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Sables, casullas, desfiles militares y homenajes a la Virgen del Pilar. Por este lado, el país no da otra cosa.

   /  26/07/2015  /  Comentar

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Cándido Marquesán MillánEn muchos aspectos de nuestra existencia la simbología es muy importante. Como también en el ámbito de la política. Lo estamos constatando estos días por unas decisiones coincidentes por parte de las nuevas fuerzas políticas llegadas a los gobiernos municipales en las últimas elecciones del 24-M.

El alcalde de Podemos por Cádiz, Kichi, José María González ha sustituido en su despacho el retrato del rey Juan Carlos de Borbón por el del Fermín Salvochea, que fue alcalde de Cádiz durante la Primera República y vinculado al anarquismo español en el periodo final del siglo XIX.

El busto del Rey Juan Carlos I que preside la sala de plenos del Ayuntamiento de Barcelona fue retirado por la alcaldesa de Barcelona en Comú, Ada Colau.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido que el pabellón Príncipe Felipe pase a denominarse José Luis Abós, en “homenaje” al técnico-entrenador del CAI y “cumpliendo un mandato electoral”, según Pablo Híjar, concejal de deportes. La medida fue adoptada por el gobierno de Zaragoza en Común después de una Junta de Portavoces en la que se trató la moción presentada por CHA para que la propuesta se debatiera en el pleno del lunes y al comprobar que la medida iba a ser rechazada al contar con la oposición de PSOE y PP.

Ni que decir tiene que ataques furibundos les han llegado desde todos los frentes: políticos, mediáticos, sociales… Han sido acusados de poner en peligro nuestra Transición, al atacar uno de sus pilares básicos. Y de no respetar la normativa vigente, ya que parece ser que existe un reglamento estatal de 1986, por el que los salones de plenos de todos los consistorios españoles deben lucir una efigie, ya sea pictórica, fotográfica o en busto, del jefe del Estado. Reglamento que puede ser cuando menos interpretable. Por cierto, no han hecho otra cosa que cumplir lo prometido en su programa electoral, ya que se definen claramente republicanos.

La cuestión Monarquía y República debería plantearse ya, pero las fuerzas políticas dominantes no se han atrevido a hacerlo. Comprensible en el PP, pero no en el PSOE. Es algo que debería haber hecho hace ya tiempo el PSOE. Como sus dirigentes van arrojando por el camino gran parte de su equipaje ideológico, cada vez cuesta más reconocer su esencia socialista. Para justificar sus comportamientos siempre tienen motivos: el consenso, política de Estado, estrategia electoral, etc. Luego se sorprenden de que muchos de sus votantes prefieran otras opciones políticas. Ahora me fijaré en la forma de Estado. El PSOE renunció al republicanismo, en aras a la necesidad del consenso en la Transición. Pero desde 1978, fecha de la Constitución, han pasado ya 37 años y los tiempos son otros, por lo que el PSOE debería recuperar y defender su republicanismo, como lo hizo en un memorable discurso el socialista Gómez Llorente en el Congreso de Diputados el 11 de mayo de 1978, del que expongo luego las ideas fundamentales. “En la elaboración de la Constitución, los socialistas asumimos la responsabilidad de replantear todas las instituciones básicas de nuestro sistema político sin excepción, incluso la forma política del Estado y la figura del Jefe del Estado. No creemos en el origen divino del Poder, ni en el privilegio por razones de linaje. Ni aceptamos la Monarquía como una situación de hecho. Defendemos la República: por honradez, por lealtad con su electorado, por las ideas del partido, porque sentimos el mandato de los republicanos que no han podido concurrir a las elecciones. Reafirmamos la forma de gobierno republicana, al ser la más racional y acorde con los principios democráticos. Del principio de la soberanía popular se infiere que toda magistratura deriva del mandato popular; que las magistraturas representativas son fruto de la elección libre, expresa, y por tiempo definido y limitado. La limitación no sólo en las funciones, sino en el tiempo de ejercicio de los magistrados que representan a la comunidad, es una de las ventajas más positivas de la democracia, pues permite resolver pacíficamente, por la renovación periódica el problema de la sustitución de las personas, mas por el contrario, es muy conflictivo la sustitución de los gobernantes no electos. Además para un demócrata, ninguna generación puede comprometer la voluntad de las generaciones sucesivas. Por otra parte, en nuestra historia vemos que en la implantación del régimen constitucional, la Monarquía ha sido un gran impedimento. Por eso exclamó Pablo Iglesias en el Parlamento el 10 de enero de 1912: “No somos monárquicos porque no lo podemos ser; quien aspira a suprimir al rey del taller, no puede admitir otro rey”. Los socialistas aspiramos a la igualdad y nos esforzamos por compatibilizar la libertad y la igualdad, de ahí nuestros reparos a la herencia. ¿Cómo no vamos a ser contrarios a que la jefatura del Estado sea hereditaria? Estas ideas no tienen su génesis en el propio pensamiento socialista, sino en el liberalismo radical burgués. Mas los socialistas somos republicanos no sólo por razones de índole teórica. Pertenecemos, a un partido, que se identifica con la República, no en vano, fue el pilar fundamental en el régimen del 14 de abril de 1931. Fue baluarte de la República, cuando no hubo otra forma de asegurar la soberanía popular, la honestidad política y, en definitiva, el imperio de la ley unido a la eficacia en la gestión. Si hoy el PSOE no se empeña como causa prioritaria en cambiar la forma de Gobierno es porque alberga razonables esperanzas de compatibilizar la Corona y la democracia, y que la Monarquía sea una pieza constitucional, que sirva para los Gobiernos de derecha o de izquierda y que viabilice la autonomía de las nacionalidades que integran el Estado. Por ello aceptamos lo que resulte en este punto del Parlamento constituyente 

