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El principal componente de la democracia ya no es el votante, sino el acreedor de deuda pública

   /  24/04/2016  /  Comentar

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Como afirma el economista alemán Wolfgang Streeck, muchos ciudadanos piensan ahora que el principal componente de la democracia ya no es el votante, sino el acreedor de deuda pública. La deuda pública es la que marca la agenda política. El voto del ciudadano es irrelevante. Quiero recurrir a autores de solvencia para corroborar esta idea.

Maurizzio Lazzarato en La fábrica del hombre endeudado señala que la lucha de clases se manifiesta y se concentra hoy en torno a la deuda. La relación acreedor-deudor, que define la relación de poder específica de las finanzas, intensifica los mecanismos de explotación y dominación de manera transversal, ya que no existe distinción alguna entre trabajadores y desempleados, consumidores y productores, activos e inactivos. Todos somos “deudores”, culpables y responsables frente al capital, que aparece como el Gran Acreedor, el Acreedor Universal. Una de las principales cuestiones políticas del neoliberalismo sigue siendo, como muestra inequívocamente la “crisis” actual, la propiedad, puesto que la relación acreedor-deudor expresa una correlación de fuerzas entre propietarios (del capital) y no propietarios (del capital). A través de la deuda pública, la sociedad entera está endeudada, lo cual no impide, sino que agrava todavía más las “desigualdades”, es decir, las “diferencias de clase”. Por ello, la deuda actúa como mecanismo de “captura”, “depredación” y  “extracción” con respecto a la sociedad en su conjunto, como un instrumento de mandato y gestión macroeconómicos y como mecanismo de redistribución de la renta. El neoliberalismo, desde su aparición, ha descansado sobre la lógica de la deuda y ahora más todavía. Los grupos de poder vinculados a la economía de la deuda se han servido y siguen de la reciente crisis financiera para extender y profundizar en la política neoliberal. Amenazando con una visión apocalíptica del impago de la deuda soberana, los grupos de poder perseveran y profundizan en un programa con el que llevan soñando desde los años setenta del siglo XX: reducir salarios y pensiones al mínimo imprescindible, eliminar derechos socio-laborales y recortar  el Estado de bienestar para negocio de empresas privadas.

Según Nuccio Ordine en su libro La utilidad de lo inútil,  las oscilaciones de la  prima de riesgo puedan justificar la sistemática destrucción de cuanto  se considera inútil por medio del rodillo de la inflexibilidad  y el recorte lineal del gasto. Hoy en día Europa se asemeja a  un teatro en cuyo escenario se exhiben cotidianamente sobre todo acreedores y deudores. No hay reunión política o cumbre de las altas finanzas en la que la obsesión por los presupuestos no constituya el único punto del orden del día.  En un remolino que gira sobre sí mismo, las legítimas preocupaciones por la restitución de la deuda son exasperadas hasta el punto de producir efectos diametralmente opuestos  a los deseados.

Es factible, de no mediar algún cataclismo cósmico, que el 26 de junio acudamos otra vez a las urnas los españoles. Podemos votar a quien nos parezca oportuno, pero el próximo gobierno, sea el que sea, tendrá que llevar a cabo unos duros ajustes, como consecuencia del incumplimiento del déficit público en 2015. Por cierto, el gobierno de Rajoy nos ocultó estos datos antes de las elecciones del 20-D.

Según Eliseo Oliveras la Comisión Europea (CE), nos exige nuevos recortes en el gasto público para reducir de “forma permanente” el déficit, después de que se situara en el 2015 en el 5,1% del PIB y 9.500 millones por encima del objetivo del 4,2%. Lo que no dice la CE es que es fruto de las políticas avaladas e impuestas por ella misma. La CE no desautorizó la reforma fiscal del Gobierno del PP en año electoral, que agravó el déficit y benefició a las personas con mayores ingresos y a las grandes empresas. El Gobierno estimó el coste de la reforma en 6.900 millones en el plan de estabilidad transmitido a la Unión Europea (UE), aunque el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo cifró en 9.000 millones. Además nuestro ínclito Montoro nos advierte que el déficit se ha debido en parte al tratamiento de los enfermos de Hepatitis C-¡Qué desvergüenza!- y al déficit de la Seguridad Social. ¡Vaya descubrimiento! ¿Cómo no se iba a producir? Aunque nos han bombardeado en año electoral, con no sé cuántos millones de puestos de trabajo nuevos, como los sueldos de la gran mayoría son tercermundistas, las cotizaciones a la Seguridad Social son paupérrimas. Esto cualquiera lo podía intuir.  Ese descenso de las cotizaciones por esos trabajos precarios se debe  a las reformas laborales exigidas también por la Comisión Europea. El déficit de la SS alcanzó en el 2015 la cifra récord de 16.700 millones, pese a que el número de trabajadores cotizantes subió en más de 500.000.

