras de edificación deberá adecuarse a las exigencias contenidas en la legislación y en la normativa técnica aplicable, de carácter estatal, autonómico y municipal. Estarán suscritos por técnicos competentes, con la precisión y el detalle necesarios para que la obra quede perfectamente definida y, con arreglo a ellos, cualquier facultativo con la titulación requerida pueda dirigir las obras correspondientes.

Art. 28. Proyectos de actividades e instalaciones.

1. Se entiende por proyectos de actividades y de instalaciones aquellos documentos técnicos que tienen por objeto definir, en su totalidad o parcialmente, los elementos mecánicos, la maquinaria o las instalaciones que precisan existir en un local o edificio para permitir el ejercicio de una actividad determinada.

2. Dichos proyectos estarán redactados por facultativos competentes, y se atendrán a las determinaciones requeridas por la reglamentación técnica específica y las ordenanzas que lo desarrollen. En su caso satisfarán las especificaciones contenidas en la Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental de Aragón, D. 2414/1961, de 30 de noviembre que aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas (en adelante RAMINP), en el RD 2816/1982, de 27 de agosto por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, y en la legislación sectorial que sea de aplicación.

3. Contendrán, como mínimo: memoria descriptiva y justificativa, planos, presupuesto y Pliego de Condiciones y Mediciones.

TÍTULO III

Títulos habilitantes de naturaleza urbanística

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Art. 29. Títulos habilitantes: definición, efectos, control.

1. Los actos de transformación, construcción, edificación y uso del suelo y el subsuelo requerirán para su lícito ejercicio de licencia, declaración responsable o comunicación previa de conformidad con lo establecido en los artículos siguientes, sin perjuicio de las demás intervenciones públicas exigibles por la legislación que les afecte y del respeto a los derechos civiles implicados. (LUA-229).

2. La licencia legitima para la realización de su objeto desde la fecha en que sea formalmente adoptada por el Alcalde, sin perjuicio de su notificación y de los efectos que derivan de la misma conforme a la legislación del procedimiento administrativo común.

La comunicación previa y la declaración responsable legitiman para la realización de su objeto desde el día de su presentación en el registro general del municipio.

3. Tipos de licencia.

—Licencia urbanística (o de obras, menores o mayores)

—Licencias auxiliares de obras: movimiento de tierras, vallas, andamios, grúas

—Licencia ambiental de actividades clasificadas (molestas, insalubres, nocivas para el medio ambiente, o peligrosas)

—Licencia de inicio de actividad (de actividades sujetas a licencia ambiental)

—Licencia de apertura (establecimientos comerciales, industriales o de servicios que no precisen de licencia ambiental)

—Licencia de ocupación (primera utilización de edificios y modificación de uso de los mismos, cuando no precisen de licencia ambiental ni de apertura)

—Licencias de parcelación o de segregación

4. En cualquier momento el municipio podrá inspeccionar la ejecución de los actos de transformación, construcción, edificación y uso del suelo y el subsuelo a fin de comprobar que se realizan de conformidad con la licencia o el contenido de la declaración responsable o comunicación previa y en todo caso con arreglo a la legalidad y el planeamiento urbanístico aplicables.

Art. 30. Licencia urbanística.

1. La licencia urbanística es el acto administrativo por el que el Alcalde autoriza a cualquier persona para realizar un acto de transformación, construcción, edificación o uso del suelo o el subsuelo, expresando el objeto de la misma, y las condiciones y plazos de ejercicio conforme a lo establecido en la normativa aplicable.

2. Están sujetos a licencia urbanística, conforme a lo establecido en la legislación básica estatal y sin perjuicio de las demás intervenciones públicas exigibles por la legislación sectorial que les afecte, los siguientes actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo o e l subsuelo:

—Movimientos de tierra: explanaciones, vaciados, excavación, rebaje, terraplenado, catas, etc.

—Modificación de las características físicas del suelo.

—Extracción de áridos y explotación de bóvilas.

—Parcelaciones, segregaciones o actos de división de fincas en cualquier clase de suelo cuando no formen parte de un proyecto de reparcelación.

—Obras de urbanización, e Instalación o modificación de redes de infraestructuras

—Obras de edificación, construcción e implantación de instalaciones de nueva planta con excepción de las sujetas a declaración responsable.

—Obras de ampliación, modificación, reforma, rehabilitación, restauración o demolición cuando alteren la configuración arquitectónica del edificio por tener el carácter de intervención total o, aun tratándose de intervenciones parciales, por producir una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, la envolvente global o el conjunto del sistema estructural, o cuando tengan por objeto cambiar los usos característico s del edificio.

—Obras de todo tipo en edificaciones protegidas por sus valores culturales o paisajísticos en cuanto afecten a los elementos objeto de protección.

—Talas de masas arbóreas o de vegetación arbustiva que afecten a espacios de alto valor paisajístico o a paisajes protegidos.

—Ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean provisionales o permanentes.

—Colocación de carteles de publicidad visibles desde la vía pública.

En todo caso, también puede solicitarse voluntariamente licencia para los actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo o el subsuelo no enumerados cuando así lo estimen conveniente los solicitantes por razones de seguridad jurídica o de otro tipo.

3. La sujeción a previa licencia alcanza a las operaciones citadas realizadas en el ámbito territorial del PGOU, aunque según el acto de que se trate, se exija autorización de otra Administración.

Cuando los actos enumerados en el punto anterior tengan lugar en alguno de los bienes integrantes del Patrimonio Catalogado, será de preferente aplicación lo regulado específicamente por el Título de las presentes normas urbanísticas referido a las normas Generales para la Protección del Patrimonio. Sólo en lo específicamente no incompatible será de aplicación este Título Tercero.

5. Las operaciones promovidas por organismos del Estado, Administración Autonómica o Entidades de Derecho Público, están sujetas a licencia municipal o declaración responsable en su caso, salvo en los supuestos contemplados en el art. 244 de la LUA.

6. No están sujetos a licencia previa:

a) Las obras de urbanización previstas en los Proyectos de Urbanización tramitados y aprobados conforme a la legislación vigente y Normativa General del PGOU, sirviendo la aprobación definitiva de los referido s instrumentos como habilitación suficiente para el inicio de las obras.

b) Las obras que se ejecuten como cumplimiento de una orden municipal y bajo la dirección de los servicios técnicos del Ayuntamiento.

c) Los trabajos de limpieza, desbroce y jardinería en el interior de un solar, siempre que con ello no se produzca variación apreciable del nivel natural del terreno ni la destrucción de jardines existentes.

d) La apertura de establecimientos para el ejercicio de actividades no sujetas a licencia (s/. Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios), sujetas a “comunicación responsable” o “declaración previa”.

7. En todos los casos exceptuados de licencia, el propietario, el empresario de las obras o el técnico director de las mismas deberá, antes de iniciarlas, ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento. La Administración municipal librará el correspondiente “enterado”.

8. En caso de que para la realización de cualquiera de las obras anteriormente referenciadas se precise la ocupación, instalación de andamio, o cualquier otro elemento auxiliar, en la vía pública, habrá de solicitarse licencia municipal para dicho objeto.

9. Las licencias de obras en suelos inmediatos al ferrocarril, además de la licencia municipal requieren de autorización expresa del ADIF.

Art. 31. Declaración responsable en materia de urbanismo.

1. La declaración responsable en materia de urbanismo es el documento en el que cualquier persona manifiesta bajo su responsabilidad al Alcalde que cumple los requisitos establecidos en la normativa vigente para realizar uno de los actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo o el subsuelo enumerados en el párrafo siguiente, que dispone de la documentación acreditativa del cumplimiento de los anteriores requisitos y que se compromete a mantener dicho cumplimiento durante el período de tiempo inherente a la realización del acto objeto de la declaración.

2. Están sujetos a declaración responsable en materia de urbanismo los siguientes actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo o el subsuelo:

—Obras de edificación de nueva planta de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta.

—Obras de ampliación, modificación, reforma, rehabilitación o demolición sobre los edificios existentes que no produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, la envolvente global o el conjunto del sistema estructural, ni tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio.

—Renovación de instalaciones en las construcciones.

—Primera ocupación de las edificaciones de nueva planta y de las casas prefabricadas.

—Talas de árboles que no afecten a espacios de alto valor paisajístico o a paisajes protegidos.

3. El documento de declaración responsable habrá de contener, además de los datos establecidos en la legislación del procedimiento administrativo común:

—La identificación y ubicación de su objeto.

—La enumeración de los requisitos administrativos aplicables.

—La relación de los documentos acreditativos del cumplimiento de los anteriores requisitos, indicando en cada caso su contenido general y el nombre del técnico o profesional que lo suscriba, sin perjuicio de que voluntariamente puedan aportarse copias de tales documentos.

—El compromiso expreso de mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante el período de tiempo inherente a la realización del acto objeto de la declaración.

Art. 32. Comunicación previa en materia de urbanismo.

1. La comunicación previa en materia de urbanismo es el documento en el que cualquier persona pone en conocimiento del Alcalde que reúne los requisitos para realizar un acto de transformación, construcción, edificación o uso del suelo o el subsuelo que no está sujeto ni a declaración responsable ni a licencia en materia de urbanismo.

2. El documento de comunicación previa habrá de contener, además de los datos establecidos en la legislación del procedimiento administrativo común:

—La identificación y ubicación de su objeto.

—La declaración de que concurren los requisitos administrativos aplicables, especificando cuando proceda los relativos a la seguridad de personas y bienes.

CAPITULO II

Licencias urbanísticas

Art. 33. Alineaciones y rasantes.

1. Todo particular puede pedir al Ayuntamiento que se señalen sobre el terreno las líneas rasantes oficiales que correspondan a una finca determinada.

2. Salvo expresa dispensa municipal, el señalamiento de alineaciones y rasantes será obligatorio como requisito previo para la concesión de licencias de movimientos de tierras, de urbanización o de edificación, cuando estas últimas se refieran a obras de nueva planta o ampliación.

3. La solicitud para el señalamiento sobre el terreno de alineaciones y rasantes deberá ir acompañado de un plano de situación de la finca, presentado por duplicado, a escala no menor de 1:2000, en el que se refleje la posición de la misma respecto a las vías públicas que limiten la totalidad de la manzana en que esté situada y en el que se consignen las cotas correspondientes a los distintos lindes de la finca, así como las distancias de la misma a las esquinas de las calles inmediatas. En casos excepcionales, si fuera necesario, el servicio técnico municipal podrá exigir la presentación de un plano a escala 1:500.