Otras decisiones políticas coincidentes en estas nuevas fuerzas políticas es la puesta en práctica de la laicidad. El alcalde de Santiago, Martiño Noriega de Compostela Aberta, no acudió a la ofrenda al Apóstol Santiago que tradicionalmente pone fin a las celebraciones del Día de Galicia para reivindicar la laicidad de su mandato.

Ada Colau anunció que no irá a la misa de La Mercè, misa que se hará para que vaya quien quiera, dijo, “autoridades y vecinos”, pero no aparecerá en el programa oficial de la Fiesta Mayor. Anteriormente, el Consistorio anunció que no autorizaba la misa en el castillo de Montjuïc dedicada a los caídos en la Guerra Civil del bando nacional que se celebraba desde 1940. Se considera que el acto contraviene la ley de memoria histórica el encubrir “un acto de exaltación” del alzamiento militar.

El gobierno municipal de Zaragoza en Común (ZEC), quiere prohibir a los concejales de la capital aragonesa su participación oficial en actos religiosos. Para ello, ha previsto reformar el actual Reglamento de Protocolo del Consistorio zaragozano, en el que se regula lo que viene siendo tradición institucionalizada desde antiguo: la presencia de la Corporación municipal en actos religiosos solemnes de festividades señaladas, caso de los que se celebran con motivo de San Valero, patrón de la ciudad, la procesión del Santo Entierro (Viernes Santo), la misa del 12 de octubre, festividad de la Virgen del Pilar, y el Rosario de Cristal que tiene lugar al día siguiente. El gobierno que dirige el alcalde Pedro Santisteve dice que este reglamento debe cambiarse para hacer efectiva la «aconfesionalidad» de la institución municipal. Para ello ha retomado una moción presentada la legislatura pasada por Chunta Aragonesista (CHA) y está preparando un proyecto de reforma del Reglamento de Protocolo en ese sentido. En síntesis, quedará prohibido en la práctica que los concejales puedan acudir en esa condición de representantes oficiales a actos religiosos y, de hacerlo, deberán asistir a ellos a título estrictamente personal, como un ciudadano más. Hasta ahora, durante los doce años de gobierno del PSOE en Zaragoza, con Juan Alberto Belloch como alcalde, se ha mantenido la tradición de la asistencia oficial de la Corporación municipal a actos religiosos de festividades señaladas. De hecho, así queda recogido en el vigente Reglamento municipal de Protocolo. Todavía más un crucifijo presidía los Plenos del Consistorio zaragozano.