Ambos factores, la reforma fiscal y el déficit de la SS sumados a la elevada evasión fiscal existente en España, explican que la recaudación total solo ascienda al 38,2% del PIB, el porcentaje más bajo entre los principales países de la eurozona. En Alemania, la recaudación equivalió al 44,6% del PIB; en Francia, al 53,2%; en Italia, al 47,9%; y en Holanda, al 43%. Si España recaudara en la misma proporción del PIB que Alemania, no habría habido déficit público en el 2015, sino un superávit de 14.600 millones.

Ni la CE ni el gobierno de Rajoy intentan cuadrar las cuentas públicas por el incremento de los ingresos, que podría hacerse. Persiguiendo la evasión y la elusión fiscal, especialmente de las grandes empresas. ¿Cómo van  a tomar tales medidas? Hoy, Luxemburgo es una colonia de la industria financiera, en el centro de la evasión fiscal e imposibilita la lucha desde hace decenios contra esta plaga. Es un Paraíso Fiscal. Si se ha convertido en una de las primeras plazas mundiales en las finanzas, ha sido comercializando su propia soberanía. A partir de los 1970, se lanzó a una empresa inédita: la venta a las multinacionales del derecho a decidir ellas mismas sus propias tasas de impuestos, sus reglamentos o leyes. Este comercio no tiene límites. Todo se vende o se compra. Así ha atraído fondos de inversión, holdings multinacionales, compañías fantasmas registradas en Paraíso Fiscales y bancos privados. El responsable de esta situación de Luxemburgo es Juncker. Que probablemente por esto ha llegado a presidir la Comisión Europea.

Concluyo. Las políticas de austeridad plenamente neoliberales, además de masacrar a amplios sectores de la sociedad, no sirven ni para salir de la crisis ni para reducir la deuda pública. Tenemos la prueba de Grecia y España. Y a pesar de ello insisten, aumentan la dosis de sufrimiento. Según Ordine, el fármaco de la dura austeridad, como han observado varios economistas, en vez de sanar al enfermo lo está debilitando aún más de manera inexorable. Sin preguntarse por qué razón las empresas y los estados han contraído tales deudas—¡el rigor, extrañamente, no hace mella en la rampante corrupción ni en las fabulosas retribuciones  de expolíticos, ejecutivos, banqueros y superconsejeros!—, los múltiples responsables de esta deriva recesiva no sienten turbación alguna por el hecho de que quienes paguen sean sobre todo la clase media y los más débiles, millones de inocentes seres humanos desposeídos de su dignidad. Luis Garicano, el responsable económico de Ciudadanos ha estimado en 200.000 millones de euros como consecuencia de la lacra de la corrupción.

Son unos auténticos desalmados. Y algún día lo pagarán por los efectos de estas políticas. Puede que ya se haya iniciado el pago de sus culpas. El Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago ha citado a declarar en calidad de investigados a dos altos cargos del Servizo Galego de Saúde (Sergas) por un supuesto delito de prevaricación administrativa en relación con el retraso del suministro de fármacos a pacientes afectados de hepatitis C, algunos de los cuales habrían fallecido sin recibirlos. La fiscalía gallega cree que se retrasó la administración por motivos económicos: la combinación de fármacos puede costar entre trece mil y cuarenta mil euros por paciente. Ha muerto gente por no haber asignación presupuestaria.  Por ello, no resulta descabellado a los responsables de esta situación, que se les pueda acusar en un futuro del delito de “crímenes económicos contra la humanidad”.  Y se podría aplicar porque están incumpliendo el ordenamiento constitucional. A tal efecto, les recuerdo el contenido del artículo 43 de nuestra Carta Magna: 1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.

Cándido Marquesán Millán

 

 

 

 

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