4. El señalamiento de alineaciones y rasantes sobre el terreno, incluso el de líneas de edificación interior de la manzana y de zona de jardín o espacio libre cuando proceda, se ajustará a las siguientes normas:

1. Serán requisitos previos a las operaciones de señalamiento:

—el pago de los derechos y tasas correspondientes

—que el entorno de la finca objeto de replanteo permita las operaciones de campo propias para el señalamiento de las líneas

2. El Técnico Municipal fijará día y hora en que vayan a tener efecto el replanteo y citará, con una antelación mínima de veinticuatro horas (24) al solicitante y a la persona por este autorizada.

3. Deberán asistir al replanteo, junto con el Técnico municipal encargado de efectuarlo, el solicitante o quien lo represente, pudiendo comparecer el facultativo o técnico competente designado por aquel. Se declarará desierto el acto, con pérdida de los derechos correspondientes, cuando no estuviera el solar en condiciones, o no hubiere comparecencia del solicitante o de su representante.

4. El técnico municipal procederá a marcar en el terreno, con puntos o con referencias precisas, la situación de las nuevas líneas y análogamente se procederá en lo relativo a las rasantes.

5. El señalamiento de alineaciones y rasantes se hará constar por duplicado en un plano o croquis de replanteo realizado por el Técnico municipal. Uno de los ejemplares se unirá al expediente con la conformidad u oposición del interesado, el cual conservará el otro ejemplar.

5. Si se iniciasen las obras en desacuerdo con las alineaciones y rasantes oficiales, el titular de las mismas quedará obligado a demolerlas en todas aquellas partes que no se ajusten y no resulten legalizables.

Art. 34. Resolución, criterios y tasas.

1. Las licencias para los actos de edificación y uso del suelo se concederán de acuerdo con las previsiones de los arts. 193 a 198 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón (en adelante LALA) y 229 a 244 de la LUA, así como del Planeamiento en vigor.

2. Las licencias serán efectivas en el momento en que se liquiden las tasas así como las cesiones o compromisos de cesión, si fuere necesario.

3. La obligación de satisfacer los referidos derechos y tasas nace:

a) Por la presentación de la solicitud de licencia.

b) Por la realización de cualquier obra o instalación para que sea preceptiva la licencia, aunque no haya sido ésta solicitada en forma reglamentaria y con independencia de la procedencia de su concesión.

c) El pago de las referidas exacciones no prejuzga, en ningún caso, la concesión de la licencia.

Art. 35. Implicaciones de la licencia para el titular.

Toda licencia de obras implica para su titular, sin perjuicio de los demás deberes señalados en estas normas, las siguientes obligaciones:

a) Satisfacer cuantos gastos se ocasionen como consecuencia de las actividades autorizadas en la misma.

b) Constituir o reponer la acera frontera a la finca. A tal fin se podrá solicitar por el Ayuntamiento el aval correspondiente.

c) Reparar o indemnizar los daños que se causen en los elementos de urbanización del suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública, tales como aceras, pavimentos, bordillos, farolas, rótulos y placas de numeración, árboles, plantaciones, alcorques, parterres, bancos, marquesinas, barandas, escaleras, alcantarillas, canalizaciones y demás elementos análogos.

d) Instalar y mantener en buen estado de conservación la valla protectora.

Art. 36. Caducidad de la Licencia.

1. La licencia preverá un plazo para comenzar las obras proyectadas, otro máximo de interrupción y otro para acabarlas, indicándose expresamente que su caducidad se producirá por el transcurso de cualquiera de dichos plazos, declarándose la caducidad por la Administración actuante, previa audiencia del interesado.

2. La licencia de la obra se considera incursa en caducidad:

a) Por desistimiento del solicitante.

b) Por el transcurso de un año desde la fecha de la concesión sin haber comenzado las obras.

c) Cuando comenzadas estas fueran suspendidas y transcurriesen seis meses sin reanudarlas, no habiéndose solicitado y obtenido antes una prórroga por razones justificadas que el interesado alegará en su instanc ia.

d) Por transcurso del plazo de ejecución fijado en la licencia.

3. La declaración de caducidad producirá:

a) El cese de autorización municipal para el ejercicio de las actividades objeto de la licencia.

b) La pérdida de todos los derechos liquidados, aun cuando no se hubiese ejecutado total o parcialmente la obra o la actividad autorizada.

c) Una vez declarada la caducidad, se procederá, en su caso, a exigir el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el art. 35.

Art. 37. Adecuación de las obras al Proyecto.

1. Las obras se realizarán con estricta sujeción al Proyecto presentado, a las condiciones impuestas en el acuerdo municipal de otorgamiento de la licencia y a las disposiciones que el Ayuntamiento pudiera dictar durante el curso de las obras, por razones de seguridad e higiene públicas.

2. En caso de producirse modificaciones del Proyecto en base al cual se concedió licencia durante la ejecución de las obras, deberá tramitarse la oportuna modificación o ampliación de licencia previamente a la finalización de las mismas.

Art. 38. Requisitos de ejecución de las obras.

1. Condiciones de seguridad y solidez de las obras.

Toda construcción deberá ejecutarse en las debidas condiciones de seguridad, higiene y solidez, bajo la responsabilidad de la dirección facultativa y del constructor. El Ayuntamiento podrá comprobar, en todo momento las condiciones de seguridad y solidez, y ordenar cuantas medidas estime conveniente para su efectividad sin representar obligación ni responsabilidad para él de ningún género.

Los propietarios están obligados a conservar los edificios y las construcciones en perfecto estado de solidez, a fin de que no puedan causar daño a personas o bienes.

Deberá haber un técnico titulado que cuide de la correcta ejecución de los trabajos de movimientos de tierras, obras de nueva planta, obras de reforma y ampliación que afecten a la estructura del edificio, trabajos de recalce, derribos y demoliciones. Dicho técnico deberá estar presente en la obra cuando corra riesgo la seguridad debido a los trabajos descritos anteriormente.

2. Vallas de precaución. Lonas o Redes.

El frente del recinto donde se realicen las obras se cerrará con un vallado de 2 m de altura como mínimo de material que ofrezca seguridad y conservación y a una distancia de la línea de fachada determinada en cada caso por el Ayuntamiento.

En los casos en que la colocación del vallado sea un peligro o dificultad por el tránsito, el Ayuntamiento determinará las condiciones en que aquel deba instalarse, pudiendo obligar a que la valla, una vez acabados las obras de planta, sea sustituida por puente volante o sobre pies derechos.

Será obligatoria la colocación de luces o señalización con intensidad suficiente en cada extremo o angular saliente de las vallas.

La instalación de vallas se entiende siempre con carácter provisional en tanto dure la obra.

Se colocará lonas o redes de protección de la vía pública entre los forjados de plantas, mientras se realicen trabajos que comporten peligro para los peatones, o se realizará una protección adecuada de la acera.

3. Precaución durante la ejecución de las obras.

Mientras dure la construcción o reparación de una edificación que ofreciere peligro o dificultad al tránsito por las calles, se atajará por las inmediaciones de la obra en forma que para cada caso determine el Ayuntamiento.

Los materiales y escombros se colocarán y prepararán dentro de la obra y cuando no fuera posible, la colocación y preparación se hará en el punto o espacio que designe el Ayuntamiento.

El apuntalamiento de edificios se efectuará siempre bajo la dirección facultativa.

Antes de dar comienzo a la ejecución de cualquier obra en las medianerías o en sus proximidades, el constructor deberá avisar a los vecinos medianeros o contiguos, a fin de que éstos puedan adoptar las precauciones que estimen oportunas.

4. Andamios, cordeles y elementos auxiliares.

Los andamios, cordeles y elementos auxiliares de la construcción, se montarán, instalarán y descolgarán bajo las instrucciones de la dirección facultativa de las obras.

Los andamios tendrán una anchura no menor de 75 centímetros; deberán ir provistos de antepechos de 1 metro de altura como mínimo, con pasamanos de hierro, madera o cuerda y de un rodapié de 25 centímetros, como mínimo.

Las tablas y maromas que se empleen para su formación tendrán la resistencia correspondiente al servicio que han de prestar, siempre se colocará al menos 2 tablones juntos en cada tramo.

Los andamios deberán cubrirse hasta la altura de 1 metro para evitar el peligro a los operarios y la caída de materiales.

Se deberán cumplir las disposiciones vigentes en materia de seguridad en el trabajo.

5. La inspección de las obras.

La inspección de las obras que se ejecuten dentro del término municipal, corresponde a un técnico titulado designado por el Ayuntamiento.

El promotor de la obra, el constructor y el director técnico deberá facilitar el cumplimiento de la función inspectora.

Si como consecuencia de la inspección, se observase el incumplimiento del Proyecto aprobado, de las condiciones impuestas en la licencia, de la normativa municipal de cualesquiera otras disposiciones vigentes, el Alcalde ordenará la suspensión inmediata de las obras y se seguirá el procedimiento establecido en los artículos 265 y siguientes de la LUA.

6. Ritmo y plazo de ejecución de las obras.

Las obras deberán realizarse al ritmo previsto en el Proyecto y sin interrupción. Si los plazos inicialmente previstos resultasen insuficientes, podrá solicitarse la prórroga de los mismos, con anterioridad a su vencimiento.

En caso de paralización de las obras, el promotor, el constructor y el director técnico estarán obligados a ponerlo en conocimiento del Alcalde, a fin de que este pueda adoptar las resoluciones oportunas.

Las obras deberán terminarse en los plazos previstos en el Proyecto, en el acuerdo de otorgamiento de la licencia o, en su caso, en el de concesión de prórroga.

7. Fiscalización de las obras terminadas.

Terminadas las obras, el concesionario de la licencia lo comunicará al Ayuntamiento en un plazo no superior a un mes, acompañando a dicha comunicación un certificado extendido por el director técnico de las obras que acredite que éstas se han realizado de acuerdo con el Proyecto aprobado, o exprese, en su caso, las modificaciones que se hubiesen introduc ido.

Asimismo, deberá acompañarse a dicha comunicación la solicitud de licencia de primera ocupación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 48. Esta documentación deberá ir acompañada de una fotografía de las obras realizadas, para su archivo en las oficinas municipales.

Comunicada al Ayuntamiento la terminación de las obras, los técnicos municipales girarán una visita de inspección final e informarán al Ayuntamiento, a efectos de concesión de la licencia de primera ocupación.

8. Las obras a ejecutar en las inmediaciones del ferrocarril deberán tener en cuenta lo que establezca el ADIF en concordancia con la legislación sectorial ferroviaria además de los requisitos municipales.