Sobre el tema de la laicidad si estamos hoy donde estamos se debe a que el PSOE no ha tenido el coraje de aplicar la laicidad por temor a molestar a las jerarquías católicas y por la creencia de que tal comportamiento le podría reportar réditos electorales. De ahí que todavía sigan vigentes los Acuerdos con la Santa Sede. Como señala José M. Castillo, una de las asignaturas pendientes de la Transición Democrática en nuestro país es la cuestión religiosa. Las relaciones Iglesia Católica-Estado tal como se establecieron en los Acuerdos de 1976 y 1979 no parecen ser las idóneas en una sociedad democrática. En esas fechas, tanto la Iglesia católica española y el Vaticano por un lado; y, por otro, la clase política, en su mayoría, estaban de acuerdo que el Estado confesionalmente católico heredado del franquismo era un anacronismo en la Europa democrática del momento. Había que establecer las relaciones Iglesia-Estado sobre unas nuevas bases. Los principales partidos políticos, conocedores de la historia de la II República, no quisieron que nuevamente la cuestión religiosa volviera a envenenar la convivencia entre los españoles, por lo que se marcaron el objetivo de llegar lo más pronto posible a un acuerdo negociado con la Iglesia. El poder del confesonario y del púlpito era impresionante, por lo que decidieron pactar con él y se le hicieron excesivas concesiones tanto con los Acuerdos como en nuestra Carta Magna. Si éste no se hubiera conseguido, probablemente nuestra transición hubiera sido diferente.

Esta situación de privilegio hacia una determinada confesión religiosa en detrimento de otras no es lógica en una sociedad democrática. La razón se debe a una interpretación sesgada de los Acuerdos firmados con la Santa Sede y a determinados artículos constitucionales, que se alcanzaron en un determinado contexto político, ya comentado, que hoy es muy diferente, ya que la “democracia” por lo menos formal es irreversible y las fuerzas políticas dominantes son otras. Además la sociedad española actual es muy distinta a la de 35 años atrás. Hoy la sociedad española es plural, ya no es el monolito cultural que se pretendió conseguir por las buenas o por las malas hasta bien entrada la segunda mitad del siglo pasado. La globalización de las comunicaciones, el flujo de capitales y mercados por doquier y, especialmente, los movimientos migratorios están generando una nueva sociedad, con personas de culturas, tradiciones, intereses, creencias y maneras de entender la vida, no sólo diferentes, sino con frecuencia antagónicos. Además España es una sociedad constitucionalmente laica, así lo reconoce nuestra Constitución, porque así lo hemos querido libre y mayoritariamente los ciudadanos españoles; entendiendo que el Estado debe ser independiente de toda influencia religiosa o eclesiástica, en este sentido es laica.

Así, hoy no es de recibo el mantenimiento de unos acuerdos y artículos constitucionales, que podrían explicarse y justificarse en determinadas circunstancias coyunturales, que han desaparecido de pleno.

Como conclusión a todo lo expuesto, todavía existen una serie de instituciones, blindadas en nuestra Carta Magna, que parecen intocables y si alguien las cuestiona, circunstancia que entra dentro de la más estricta normalidad democrática, puede verse sometido a ataques indiscriminados por amplios sectores de la sociedad española, en la que parece que no ha calado todavía la democracia. No quiero llegar a pensar la que se puede armar en Zaragoza cuando los concejales de la ciudad no puedan asistir reglamentariamente a determinadas ceremonias religiosas, como el Rosario de Cristal, el Santo Entierro o la Ofrenda a la Virgen del Pilar. ¡Que dios te coja confesado, Pedro Santisteve!.

Termino con unas palabras de Manuel Azaña dichas en 1937 en otro contexto, pero que todavía en gran parte siguen vigentes en esta España nuestra: Cuando se hablaba de fascismo en España, mi opinión era ésta: Hay o puede haber en España todos los fascistas que se quiera Pero un régimen fascista no lo habrá. Si triunfara un movimiento de fuerza contra la República, recaeríamos en una dictadura militar y eclesiástica de tipo tradicional. Por muchas consignas que se traduzcan y muchos motes que se pongan. Sables, casullas, desfiles militares y homenajes a la Virgen del Pilar. Por este lado, el país no da otra cosa. Ya lo están viendo… 

Cándido Marquesán Millán

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