Art. 39. Obras sin licencia o en desacuerdo con la misma.

1. Cuando los actos de edificación y uso del suelo se efectuaren sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones señaladas en las mismas, el Ayuntamiento dispondrá la suspensión de dichos actos de manera inmediata para el caso de que las obras se estuvieran ejecutando, actuando conforme establece el art. 265 de la LUA.

2. Si las obras ya estuviesen ejecutadas, dentro del plazo de prescripción de la correspondiente infracción urbanística, actuará conforme estipula el art. 266 de la LUA.

3. Si las obras en ejecución fueran compatibles con la ordenación vigente, el Ayuntamiento requerirá al interesado para que en el plazo de dos meses solicite la preceptiva licencia. En el caso de no solicitarse licencia, el Ayuntamiento actuará de conformidad con el artículo 265.b) in fine d e la LUA.

4. El Alcalde del Ayuntamiento dispondrá la suspensión de los efectos de una licencia u orden de ejecución, y consiguientemente, la paralización inmediata de las obras iniciadas a su amparo, cuando el contenido de dichos actos administrativos constituya manifiestamente alguna de las infracciones urbanísticas consideradas como graves o muy graves en la LUA (arts. 275 y 276).

SECCIÓN 1.ª

Obras menores

Art. 40. Definición.

1. La obra menor, como categoría diferenciable de la obra mayor, se caracteriza por ser de sencillez técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no supongan modificación estructural de los edificios, alteración del volumen

o superficie edificada superior al 10%, del uso objetivo, de las instalaciones y servicios de uso común o del número de viviendas y locales, ni afecten al diseño exterior de fachadas, a la cimentación, a la estructura o a las condiciones de habitabilidad o seguridad de los edificios e instalaciones, consistiendo, normalmente, en pequeñas obras de simple reparación, decoración, ornato o cerramiento, que no precisan de proyecto técnico, ni de elevado presupuesto.

2. Están excluidas de este concepto las obras recogidas en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la Edificación (en adelante LOE), por tratarse de obras mayores de edificación que requiere proyecto técnico:

a) Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta.

b) Obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren la configuración arquitectónica de los edificios, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio.

c) Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, regulada a través de norma legal o documento urbanístico y aquellas otras de carácter parcial que afecten a los elementos o partes objeto de protección.

Art. 41. Supuestos de obra menor.

1. Obras de conservación y mantenimiento: comprenden la sustitución de elementos dañados por otros idénticos, así como las obras de limpieza y pintura interior de los edificios o de patios o medianeras que no den a la vía pública.

2. Obras de acondicionamiento menor: obras de reforma parcial no estructural, de reparación, renovación, modificación o sustitución de suelos, techos, paredes, escayolas, chapados, instalación de fontanería, electricidad, calefacción, saneamiento y otros, pintura, estucado y demás revestimientos y carpintería interior, en las que concurran las circunstancias siguientes:

a) Que no impliquen la modificación sustancial de uso de vivienda.

b) Que no afecten, modifiquen o incidan en elementos comunes del edifico, condiciones de seguridad, especialmente estructura y conductos generales de saneamiento vertical, ventilación, ni en la distribución de los espacios interiores, ni en el aspecto exterior de las edificaciones; ni se sobrepasen las sobrecargas con las que fueron calculadas.

3. Reparaciones parciales en paramento exterior de los edificios: fachadas, balcones, elementos salientes, retejado parcial de cubiertas y otros elementos relativos a infraestructuras de edificios.

4. Otras obras menores:

a) Ajardinamiento, pavimentación, implantación de bordillos, cierres metálicos, así como las instalaciones necesarias para su uso y conservación, en espacios libres de domino privado, siempre que no se afecte con las obras a ningún uso, servicio o instalación pública.

b) Trabajos de nivelación, limpieza, desbroce y jardinería en el interior de un solar, siempre que con ello no se produzca variación apreciable del nivel natural del terreno ni la tala de árboles.

c) Sondeos y prospecciones en terrenos de dominio privado u otros trabajos previos y ensayos a las obras de construcción.

d) Cerramiento de fincas con postecillos y mallas, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de zona y edificación específica.

e) Cualesquiera otras obras de pequeña entidad no especificadas en los apartados anteriores, siempre que no supongan modificaciones arquitectónicas exteriores del edifico, modificaciones estructurales del inmueble o reforma integral de los locales, teniendo éstas la calificación de obras mayores. En especial aquellas que tengan por objeto la supresión de barreras arquitectónicas.

Art. 42. Requisitos documentales y técnicos.

1. Con carácter general:

a) Instancia con datos personales de identificación y dirección a efectos de notificaciones.

b) Etiqueta identificativa o, en su defecto, fotocopia del NIF o del DNI.

c) Acreditación de representación, en su caso, tanto a título particular, legal o profesional.

d) Situación de la obra a realizar (dirección de la misma).

e) Copia de autoliquidación de tributos aplicables.

f) Estudio de Seguridad y Salud en las Obras cuando proceda según el RD 1627/1997.

2. Documentación específica:

a) Obras de conservación y mantenimiento:

• memoria de la actuación que se va a realizar, con un croquis/plano.

• Presupuesto detallado por partidas, incluyendo materiales y mano de obra.

• Fotografías (en caso de exteriores).

b) Obras de acondicionamiento menor:

• En viviendas, igual que en el apartado a).

• En locales, además, referencia o fotocopia de la licencia de apertura o licencias anteriores (urbanística o instalación).

• En obras en paramento exterior: la memoria de las actuaciones indicará el cumplimiento de las normas urbanísticas y ordenanzas de edificación del Plan General respecto a fachadas, señalando los materiales a emplear (sus características, color, uniformidad con el resto) y diseño de la fachada. El resto de la documentación será como en el apartado a).

c) Otras obras menores:

• memoria (diseño gráfico, indicando cumplimiento de normas urbanísticas y ordenanzas de edificación del Plan General, fachadas y dirección facultativa en casos especiales).

• Presupuesto detallado por partidas, incluyendo materiales y mano de obra.

• Fotografías.

c1) Cerramiento de finca: Fotografía de la finca, plano de emplazamiento y plano indicando zona a calles o caminos, presupuesto detallado por partidas, incluyendo materiales y mano de obra.

Art. 43. Procedimiento.

1. Sin perjuicio de las particularidades y requisitos que por razón del contenido específico de la actuación urbanística se establezcan en normas de rango superior a ésta o de las excepciones que expresamente se indican, la tramitación de solicitudes de licencias de obras menores se ajustará a los procedimientos señalados en este artículo.

2. Procedimiento normal de solicitud y de resolución expresa: Se tramitarán por este procedimiento las solicitudes de licencias de obras menores de aquellas actuaciones que requieran informes previos de la Administración municipal o de otras administraciones, o autorizaciones complementarias (vallas, andamios) o se lleven a cabo en edificios o conjuntos protegidos; o requisitos adicionales relacionados con el dominio público, telecomunicaciones o dirección facultativa, todo ello estimado por el técnico municipal en casos especiales.

2.1. El procedimiento se iniciará mediante la solicitud que contendrá, al menos, los datos señalados en el artículo 42.1, a la que acompañará la documentación que la presente regulación prevé para cada tipo de actuación urbanística, y se presentará en el registro municipal.

2.2. Los servicios competentes en el acto de la presentación examinarán la solicitud y la documentación aportada, actuando conforme estipula el art. 71 de la LRJPAC si fuera necesario.

2.3. Una vez completa la documentación, se emitirá informe municipal, que finalizará con propuesta en alguno de los siguientes sentido s:

a) De denegación, cuando la actuación proyectada no cumpla con la normativa urbanística aplicable, o

b) De otorgamiento, indicando, en su caso, los requisitos o medidas correctoras que la actuación proyectada deberá cumplir para ajustarse al ordenamiento en vigor.

2.4. La resolución del órgano competente deberá producirse en un plazo no superior a un mes, contado desde el día siguiente a la fecha en que se considere iniciado el expediente.

2.5. El transcurso del plazo máximo fijado en el número anterior podrá interrumpirse mediante requerimiento para subsanación de deficiencias; el requerimiento deberá precisar las deficiencias y el plazo para su subsanación.

3. Procedimiento especial de actuaciones comunicadas: Para las actuaciones de escasa entidad técnica, regirá el siguiente procedimiento:

—Deberá presentarse la preceptiva comunicación convenientemente cumplimentada de acuerdo con el artículo 42.1, letras a)-d).

—El sello de registro de entrada mediante diligencia del órgano competente para conocer de la actuación comunicada equivaldrá al “enterado” de la Administración Municipal, salvo que la documentación resultase incompleta y se requiriese la subsanación correspondiente.

—Analizada la documentación aportada con la comunicación, y en función de la adecuación o no de su contenido al ordenamiento urbanístico y normativa sectorial, y a las prescripciones del presente procedimiento, la tramitación de los actos comunicados proseguirá y/o concluirá de alguna de las siguientes formas:

—Cuando del examen de la documentación resulte ésta incompleta será requerido para la subsanación correspondiente, a tenor del artículo 71 de la LRJPAC.

—Cuando se estime que la actuación comunicada no está incluida entre las enumeradas en la presente Ordenanza, en plazo no superior a diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la fecha de su puesta en conocimiento de la Administración Municipal, se notificará al interesado la necesidad de que ajuste su actuación a las normas establecidas para el tipo de licencias de que se trate.

—En los demás casos se completará con una diligencia de “conforme” firmada por el Secretario o el Técnico municipal, estimándose concluso el procedimiento y archivándose, sin más trámites la comunicación, sin perjuicio de la liquidación que proceda y de la notificación que sea necesaria posteriormente.

  1. En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo las licencias o comunicaciones tramitadas que vayan en contra de la legislación o del planeamiento urbanístico, o cuando por causa de falseamiento u omisión de datos en la solicitud no fuera posible la notificación de subsanación o ajuste de la actuación.

5. No surtirán efectos las actuaciones comunicadas con la documentación incorrecta, incompleta o errónea. En ningún caso las actuaciones comunicadas podrán iniciarse antes de que transcurran diez días hábiles desde la fecha de su puesta en conocimiento de la Administración Municipal.

6. Estos procedimientos solo serán aplicables en los supuestos establecidos anteriormente. Dicho régimen procedimental no exonera a los titulares de dichas actuaciones de las obligaciones de carácter fiscal que con motivo de las mismas les correspondiera soportar.

SECCIÓN 2.ª

Obras mayores

Art. 44. Definición.

Tendrán la consideración de obras mayores aquellas para cuya realización se requiera proyecto técnico de acuerdo con la legislación vigente, y, en particular, las contempladas en el párrafo 2 del artículo 2 de la LOE.

Art. 45. Supuestos de obra mayor.

A los efectos de esta regulación, se distinguen los siguientes tipos:

1. Obras de restauración de edificios: son obras destinadas a preservar las características tipológicas, estructurales, formales y estilísticas de los edificios y de cada una de sus partes, asegurando, a la vez, las imprescindibles condiciones de seguridad, de estabilidad, higiene y adecuación tecnológica que hacen posible la continuidad en su utilización. Se incluyen en este concepto cuantas obras sean precisas para la preservación o reproducción fiel de la estructura portante, la estructura arquitectónica, las fachadas exteriores e interiores y los elementos ornamentales, así como aquellas tendentes a la eliminación de elementos añadidos en épocas posteriores que distorsionen la integridad arquitectónica del inmueble. No se incluyen obras que supongan un aumento de volumen ni alteración tipológica con respecto al edifico existente o, en su caso, original.

2. Obras de consolidación de edificios: Son obras mayores de carácter estructural, cuya finalidad es afianzar, reforzar o restituir elementos dañados de la estructura portante del edifico, para asegurar su estabilidad y mantener sus condiciones básicas de uso, con posibles alteraciones menores de su estructura o distribución. En este tipo de obras se incluyen los refuerzos de la cimentación, la sustitución o el refuerzo de forjados en mal estado, la consolidación de fachadas mediante atados, la reparación de estructuras de cubierta, etc. Pueden referirse también a obras necesarias para asegurar la estabilidad de ruinas y elementos parciales que pudieran subsistir de edificios arruinados.

3. Obras de rehabilitación de edificios: Son obras cuyo objeto, conservando las características tipológicas, estructurales, formales y estilísticas fundamentales de los edificios, se dirige a la conservación, la recuperación o la mejora de sus condiciones de seguridad, comodidad y adecuación funcional más favorable para facilitar la continuidad en su utilización; para ello podrá procederse a la sustitución o modernización de sus instalaciones, o, incluso, la redistribución de su espacio interior, manteniéndose, en todo caso, sus características morfológicas y su volumen edificado.

4. Obras de acondicionamiento mayor: Son obras cuya finalidad es mejorar las condiciones de habitabilidad de un local concreto de un edifico (sea comercial, oficina o vivienda), mediante la sustitución o modernización de sus instalaciones, e incluso la redistribución de su espacio interior, manteniendo, en todo caso, las características morfológicas que le son propias, pero con superación de los límites indicados para las obras menores de acondicionamiento.

5. Obras de demolición: Son obras cuyo objeto es eliminar físicamente una construcción en todo o en parte.

6. Obras de nueva edificación: Son obras que incluyen las construcciones de nueva planta sobre un suelo vacante, las de sustitución de un edifico por otro, las de reconstrucción y las de ampliación, en planta o en volumen, de un edifico existente.

Art. 46. Requisitos documentales y técnicos.

1. Con carácter general:

a) Instancia con datos personales de identificación y dirección a efectos de notificaciones, suscrita por el interesado o persona que le represente y por facultativo competente.

b) Etiqueta identificativa o, en su defecto, fotocopia del NIF o del DNI.

c) Acreditación de representación, en su caso, tanto a título particular, legal o profesional.

d) Situación de la obra a realizar (dirección de la misma).

e) Copia de autoliquidación de tributos aplicables.

2. Documentación específica:

a) Copia del plano oficial acreditativo de haberse efectuado el señalamiento de alineaciones y rasantes sobre el terreno, supuesto que sea preceptivo.

b) En su caso, fotocopia del documento oficial de contestación a las consultas efectuadas previamente.

c) Plano de situación a escala que determine la localización de la finca a que se refiera el proyecto.

d) Tres (3) ejemplares del proyecto suscrito por técnico competente, debidamente visados por el Colegio Oficial correspondiente en su demarcación de Aragón, que incluya como contenido el siguiente:

• Memoria en la que se describa la obra, con justificación expresa de la forma en que se ha dado cumplimiento a la normativa municipal en sus diferentes aspectos y se indiquen los datos que no puedan representarse numérica y gráficamente en los planos.

• Plano Topográfico de escala mínima 1:1000 de la parcela y del emplazamiento del edificio en la parcela, acotando los linderos de la misma, las distancias a los edificios y/o puntos de referencia próximos y las cotas de nivel de la planta baja con relación a los espacios libres exteriores, calles y fincas colindantes, en su caso.

• En caso de presentar Proyecto Básico, este incluirá:

—Memoria descriptiva y justificativa de las obras, indicando el cumplimiento sobre estacionamientos.

—Presupuesto estimativo por capítulos.

—Plano acotados de planta y/o alzadas y/o secciones a escala mínima 1:100 de la zona o zonas del edificio o viviendas afectadas por obras, indicando el lugar que ocupa con relación a la planta y/o plantas del edificio, rotulando el uso y presentando planos independientes del estado inicial del modificado en su caso.

—Datos que permitan la localización de la licencia de obras de construcción del edifico en su caso.

• En caso de Proyecto de Ejecución, deberá aportarse:

—Instalaciones.

—Pliego de condiciones.

—Presupuesto y mediciones detalladas por partidas.

—Estudio de seguridad y salud o Estudio Básico de seguridad y salud, según proceda legalmente en función del presupuesto de ejecución, duración de las obras o número de trabajadores simultáneos (s/.RD 1627/1997).

—Proyecto de infraestructura común de telecomunicaciones, siempre que el edificio deba acogerse al Régimen de Propiedad Horizontal.

—Descripción fotográfica del estado de la finca y sus colindantes, cuando se considere necesario.

—Detalles pormenorizados de los principales elementos que se restauran acompañados, cuando sea posible, de detalles equivalentes del proyecto original.

—Descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos en los que se señalen los elementos, zonas e instalaciones que requiriesen reparación.

—Estudio de Gestión de Residuos de la construcción (s/.RD 105/2008 y Decreto 262/2006 del Gobierno de Aragón)

—Documento acreditativo del nombramiento de los técnicos competentes para la dirección de obra. En el supuesto de no conocerse éstos en la tramitación de la licencia, se comunicará obligatoriamente al Ayuntamiento conjuntamente con el inicio de obra.

e) La ejecución de obras contiguas o muy próximas a los edificios catalogados, podrá implicar, según criterio del Técnico municipal, la obligación de acompañar a la solicitud de la licencia un dibujo de las fachadas del edifico proyectado y del catalogado, con el fin de ponderar si, dada la composición y el carácter de ambos, pudiera derivarse algún perjuicio estético a consecuencia de la nueva construcción.

Art. 47. Procedimiento.

1. Será el estipulado en el artículo 43 apartados 2.1, 2.2, 2.3 y 2.5.

2. La resolución del órgano competente deberá producirse en un plazo no superior a tres meses, contado desde el día siguiente a la fecha en que se considere iniciado el expediente. Transcurrido dicho plazo sin haber recaído resolución expresa, se entenderá otorgada la licencia por silencio positivo.

3. En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo positivo facultades contra las prescripciones de la Ley o de la normativa municipal.

Art. 48. Licencia de primera ocupación.

1. Se exigirá para la primera utilización de los edificios y la modificación del uso de los mismos, cuando no sea necesaria la de actividad clasificada ni la de apertura.

2. Tiene por objeto comprobar que las obras de nueva construcción o las de modificación o reforma se ajustan a la licencia de obras otorgada en su día conforme al proyecto aprobado y posibilita la ocupación y uso del inmueble y la contratación de servicios.

3. Para su tramitación deberá presentarse la oportuna solicitud, acompañada de la siguiente documentación:

a) Certificado de Fin de Obra expedido por el director técnico de la misma y visado por el Colegio Profesional respectivo en su demarcación de Aragón.

b) Las autorizaciones de funcionamiento de las instalaciones existentes por parte del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón.

c) Certificado de Sanidad, cuando proceda.

d) Recibo de tasas correspondientes, en su caso

  1. Será requisito para su concesión la comprobación municipal de que la construcción o reforma se ajusta al proyecto objeto de la licencia de obras correspondiente y a sus condiciones urbanísticas, así como el cumplimiento de las condiciones u obligaciones de ejecución de la urbanización correspondiente.

5. En todo caso, no se otorgará esta licencia ni se permitirá el uso u ocupación efectivo de los edificios o instalaciones hasta que no esté realizada totalmente y concluida la obra de urbanización correspondiente, y estén en condiciones de funcionamiento los suministros de agua y energía eléctrica y las redes de alcantarillado. Hasta ese momento, las Empresas o Entidades correspondientes al suministro de agua, electricidad y combustible para calefacción, no podrán suministrar sus servicios bajo las sanciones y demás medidas procedentes, cortándose y anulándose totalmente toda clase de suministro o contratación que, de hecho, sirviera para tales edificios o instalaciones.

6. En relación con la concesión de licencias (o declaraciones responsables) de primera ocupación para edificaciones de viviendas sujetas al cumplimiento de la legislación vigente en materia de infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios, se requiere la presentación del Boletín de la Instalación y el Protocolo de Pruebas asociado, además de la Certificación de Fin de Obra en los casos en que sea exigible, convenientemente sellados por la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones correspondiente.

SECCIÓN 3.ª

Movimiento de tierras, vallas, andamios, grúas.

Art. 49. Licencia para movimiento de tierras.

1. Los movimientos de tierra limitados a nivelación, rellenos y compactados, tendrán la consideración de obra menor. La solicitud cumplirá los requisitos especificados en el art. 42.1, letras a) d)

2. Cuando los movimientos de tierras conlleven la ejecución de zanjas o vaciados del terreno, la solicitud, además de los requisitos consignados en el artículo 42.1, irá firmada también por el técnico responsable de la dirección de las obras y deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

a) Plano de la parcela o parcelas a que se refiere la solicitud, a escala no menor de 1:500, en el que se indiquen las cotas de altimetría, la edificación, servicios y arbolado existente y la posición en planta y altura de las fincas o construcciones vecinas que pueden ser afectadas por el desmonte o terraplén.

b) Plano de los perfiles que se consideren necesarios para apreciar el volumen de las obras.

c) En función de su envergadura y peligrosidad, un ejemplar del Estudio Básico de Seguridad y Salud redactado por técnico competente y visado por Colegio Oficial o, en su caso, un Certificado de Seguridad emitido por técnico competente.

d) Documento acreditativo de asunción de la dirección técnica de las obras.

3. El procedimiento de tramitación y resolución será el estipulado en el artículo 47.

Art. 50. Licencias de vallas y andamios.

1. Supone la autorización para ocupar la vía pública mediante instalación de vallas, andamios, pies derechos y elementos auxiliares.

2. La solicitud, además de los requisitos consignados en el artículo 42.1, deberá ir acompañada de un proyecto que comprenda los siguientes documentos:

a) Plano o croquis que comprenda:

—Emplazamiento

—Situación de la obra

—Indicación de metros lineales y superficie de vía pública a ocu par.

b) En función de su envergadura y peligrosidad, un ejemplar del Estudio Básico de Seguridad y Salud visado por Colegio Oficial y redactado por técnico competente o, en su caso, un Certificado de Seguridad emitido por técnico competente.

3. El procedimiento de tramitación y resolución será el estipulado en el artículo 47.

Art. 51. Licencia de instalación de grúas (auxiliares de edificación).

1. La solicitud, además de los requisitos consignados en el artículo 42.1, deberá ir acompañada de un proyecto redactado por técnico competente y visado por Colegio Oficial, con los requisitos exigidos por la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM2, que además de su contenido específico comprenda los siguientes documentos:

—Plano de situación de la grúa y ámbito abarcado por su radio de giro

—Certificado de autorización de uso y seguridad de la grúa emitido por organismo oficial

—Certificado, emitido por técnico competente, acreditativo del perfecto estado de los elementos de la grúa a instalar y de asunción de la responsabilidad de su montaje

—Seguro de responsabilidad civil que comprenda específicamente el riesgo inherente a la grúa, sin franquicia

—Estudio de Seguridad y Salud

2. El procedimiento de tramitación y resolución será el estipulado en el artículo 47.

CAPÍTULO III

Licencia ambiental de actividadclasificada y de apertura

Art. 52. Licencia ambiental de actividad clasificada. Finalidad y tramitación.

1. El sometimiento de las actividades a previa licencia tiene por objeto evitar que las instalaciones, establecimientos, actividades, industrias o almacenes, sean públicas o privadas, produzcan incomodidades, alteren las condiciones normales de salubridad e higiene del medio ambiente y ocasionen daños a la riqueza pública o privada o impliquen riesgos graves para las personas o los bienes. En este sentido, quedan afectados al cumplimiento de este artículo, además de los contemplados en la Ley 7/2006, de Protección Ambiental de Aragón y/o en el nomenclátor del RAMINP, toda clase de establecimientos, instalaciones, actividades y usos que, a juicio del Ayuntamiento, previo informe de los Servicios Técnicos Municipales, puedan ser causa de los perjuicios y molestias enumerados al inicio.

2. Los supuestos requeridos de licencia ambiental de actividades clasificadas o licencia de apertura o de funcionamiento y, además, de licencia urbanística, serán objeto de una sola resolución, sin perjuicio de la formación y tramitación simultánea de piezas separadas para cada intervención administrativa (LUA-234).

3. Las solicitudes de las licencias de actividades se presentarán por triplicado con la documentación mínima establecida en el art.64.2 de la Ley 7/2006 Ambiental de Aragón.

4. Se estará a lo dispuesto en la Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental de Aragón, y en su caso en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RD 2414/61 de 30/11), Instrucción complementaria (orden 15/3/63), Decreto 109/86 de 14/11 de la DGA (BOA núm. 117 de 24/11/86) de intervención de la Diputación General en materia de actividades MINP, Orden de 28 de noviembre de 1986 del Departamento de Urbanismo, Obras Públicas y Transportes por la que se regula las actividades exentas de calificación por las Comisiones Provinciales de Medio Ambiente (BOA núm. 125 de 12/12/86), Decreto 45/1994 de procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y en el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos, aprobado por RD 2816/1982, de 27 de agosto, así como al resto de legislación sectorial que le afecte.

Art. 53. Licencia de apertura. Definición y tramitación.

1. Es el permiso necesario para poder desarrollar sus funciones con el que deben contar los establecimientos comerciales e industriales y de prestación de servicios que no precisen de licencia de actividad clasificada por su escasa posibilidad de producir molestias y alterar las condiciones normales de seguridad e higiene del Medio Ambiente, ocasionar daños a los bienes públicos o privados o entrañar riesgos graves para las personas, y tenderá a asegurar que los locales e instalaciones reúnen las debidas condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad.

2. La apertura de los edificios, locales o recintos, cerrados y cubiertos o abiertos y al aire libre, que hayan de destinarse a espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos requerirá las licencias y autorizaciones previstas en la legislación sectorial de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos.

3. Para su tramitación deberá adjuntarse a la solicitud todo o parte de la siguiente documentación en función de si la actividad requiere o no de la realización de obras:

—Copia de escritura de constitución y/o nombramiento de administrador o de apoderamiento para las entidades con personalidad jurídica o documento de constitución de la sociedad civil o de la comunidad de bienes.

—Declaración o copia del alta del Impuesto de Actividades Económicas.

—Abono de la Tasa.

—Certificado de Sanidad, cuando proceda.

—Las autorizaciones de funcionamiento de las instalaciones existentes por parte del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón.

—Cuando se trate de una actividad que ya cuenta con licencia de apertura pero se ha producido un cambio de titularidad, se deberá adjuntar declaración en la que señale que no ha habido modificación de actividad ni de instalaciones, y que se mantienen las condiciones recogidas en certificados anteriores.

—Fotocopia de la concesión de la licencia urbanística.

—Certificado de Fin de Obra expedido por el director técnico de la misma y visado por el Colegio Profesional respectivo en su demarcación de Aragón.

—Planos actualizados y visados si se han realizado modificacione s.

CAPÍTULO IV

Tramitaciones especiales

Art. 54. Tramitación genérica de actividades en suelo no urbanizable.

La tramitación de expedientes relativos a actividades en el suelo no urbanizable, ya sean constructivas o no constructivas, se ajustará a lo dispuesto en la Ley 7/2006 Ambiental de Aragón y LUA, así como a lo determinado en el Plan General de Ordenación Urbana.

Art. 55. Licencias de parcelación o segregación.

1. Se considerará parcelación urbanística toda agrupación, división o subdivisión simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes, cuando tenga por finalidad permitir o facilitar la realización de actos de edificación o uso del suelo o del subsuelo sometidos a licencia urbanística. No se podrá efectuar ninguna parcelación urbanística sin que previamente haya sido aprobado el planeamiento urbanístico exigible según la clase de suelo de que se trate.

  1. Las licencias de parcelación en suelo urbano y urbanizable delimitado son autorizaciones para dividir terrenos, siempre que previamente se haya

aprobado el planeamiento urbanístico exigible según la clase de suelo de que se trate.

La solicitud, además de los requisitos consignados en el artículo 42.1, deberá ir acompañada de un proyecto que comprenda los siguientes documentos:

a) Plano de situación de la finca o fincas cuya parcelación se so licite.

b) memoria en la que:

—Se describa la finca que se trate de dividir .

—Se aleguen las razones urbanísticas y de todo orden que justifiquen la operación, habida cuenta de lo dispuesto en la legislación vigente, en particular de la normativa municipal.

—Se indiquen las condiciones de edificabilidad de las parcelas.

—Se describan los lotes resultantes, con expresión de sus dimensiones, linderos y demás circunstancias necesarias para su inscripción en el registro de la Propiedad.

c) Plano a escala 1:1000 de las fincas resultantes de la parcela ción.

3. Las licencias de parcelación o segregación en suelo rústico son autorizaciones para dividir terrenos, siempre que tengan una finalidad exclusivamente vinculada a explotación agrícola de las tierras.

Las parcelaciones o segregaciones rústicas están sujetas a la exigencia de de declaración previa de innecesariedad de licencia (excepto las operaciones realizadas en procedimientos de concentración parcelaria).

La solicitud, además de los requisitos consignados en el artículo 39.1, deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

a) Plano de situación de la finca o fincas cuya parcelación se so licite.

b) memoria en la que:

—Se describa la finca que se trate de dividir .

—Se aleguen las razones de todo orden que justifiquen la operaci ón

—Se describan los lotes resultantes, con expresión de sus dimensiones, linderos y demás circunstancias necesarias para su inscripción en el registro de la Propiedad.

c) Plano a escala de las fincas resultantes de la parcelación, acotadas y superficiadas.

TÍTULO IV

Régimen urbanístico del suelo

Art. 56. Régimen urbanístico del suelo. Criterio general.

1. El régimen urbanístico del suelo se establece, de acuerdo con la situación básica en que se encuentre el suelo (rural o urbanizado), y la clasificación y la calificación urbanística de los predios [LUA-10].

2. Todo el suelo se encuentra en una de las situaciones básicas de suelo rural o de suelo urbanizado [TR-LS-12]:

• Está en la situación de suelo rural el suelo preservado de su transformación mediante la urbanización por el PGOU, y el suelo para el que se prevé o permite su paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente actuación de urbanización.

• Se encuentra en la situación de suelo urbanizado el integrado de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población, esto es cuando las parcelas (edificadas o no) cuenten con las dotaciones y los servicios requeridos por la legislación urbanística o puedan llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexión de las parcelas a las instalaciones ya en funcionamiento.

3. La clasificación del suelo establece el régimen jurídico correspondiente, con expresión de cada uno de los tipos y categorías de suelos adoptados.

4. La calificación urbanística del suelo establece los usos e intensidades de los terrenos y de la edificación, con establecimiento de zonas distintas de ordenación general uniforme.

CAPÍTULO I

Del derecho de propiedad

Art. 57. Delimitación del derecho de propiedad.

1. El contenido del derecho a la propiedad privada del suelo, reconocido en el art. 33.1 de la CE, estará conferido y delimitado de forma concreta por su función social y, en congruencia, por su utilidad pública, de acuerdo con el art. 33.2 de la CE y el art. 8 del TR-LS.

2. Es competencia urbanística del presente planeamiento, por remisión de LUA-2, y en orden al régimen del suelo y a la intervención en el ejercicio de las facultades dominicales, promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivos los derechos constitucionales de toda la población municipal referentes a los arts. 45, 46 y 47 de la Constitución; a saber:

a) disfrutar de un medio ambiente urbano y natural adecuado para el desarrollo de la persona;

b) utilizar racionalmente todos los recursos naturales;

c) garantizar la conservación y enriquecimiento del Patrimonio Cultural del municipio

d) disfrutar de una vivienda digna y adecuada

e) regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación; y

f) participar en las rentas generadas por la acción urbanística de los entes públicos.

Art. 58. Derechos y deberes de los propietarios del suelo y/o promotores de la urbanización.

1. El contenido urbanístico concreto del derecho de propiedad, conferido por el presente planeamiento mediante la situación básica del suelo y la clasificación y calificación urbanística de los predios, configura y define el estatuto jurídico de cada propiedad del término municipal.

2. Son derechos, deberes y cargas urbanísticas de los propietarios de suelo urbano y suelo urbanizable, definitorias asimismo del contenido del derecho de propiedad y de cuyo cumplimiento depende la legítima patrimonialización del aprovechamiento urbanístico, los previstos en los artículos 27 a 29 y 34 a 37 de la LUA, respectivamente.

3. Todo propietario tiene derecho a ejercer las facultades de edificación y uso de los predios, conforme a la calificación urbanística establecida por el PGOU.

4. El suelo urbano, además de las limitaciones específicas de uso y edificación que establece el PGOU, está sujeto a la de no poder ser edificado hasta que la respectiva parcela adquiera la calificación de “solar” (sin perjuicio de LUA-27.3 y 27.4), salvo que se asegure la ejecución simultánea de la urbanización y edificación con arreglo a LUA-239 y 240.

5. Los propietarios de terrenos en suelo urbano consolidado deberán:

• completar a su costa la urbanización necesaria para que los mismos alcancen la condición de solar

• ceder gratuitamente al municipio los terrenos afectados por las alineaciones y rasantes establecidas en proporción no superior al 15% de la finca

• regularizar las fincas cuando fuere preciso por ser su superficie inferior a la parcela mínima o de forma inadecuada para la edificación

6. En suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable, la Administración y cualesquiera otras personas, ostenten o no la propiedad del suelo, podrán promover la urbanización de conformidad con el PGOU, y a través de las formas de gestión previstas en LUA.

7. En suelo urbano no consolidado y urbanizable delimitado, los promotores de actuaciones de urbanización (sean o no propietarios del suelo afectado), tienen las siguientes obligaciones:

a) Promover su transformación, financiarla y, en su caso, ejecutarla de conformidad con lo establecido en el PGOU y LUA.

b) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados de la ordenación urbanística con anterioridad al inicio de su ejecución material.

c) Costear y, en su caso, ejecutar, en los plazos fijados en el planeamiento, todas las obras de urbanización previstas en la actuación correspondiente, incluidas las correspondientes a las dotaciones locales y sistemas generales y las obras de conexión con los sistemas generales exteriores y de ampliación o refuerzo de los mismos que ésta demande por su dimensión y características específicas, aunque hayan de ejecutarse fuera de la actuación. Este deber se asumirá sin perjuicio del derecho a reintegrarse de los gastos de instalación de las redes de servicios con cargo a sus empresas prestadoras, en los términos establecidos en la legislación aplicable.

d) Entregar a la Administración competente el suelo reservado para viales, espacios libres, zonas verdes y restantes dotaciones públicas incluidas en la propia actuación o adscritas a ella para su obtención, independientemente de su calificación como dotaciones locales o sistemas generales, así como las obras e infraestructuras realizadas en el mismo que deban formar parte del dominio público como soporte inmueble de las instalaciones propias de cualesquiera redes de dotaciones y servicios, así como también dichas instalaciones cuando estén destinadas a la prestación de servicios de titularidad pública. En concreto, deberán ceder obligatoria y gratuitamente al municipio los terrenos destinados por la ordenación urbanística a las dotaciones locales y a los sistemas generales incluidos o adscritos al sector o unidad de ejecución.

e) Ceder obligatoria y gratuitamente al municipio, y con destino a patrimonio público de suelo, el suelo libre de cargas de urbanización donde se ubique el 10% del aprovechamiento medio del sector.

f) Indemnizar a los titulares de derechos sobre las construcciones y edificaciones que deban ser demolidas y las obras, instalaciones, plantaciones y sembrados que no puedan conservarse.

8. Los propietarios del suelo no urbanizable, en conformidad con el art. 26.2 de la LUA, tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de los terrenos de su propiedad de conformidad con la naturaleza de los mismos dentro de los límites establecidos por el PGOU y de las leyes sectoriales que le sean de aplicación.

Art. 59. Transmisión del suelo.

La transmisión de la titularidad del Suelo y de las edificaciones no alterará la situación jurídica del propietario en cada momento de los mismos ya que se subrogará en la posición jurídico-urbanística del transmitente.

Art. 60. Entidades urbanísticas colaboradoras.

A efectos del adecuado cumplimiento de las obligaciones urbanísticas correspondientes, se fomentarán, de acuerdo con el art. 37 de la LUA, la constitución de las correspondientes entidades colaboradoras en la gestión urbanística.

CAPÍTULO II

Disposiciones comunes

Art. 61. Clasificación del suelo. Criterio general.

1. La clasificación del suelo, de conformidad con el art. 11 de LUA, constituye la división básica del suelo a efectos urbanísticos y determina los regímenes específicos de aprovechamiento y gestión aplicables a cada clase o categoría.

2. Según la realidad consolidada y el destino previsto por el Plan, se distinguen las siguientes clases y categorías:

• Suelo Urbano:

a) Consolidado

b) No consolidado

• Suelo Urbanizable:

a) Delimitado

b) No delimitado

• Suelo No Urbanizable:

a) Especial

b) Genérico

Art. 62. Estructura general de la ordenación urbanística del territorio.

Por su destino en la Ordenación del Territorio, el suelo se afecta en las PGOU a alguno de los objetivos siguientes:

a) Sistemas Generales (de dominio y uso públicos):

• comunicaciones

• espacios libres

• equipamiento comunitario

• infraestructuras y servicios técnicos

• espacios de protección de sistemas

b) Sistemas locales (de dominio y uso públicos):

• viario local

• espacios libres

• equipamiento comunitario

• infraestructuras

c) Zonas (aprovechamientos privados):

• Casco Antiguo (CA)

• Manzanas con Alineación Interior No Rebasable (MAINR)

• Manzanas con Alineación Interior No Definida (MAIND)

• Parcelas de Ordenación Libre (POL)

• Zona de Ordenación Volumétrica (ZOV)

• Zona industrial

• Zona verde privada, de uso público (ZVP-UP)

CAPÍTULO III

Régimen del suelo urbano (SU)

SECCIÓN 1.ª

Disposiciones comunes

Art. 63. Definición.

1. El Plan General clasifica como suelo urbano el que por su situación, urbanización, o inclusión legitima en áreas consolidadas por la edificación merece tal consideración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la LUA.

2. Dentro de esta clase de suelo, se señalan distintos ámbitos considerados como no consolidados al estar remitidos a procesos integrales de urbanización, sean o no de reforma interior. La ejecución de las correspondientes unidades en el suelo urbano no consolidado supondrá su incorporación al concepto de consolidado.

Art. 64. Solares.

1. Tendrán condición de solar [LUA-14]aquellas superficies de suelo urbano que reúnan los siguientes requisitos:

• que estén urbanizadas con arreglo al PGOU, teniendo señaladas alineaciones y rasantes

• contar con los servicios de acceso rodado integrado en la malla urbana [LUA-12], abastecimiento de agua, evacuación de aguas, y suministro de energía eléctrica de características adecuadas a la edificación, y que la vía a que dé frente cuente con encintado de aceras, pavimentación de calzada y alumbrado público; la cualidad de solar se aplicará, como máximo, a la superficie de la parcela contenida en la o las líneas paralelas a los viales pavimentados con una profundidad de veinte metros

2. En suelo urbano solo podrán edificarse aquellos terrenos que tengan la condición de solar, o cuando se asegure la ejecución simultánea de la urbanización y de la edificación (con los requisitos de LUA-238 a 241) .

3. En casos justificados podrán autorizarse, mediante licencia municipal, construcciones destinadas a fines industriales en las zonas permitidas, cuando la seguridad, salubridad y protección del medio ambiente quedaren suficientemente atendidas, y el propietario asumiera las obligaciones que le correspondan mediante inscripción en el Registro de la Propiedad. (LUA 27.3).

Art. 65. Fomento y plazos de la edificación.

1. Los propietarios de solares sin edificar ubicados en el suelo urbano consolidado, según el presente Plan, deberán presentar el proyecto definitivo con petición de licencia de edificación dentro del plazo de dos años a contar desde la entrada en vigor del presente Plan.

2. Los propietarios de suelos incluidos en suelo urbano no consolidado, deberán emprender la edificación dentro del plazo de dos años, contado desde que la parcela mereciese la calificación de solar según su Proyecto de Urbanización o de Obras Ordinarias.

3. Transcurrido dicho plazo, el Ayuntamiento podrá efectuar el procedimiento de declaración del incumplimiento del deber de edificar, y estará habilitado para expropiar la parcela o solar, o proceder a la ejecución mediante sustitución del propietario [LUA-223 a 228].

A tal efecto el Ayuntamiento formará y mantendrá en condiciones de pública consulta, a los solos efectos de publicidad, un Registro de inmuebles en situación de ejecución por sustitución.

La falta de inclusión en el Registro de parcelas o solares cuyos titulares hayan incumplido el deber de edificar no impedirá la aplicación de la expropiación o la ejecución del planeamiento mediante sustitución del propietario. [LUA-225]

SECCIÓN 2.ª

Suelo Urbano Consolidado (SUC)

Art. 66. Régimen de actuaciones en Suelo Urbano Consolidado (SUC).

1. En las presentes normas urbanísticas y en los planos correspondientes quedan determinados los Suelos Urbanos Consolidados que como tal se consideran en este Plan.

2. Respecto de las edificaciones consolidadas por ser compatibles con el presente planeamiento su régimen será el de conservación en tanto en cuanto no sean derribados por sus titulares para proceder a la edificación de nueva planta sobre el solar resultante, momento en que el régimen urbanístico a efectos de alturas, volumen edificable, alineaciones y demás determinaciones, será el previsto por estas normas para el conjunto del suelo urbano consolidado en general y para la parcela en particular.

3. En suelo urbano consolidado se pueden efectuar, manteniendo la condición de tal y por tanto su régimen de derechos y obligaciones particular, las siguientes acciones:

—Renovación parcial o total de la edificación.

—Modificación, renovación y mejora y rehabilitación de la edifica ción.

—Cambio de uso.

—Reurbanización y mejora.

4. Las actuaciones en suelo urbano consolidado se gestionarán siguiendo el régimen de las actuaciones aisladas [LUA-138 a 140], previa obtención de la licencia correspondiente, y en su caso aprobación de la normalización de fincas o del proyecto de obras ordinarias de urbanización.

5. Caso de que por su entidad las referidas actuaciones supusieran, a juicio del Ayuntamiento, un proceso integral de renovación o de reforma interior del área considerada, se requerirá, como paso previo a su materialización, la tramitación de la consiguiente modificación del presente PGOU que defina dichos terrenos como suelo urbano no consolidado y proceda a delimitar la correspondiente unidad de ejecución.

SECCIÓN 3.ª

Suelo Urbano No Consolidado (SUNC)

Art. 67. Régimen de actuación del Suelo Urbano no consolidado y Áreas de Planeamiento Remitido (PR).

1. En las presente normas urbanísticas y en los planos correspondientes quedan determinados los suelos urbanos no consolidados, grafiados explícitamente como Unidades de Ejecución.

2. El PGOU determina las actuaciones previstas para cada unidad de ejecución, o bien remite a su planeamiento de origen en las áreas de planeamiento remitido (PR).

3. Las actuaciones en suelo urbano no consolidado se gestionarán siguiendo el régimen de las actuaciones integradas [LUA-141 a 190], previa aprobación del planeamiento que establezca la ordenación pormenorizada, del proyecto de compensación, y del proyecto de urbanización.

Art. 68. Unidades de Ejecución.

1. El PGOU delimita Unidades de Ejecución en esta clase de suelo, por tratarse de terrenos en los que es necesario adaptar las condiciones de edificación y su disposición a la estructura de las edificaciones y viales existentes, o porque pueden obtenerse mejoras en la organización general del tejido urbano. Generalmente ordenan áreas poco edificadas, configurándolas como espacios coherentes para la gestión del planeamiento por permitir el cumplimiento conjunto de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización de la totalidad de su superficie. Su definición física última podrá estar sujeta a los ajustes contemplados en el art. 8.4 y 8.5 de las presentes normas.

2. El Ayuntamiento o los particulares, si lo estiman conveniente, podrán proceder a subdividir las delimitaciones propuestas para las Unidades de Ejecución con el objetivo de facilitar la gestión urbanística. Este ajuste se efectuará mediante la tramitación de un Expediente Administrativo al efecto, con trámite de información pública y audiencia de los interesados por un plazo común de 20 días como mínimo, conforme estipula el art. 145.4 de la LUA en relación con el art. 144.4 de LUA.

  1. Caso de ser necesario redactar planeamiento de desarrollo, este se redactará por Unidades completas, al igual que los instrumentos de gestión y ejecución.

4. El sistema de actuación previsto por defecto para desarrollar las unidades de ejecución es el de cooperación, si bien no se descarta la ulterior adopción de otros sistemas de actuación aplicables con arreglo a la legislación autonómica (LUA) a través del procedimiento regulado en el art. 18.8 de las presentes normas.

5. El plazo máximo para la ordenación y aprobación de proyectos de urbanización de las diferentes unidades de ejecución se establece en 20 años.

6. De conformidad con lo dispuesto por el art. 5 de Ley 24/2003 de Medidas Urgentes de Política de Vivienda Protegida, las Unidades de ejecución definidas en Suelo Urbano No Consolidado habrán de reservar un treinta por ciento (30%) de su edificabilidad residencial para la construcción de viviendas protegidas.

La localización de dicha reserva mínima deberá incluirse obligatoriamente en el Proyecto de Reparcelación correspondiente.

7. Las determinaciones específicas de cada unidad de ejecución se encuentran en el documento “Fichas UE’s” integrante del PGOU.

8. De conformidad con el art. 40 del RPUA, en atención a las circunstancias concurrentes, se ha establecido la unidad como coeficiente de homogeneización de todos los usos y tipologías admitidos; así como de ponderación de las UEs.

CAPÍTULO IV

Régimen del suelo no urbanizable

SECCIÓN 1.ª

Disposiciones comunes

Art. 69. Definición y objetivos.

1. Constituyen el suelo no urbanizable los terrenos clasificados como tales por el PGOU por concurrir alguna de las circunstancias siguientes [LUA-17]:

• el suelo preservado de su transformación mediante la urbanización, que incluye, como mínimo, los terrenos excluidos de dicha transformación por la legislación de protección o policía del dominio público, de protección medio-ambiental o de patrimonio cultural; los que deban quedar sujetos a tal protección conforme a la ordenación territorial y urbanística por los valores en ellos concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y paisajísticos; así como aquéllos con riesgos naturales o tecnológicos, incluidos los geológicos, morfológicos, de inundación o de otros accidentes graves.

• que el PGOU no considera conveniente su transformación en urbanos de acuerdo con el modelo de evolución urbana y ocupación territorial resultante de la ordenación estructural establecida por el Plan General y, en su caso, por planes y proyectos de interés general de Aragón o instrumentos de ordenación territorial.

2. Son fines de la regulación del suelo no urbanizable los sigui entes:

• Preservar la explotación agraria, especialmente de los suelos de mejores rendimientos.

• Proteger los elementos naturales más destacados, preservando sus valores ecológicos, culturales y paisajísticos.

• Prevenir procesos patológicos de urbanización.

• Acomodar ordenadamente los diversos usos o actividades que puedan permitirse.

3. Conforme a la legislación urbanística, los propietarios de terrenos clasificados como SNU tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de ellos conforme a su naturaleza, debiendo destinarlos a fines agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos, ambientales, extractivos u otros vinculados con la utilización racional de los recursos naturales y dentro de los límites que en su caso establezcan las leyes o el planeamiento.

Art. 70. Usos admisibles en SNU.

1. Son usos característicos del SNU: el agrícola, forestal, ganadero, cinegético, y en general los vinculados a la utilización racional de los recursos naturales.

2. A efectos del establecimiento de limitaciones, los usos admisibles en SNU se clasifican en:

a) Usos agrícolas. Este concepto incluye la explotación agrícola, forestal, ganadera y, en general, los usos vinculados a la explotación racional de los recursos naturales. Se definen los siguientes subgrupos:

a) Actuaciones de protección y mejora del medio.

b) Usos de cultivo.

c) Explotaciones agrarias y ganaderas (incluida la vivienda de personas que deban permanecer permanentemente en la explotación)

b) Usos vinculados a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas. Se definen los siguientes subgrupos:

a) actuaciones relacionadas con la implantación de las obras públicas.

b) Actuaciones vinculadas al servicio de los usuarios de las obras públicas.

c) Usos que quepa considerar de utilidad pública o interés social o contribuyan de manera efectiva a la ordenación o al desarrollo rurales, y hayan de emplazarse en medio rural. Este concepto incluye los usos de interés público que deban emplazarse en medio rural y que se autoricen como tales mediante el procedimiento de autorización especial regulado en LUA-32. Se distinguen, con carácter no limitativo, los siguientes subgrupos:

a) Usos relacionados con la explotación agraria, ganadera o de protección del medio ambiente (incluida la vivienda de personas que deban permanecer permanentemente en la explotación) que por su dimensión industrial, grado de transformación de la materia prima u otros factores no guarden relación con la naturaleza y destino de la finca, pero requieren emplazarse en el medio rural.

b) Usos de carácter industrial, de almacenamiento o tratamiento de desechos y otros similares, que requieran emplazarse en el medio rural.

c) Extracciones, depósitos y beneficios de recursos minerales, de combustibles sólidos y de desechos o chatarras y los vertederos de residuos sólidos.

d) Infraestructuras de telecomunicaciones y/o transporte de energía.

e) Servicios públicos, usos de carácter científico, docente, cultural, recreativo, deportivo, y asimilables a los de carácter dotacional y de infraestructura, cuando requieran emplazarse en esta clase de suelo.

f) Obras de renovación de construcciones en aldeas, barrios o pueblos deshabitados, así como de bordas, torres u otros edificios rurales antiguos, siempre que se mantengan las características tipológicas externas tradicionales propias de tales construcciones. La autorización podrá implicar un cambio de uso respecto al original del edificio, así como la división del mismo en varias viviendas cuando su tamaño lo permita. También podrán autorizarse las obras necesarias para la implantación de los servicios urbanísticos que requieran las renovaciones, aunque, cuando estas obras tengan un carácter global en el núcleo afectado, cabrá exigir el correspondiente plan especial para la dotación de infraestructuras.

g) Uso de vivienda familiar aislada.

Art. 71. Usos agrícolas. Modalidades.

1. Se comprenden en el uso agrícola las siguientes instalaciones: almacenes agrícolas, explotaciones agropecuarias o granjas, viveros, invernaderos, silos, casetas, balsas, etc.

2. Se establece la categoría especial de vivienda rural, definida funcionalmente por la vinculación de la edificación a la explotación agrícola, y estructuralmente por su conexión con la edificación auxiliar destinada a usos agrícolas.

3. Las construcciones destinadas a explotaciones agrícolas deberán guardar relación con la naturaleza y destino de la finca en la que se asienten, y ajustarse a los planes o normas de los órganos competentes en materia de agricultura.

4. El peticionario de licencia para edificaciones agrícolas deberá acreditar su condición de profesional de la agricultura o el uso agrario para las superficies tradicionales de terreno correspondientes a la “Junt a de Caspe”.

Se entenderán como profesionales de la agricultura las personas físicas que se dediquen de manera preferente a actividades de carácter agrario y se ocupen efectiva y directamente de la explotación, así como las personas jurídicas cuyo objeto social exclusivo sea la explotación agrícola o ganadera y, eventualmente, la comercialización o industrialización de los productos obtenidos. La mencionada acreditación se efectuará:

• Si es persona física, mediante afiliación al régimen de autónomos de la Seguridad Social, o justificación de inversiones (plantación, riego, aperos de labranza, etc.) únicamente en las parcelas de hasta 4.000 metros cuadrados, así como autorización de captación para regadío.

• Si es persona jurídica, mediante copia autorizada de la escritura de constitución y de los estatutos, así como autorización de captación para regadío.

Art. 72. Usos agrícolas. Condiciones de edificación.

1. Los tipos de las construcciones habrán de ser adecuados a su condición aislada, e integrarse en el paisaje.

2. Las condiciones de edificación se diferencian para las siguientes tipologías:

CASETAS

Parcela mínima: 2.500 m2.

Condiciones de edificación:

• Superficie máxima edificable: 15 m 2.

• Altura máxima: PB/3 m.

• Retranqueo a linderos: 5 m.

MASES

Parcela mínima: 2.500 m2.

Condiciones de edificación:

• Superficie edificable máxima: 1,50 m2/100 m2 de parcela; máximo 60 m2.

• Superficie edificable máxima en piscina de utilización unifamiliar: 60 m2.

• Superficie edificable máxima en porche abierto a tres caras: 30 m2.

• Número máximo de plantas: 1 (PB).

• Altura máxima: 3 m (a cara inferior del alero); 5 m (a cumbrera).

• Retranqueo a linderos: 5 m.

ALMACENES AGRÍCOLAS

Parcela mínima:

• Regadío: 2.500 m2.

• Secano: 1 ha.

Condiciones de edificación:

• Superficie máxima edificable: 0,1 m2/m2.

• Superficie mínima edificable: 200 m 2.

• Altura máxima: PB/6 m (a cara inferior del alero)

Mediante autorización excepcional podrán autorizarse alturas superiores siempre que se justifique su necesidad.

• Retranqueo a linderos: 10 m.

OTRAS EDIFICACIONES AGROPECUARIAS

Parcela mínima:

• Regadío: 1 ha.

Para parcelas de superficie entre 4.000 metros cuadrados y 1 ha correspondientes a la “Junta de Caspe” y anteriores a la aprobación definitiva del PGOU, la superficie edificable máxima se limita a 50 m2. A partir de la aprobación definitiva del PGOU las parcelas de superficie inferior a 4.000 metros cuadrados carecerán de edificabilidad para esta categoría de edi ficaciones.

• Secano:1 ha

Condiciones de edificación:

• Superficie máxima edificable: 0,1 m2/m2/(*) 50 m2.

(*) Para parcelas de superficie entre 4.000 metros cuadrados y 1 ha correspondientes a la “Junta de Caspe” y anteriores a la aprobación definitiva del PGOU, la superficie edificable máxima se limita a 50 m2. A partir de la aprobación definitiva del PGOU las parcelas de superficie inferior a 4.000 metros cuadrados carecerán de edificabilidad para esta categoría de edificaciones.

• Altura máxima: PB/6 m (a cara inferior del alero)

Mediante autorización excepcional podrán autorizarse alturas o plantas superiores siempre que se justifique su necesidad.

• Retranqueo a linderos: 10 m

VIVEROS E INVERNADEROS

Parcela mínima: no se establece.

Superficie edificable máxima: 50% de la superficie de la parcela.

Número máximo de plantas: 1 (PB)

Altura máxima: 5 m.

VIVIENDA UNIFAMI.LIAR RURAL ADSCRITA

Parcela mínima:

• Regadío: 1 ha

• Secano: 1 ha

Condiciones de edificación:

• Superficie máxima edificable: 0,02 m2/m2/máximo 300 m2.

• Altura máxima: PB+1/6 m.

• Retranqueo a linderos: 10 m.

3. A efectos del cómputo de superficie total de la finca se podrán ag rupar fincas vecinales lindantes o separadas por carreteras, caminos y/o acequias, debiéndose adscribir la edificación a dichas fincas mediante inscripción en el Registro de la Propiedad.

En todo caso, la parcela de emplazamiento de la edificación (o edificaciones) deberá tener una superficie mínima de 2.500 metros cuadrado s.

4. A fin de conseguir una perfecta integración de las construcciones en su entorno y en el paisaje, los volúmenes, cubiertas, materiales, etc. deberán respetar las características tradicionales en la zona; a tal efecto se establecen las siguientes pautas constructivas:

• la edificación constará de un solo volumen, o de la adición de varios volúmenes sencillos.

• se exigirá un acabado que no produzca efectos discordantes con el entorno natural y el paisaje pudiendo exigirse el blanqueado o pintado de paramentos visibles (bloque, ladrillo tocho o gero, revocos, etc.).

• en las zonas en que exista arbolado, las edificaciones se proyectarán de forma que se respete dicho arbolado en el grado máximo posible.

• la superficie pavimentada y no edificada (incluso porches), se limita como máximo al 5% de la parcela.

A efectos de esta norma, quedarán contabilizadas como zonas pavimentadas todo tipo de porches.

Excepcionalmente podrá autorizarse un porcentaje superior en función de las necesidades específicas justificadas de la actividad o explot ación.

• cualquier solución que se aparte de estas pautas, comporta la necesidad de su justificación en una memoria, en la cual se demuestre además de su necesidad, la correcta integración en el entorno.

5. El suministro de agua y vertido a edificaciones en SNU deberá justificar el régimen de uso y la legislación ambiental aplicable.

Con excepción de las explotaciones agro-pecuarias y de las edificaciones e instalaciones de interés público, no se autorizará la conexión a las redes municipales de agua y vertido de las edificaciones en suelo no urbanizable (SNU). Los casos existentes antes de la aprobación del PGOU se consideran “tolerados”.

Art. 73. Usos agrícolas. Condiciones particulares.

1. Explotaciones agropecuarias o granjas

Se cumplirá la normativa específica de la DGA para Instalaciones y Explotaciones Ganaderas: Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas (BOA núm. 106 de 5/jun/2009), y Orden de 28/feb/2011 sobre distancias mínimas a instalaciones ganaderas (BOA núm. 50 de 10/03/2011), u otras que las sustituyan.

Sometidas a justificación y control ambiental (vertidos, etc.)

2. Viviendas rurales.

En las instalaciones agrícolas que así lo requieran, se podrá autorizar la construcción de viviendas para el vigilante o trabajadores de la explotación, siempre que el volumen de estas sumado al volumen de la edificación principal no supere el techo máximo autorizado, o en su caso, mediante la aprobación de un Plan Especial de la Explotación de que se trate.

En el caso de explotación exclusivamente agrícola, el tamaño mínimo de la misma no será inferior a 10.000 metros cuadrados en regadío y 25.000 metros cuadrados en secano, para poder edificar viviendas.

El techo máximo autorizado para vivienda rural será de 300 metros cuadrados, los cuales podrán disponerse en un máximo de planta baja y una planta piso.

Sometidas a justificación y control ambiental (vertidos, etc.)

Vinculadas al uso agrícola y tratamiento vegetal integral de la parcela

3. Mases.

En ningún caso el “mas” tendrá carácter residencial, por lo que no podrá presentar compartimentaciones propias de las viviendas, como dormitorios, cocinas, etc.

Se permite exclusivamente la disposición de una pila fregadero y de un aseo, dotado de inodoro, lavabo y ducha, en cuyo caso se deberá justificar la solución adoptada tanto para el abastecimiento de agua como para la evacuación de las aguas residuales.

No se permite la construcción de plantas sótanos ni el aprovechamiento bajo cubierta.

Los porches deberán mantener siempre sus tres caras abiertas.

Deberá acreditarse no poseer en el suelo no urbanizable del término municipal ninguna otra edificación destinada al mismo uso, así como en el caso de existir otra edificación de igual uso en la parcela proceder previa o simultáneamente al derribo de la existente.

4. Casetas.

Se permite la edificación de casetas para usos auxiliares de la agricultura (almacén de aperos), de una superficie construida máxima de 15 metros cuadrados, altura de 1 planta ó 3 m y unos retranqueos a linderos de 5 metros.

5. Viveros e invernaderos.

En los viveros e invernaderos con venta al público, el área de venta no podrá ocupar más del 10% de la superficie de la parcela. En este caso deberá resolverse en el interior de la parcela el aparcamiento de vehículos.

Deberán guardar una distancia mínima de 500m a cualquier núcleo de población.

6. Balsas y piscinas.

Las balsas deberán estar convenientemente valladas por motivos de seguridad. Dicho vallado se integrará en el entorno para no crear un impacto ambiental negativo, y no deberá tener características de piscina.

Las piscinas cumplirán las condiciones de diseño y técnicas establecidas en la normativa vigente específica de dichas instalaciones.

Art. 74. Usos agrícolas. Condiciones de procedimiento.

Las condiciones para la tramitación de licencia de edificación para usos agrícolas en suelo no urbanizable, son las siguientes:

a) El solicitante presentará ante el Ayuntamiento solicitud de licencia, acompañada de:

1. Documentación que acredite su condición de profesional de la agricultura en los términos establecidos en el art. 68.4.

2. memoria en la que se justifique la viabilidad de la explotación agrícola, y en su caso la necesidad de vivienda o viviendas al servicio de la explotación.

3. Plano de situación a escala adecuada, que refleje la parcela afecta a la edificación y las parcelas colindantes o contiguas, todas ellas debidamente identificadas, así como las distancias a suelo urbano, suelo urbanizable delimitado, vivienda unifamiliar aislada, y granjas en un radio de 1 km.

4. Plano de emplazamiento a escala adecuada, en el cual se refleje la parcela afecta a la edificación, y los edificios existentes y proyectados, todo ello debidamente acotado.

5. Planos de proyecto o croquis en su caso (casetas, vallas, etc.).

6. Caso de incluir vivienda, compromiso de uso como primera residencia y destino agrícola de la finca, por un período mínimo de 5 años.

7. Relación de propietarios colindantes.

8. Inscripción registral como indivisible de la finca adscrita a la edificación.

b) El Ayuntamiento, a la vista de la documentación otorgará o denegará la licencia de obras. En todo caso, la licencia estará supeditada al cumplimiento de la normativa sobre condiciones higiénicas, técnico-constructivas y de actividades, dictadas por las diversas Administraciones competentes.

Art. 75 Vivienda no rural: unifamiliar aislada.

En suelo no urbanizable genérico del término municipal de Caspe, se permite la construcción de nueva planta de edificios aislados destinados a vivienda no rural o unifamiliar aislada, sujeta a las condiciones siguientes:

1. Autorización de acuerdo con el procedimiento previsto en LUA-30.

2. Condiciones de edificación;

Parcela mínima:

• Regadío: 1 ha.

• Secano: 1 ha.

Condiciones de edificación:

Superficie máxima edificable: 0,02 m2/m2/máximo 300 m2.

• Altura máxima: PB+1/6 m.

• Retranqueo a linderos: 10 m.

Control ambiental:

• Sometidas a justificación ambiental (vertidos, etc.).

• Uso agrícola y tratamiento vegetal integral de la parcela.

…  Ver más    (B.O.Z  de 11.05.2015)

…  Cualquier cuadro, gráfico,  etc.  Ver en: (Pdf) B.O.P. de Zaragoza núm.  104, de 11 de mayo

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